La voz de la partera independiente Belén Weber denota cansancio, pero es la primera vez que puede poner en palabras una pesadilla que la tiene atrapada desde 2014, cuando asistía un parto domiciliario en San Luis que ante la falta de progreso obligó al traslado de la mujer a la clínica Cerhu, donde Belén recomendó la práctica urgente de una cesárea. Pese a la advertencia, los médicos impusieron un parto vaginal violento, y ejecutaron la maniobra de Kristeller, proscripta y desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio de Salud de la Nación (2003), que culminó en la muerte de la bebé y la práctica de una histerectomía a L., la madre. Sin embargo la Justicia los desvinculó de la causa y Belén pasó de ser testigo ocular a única imputada de homicidio culposo y lesiones, incluso cuando la autopsia confirmó las causas del fallecimiento y el testimonio de la víctima describiría que los principales responsables de lo ocurrido son los profesionales de la clínica. “En ese momento no quise iniciar una demanda por violencia obstétrica por respeto al horror que habían vivido L. y su familia, pero nunca imaginé que cuatro años después la persecución y la judicialización recaerían sobre mí. Estuve presa durante quince días, me detuvieron en Buenos Aires y me trasladaron a diferentes comisarías de San Luis, donde sufrí tratos inhumanos y degradantes. Pusieron en riesgo mi salud psíquica y física por hacer un uso responsable de mis derechos y por ejercer mi rol de partera universitaria independiente.”

Su abogado, José Olguín, aseguró que los médicos sometieron a L. a una cantidad de prácticas obsoletas, peligrosas y lesivas, que realizaron la cesárea cuando ya era demasiado tarde y la derivaron a la maternidad pública Teresita Baigorria porque no tenía obra social. La bebé murió siete horas después del nacimiento, días después a la madre se le practicó una histerectomía por una infección avanzada y las autoridades del Baigorria realizaron la denuncia que hizo de la partera un chivo expiatorio y expuso a la mujer como una criminal irresponsable por no institucionalizar el parto desde un principio. “Es una situación que se vincula fuertemente con el debate por el aborto legal, seguro y gratuito porque lo que se pone en juego es el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Una vez más se las desoye y se les niega sus derechos, en este caso a parir de manera natural, un sistema médico y judicial hegemónico basado en el desconocimiento, la industria y el oscurantismo que terminan criminalizando a las propias mujeres.”

Olguín apeló hoy ante la Cámara lo dispuesto por el juez de la causa, Sebastián Cadelago, por los defectos arbitrariedad en la valoración de las pruebas y en la argumentación. Según el abogado “hubo una clara y evidente violencia de género expresada en la valoración de la causa al desconocer el testimonio de la damnificada”, que entre otras cosas dijo que en la sala de partos de la clínica se le ´subieron cuatro veces a la panza´, lo que le habría causado las lesiones en el útero y en la cabeza de la beba, comprobadas en la autopsia, y que terminarían por matarla”. Confía en la absolución de Belén y la anulación de la causa, lo alarma el prejuicio que inunda el caso, la negligencia del juez al no sopesar debidamente el informe del forense que hizo la autopsia, y la enorme falta de perspectiva de género que arrastra la Justicia provincial representada en Cadelago. “La mirada estereotipada del juez y su desconocimiento profundo sobre la actividad de las parteras universitarias se mantiene en el tiempo. Perjudicó a Belén y posibilitó liberar de culpa y cargo a los médicos que intervinieron el parto ese día, Armando Ríos y Ema Rosa Víttori.” De hecho Ríos, que había derivado a la mujer al hospital público por carecer de obra social, siguió visitándola para “hablar con ella y seguir al tanto de su estado de salud”. ¿Qué hacía Ríos allí -se pregunta Olguín-, el mismo médico que ensayó las peores maniobras sobre el cuerpo de esa mujer y prácticamente la expulsó de la clínica porque no acreditaba obra social?

La emboscada    

Una veintena de organizaciones  reclaman por la absolución de Belén, entre las que se encuentran la Red Latinoamericana y del Caribe para la humanización del parto y el nacimiento, el Observatorio de Violencia Obstétrica, Las Casildas, la Asociación Argentina de Parteras Independientes y Dando a Luz. El 15 de mayo próximo, en el marco de la Semana del Parto Respetado, referentes de partería, feministas, médicxs y abogadxs darán una conferencia de prensa para exigir que le retiren los cargos y pueda reconstruir su vida.

La licenciada obstétrica y activista feminista Marina Lembo, una de las principales organizadoras de la conferencia, sostuvo que hace años se está produciendo una judicialización sistemática de parteras y mujeres que deciden parir en sus casas. Aquellas que deben trasladarse por complicaciones a algún centro de salud sufren presiones del personal médico, son encerradas en habitaciones y privadas en forma ilegítima de su libertad y suelen amenazarlas con la quita de la tenencia de sus bebés. “No ven a parteras garantizando derechos de mujeres empoderadas sino a instigadoras de prácticas extrañas y a locas herejes. El médico acaba por tener un poder de fuerza armada con aval judicial. Lamentablemente no conseguimos una ley de ejercicio profesional autónomo, y nos castigan con legislación obsoleta. Quieren lograr que el parto en domicilio entre en un período oscuro. Que las parteras transgresoras y las mujeres no sean libres y autónomas.”

Desde el 2014 Belén no volvió a tener noticias de aquella familia ni recibió citaciones judiciales para volver a la provincia hasta la mañana del 4 abril de este año, cuando un patrullero apostado en la esquina de su casa, en Boedo, los interceptó a ella y a su marido, que estaban con su hijo de dos años.  “Los policías nos pidieron documentos con el argumento de un control y uno de ellos me dijo que yo tenía una causa en San Luis y un pedido de captura del Juzgado N° 1 por no presentarme a declaratoria. Me detuvieron de inmediato para pedir una comisión de traslado de la provincia y me comunicaron que después de declarar quedaba en libertad. Mi hijito lloraba porque se llevaban a su mamá, nosotros no entendíamos lo que sucedía. Fue una embestida.” 

Creés que se trató de una emboscada.  

-¡Es que lo fue! Me tuvieron cinco días detenida en la alcaldía de Saavedra, me impidieron estar con mi familia y a mi hijo lo veía unos minutos tras las rejas, hasta que el lunes 9 llegó una comisión de San Luis con cuatro policías que me trasladaron a la comisaría 4ª de la provincia. Llegamos a las 3 de la madrugada del martes para declarar ante el juez a las 8 de la mañana.

¿Qué ocurrió cuando llegaron a la comisaría?

-Hicieron salir de un calabozo a dos perros y dos gatos, me metieron ahí y me ordenaron acostarme, señalándome en el piso una frazada sucia con pis y excremento de los animales y de otros presos que habían estado antes. Lloraba, les decía que no iba a permanecer allí. Respondieron que si seguía gritando iban a ponerme las esposas y a dejarme atada a la reja con hambre y frío. Al otro día se presentó mi abogado y me contó que la detención era excusa para encarcelarme porque me consideraban culpable de la causa y querían darme prisión preventiva. Pidió prórroga para recabar todas las pruebas antes de mi declaración, lo que implicaba 48 horas más de detención, pero solicitó que me trasladaran a la comisaría 1ª. Era más limpia, pero sólo me daban permiso para ir al baño tres veces al día. 

De los informes surge que en Buenos Aires sufriste una gastritis severa.

-Sí, venía con un proceso de malestar intestinal agudo. Mientras estuve detenida en Buenos Aires me internaron en el Hospital Pirovano para que me rehidrataran por los vómitos y diarreas. Pero en la 1ª orinaba y defecaba en bolsitas en el calabozo. Me liberaron el 18 de abril pero abandoné la provincia al día siguiente porque tuve que rastrear mi documento de identidad hasta que me lo devolvieran.

El abogado dice que la causa se desnaturalizó cuando el juez sospechó que te habías fugado. 

-Nunca recibí una notificación de llamada a indagatoria en libertad para estar presente en las pericias y ser parte en esta causa. En cambio hubo violencia institucional durante todo el período de detención. Me anularon como persona, fui un objeto sin derecho a nada. Es lo peor que me pudo pasar. Vi cómo maltrataban a otros. Si los hombres reclamaban comida o abrigo se metían dos o tres policías en la celda y les pegaban, a las mujeres las amenazaban. La única vez que les pedí un té a las 8 de la mañana, entraron dos policías mujeres y un varón a gritarme y a empujarme. Me dijeron que me quedara callada y quieta porque si no me trasladaban. Estaba aterrorizada, pero les dije que no se les ocurriera tocarme ni pegarme. Me insultaron y por fin se fueron.       

¿Por qué te contactaron en 2014 para acompañar ese parto? 

-Por recomendación de otra partera independiente. La familia se comunicó conmigo para planificar el parto, que estaba avanzado, en la semana 35. Viajé y coordinamos la atención a domicilio, era un lugar alejado de la ciudad, pero como no tenía posibilidad de controlar directamente la evolución del embarazo, les recomendé que lo hicieran con un médico que ellos eligieran. Hacia el final del embarazo L. rompió bolsa pero no quiso ir a una institución. Viajé a San Luis, llegué a las 11 de la noche de ese día, controlamos que los latidos fueran positivos y volví a recomendarle el traslado a un hospital, pero ella no quería que la internaran y le aceleraran el proceso de parto. No permitió que la tactara hasta la mañana siguiente y seguimos trabajando de manera saludable, pero no podíamos continuar mucho más en esa situación. Cuando la convencí de trasladarnos a la clínica Cehru, elegida por ella, para que le practicaran una cesárea, estaba en buen estado y los signos vitales de la beba eran positivos.  

¿Qué sucedió en la clínica? 

-Tuvimos que esperar dos horas porque no había médico ni partera de guardia. Cuando llegó el médico le relaté todo el trabajo realizado en el domicilio de la mujer y que la bebé no descendía, por lo que era necesario que le hicieran una cesárea. Se negaron y decidieron insistir con el parto vaginal. Acompañé a L. en todo momento, fui testigo de cada una de las intervenciones que le hicieron.  El médico la subió a una camilla tradicional de parto, le ataron las piernas y le colocaron diez unidades de oxitocina cuando lo que debe inyectarse son 2,5 unidades. Era una cantidad nociva para un útero que venía trabajando cansado y en tiempo prolongado. El médico intentó meter un fórceps y no pudo, la mujer gritaba desesperada, pedía por favor que la ayudáramos, yo le suplicaba que respirara para llevarle oxígeno a la bebé. Y empezaron a hacerle las maniobras de Kristeller. 

¿Quién ordenó realizarlas?

-El médico. Le dijo a la partera, una mujer de contextura grande, ´hacé un empujoncito a ver si baja un poco´. Se subió varias veces a la panza de L. con el antebrazo y todo su cuerpo. Finalmente le practicaron la cesárea, la bebé nació con su vitalidad casi en cero. Le hicieron reanimación cardiaca y la mantuvieron viva con respirador, pero falleció a las siete horas. Ríos dijo que la criatura falleció por asfixia y por sepsis en el útero, cuando el médico forense que realizó la autopsia informó que la causa de muerte fueron las grandes lesiones en la cavidad craneana. Y eso solo puede ser producto de un  impacto muy fuerte en la cabeza, como la maniobra de Kristeller.

¿Por qué ordenaron trasladar a la mujer a la maternidad Baigorria? 

-Debía permanecer internada pero no tenía obra social ni podía pagar su estadía y atención en un centro privado. Ahí comienzan a falsear la realidad: la  historia clínica que presentó Cerhu en la maternidad describe que la mujer llegó con trabajo de parto avanzado, que la ingresaron inmediatamente a cesárea, que la bebé tenía sepsis y esa fue la causa del fallecimiento. En la maternidad elevaron una denuncia y me incriminaron, aun cuando siempre  estuvo claro que las lesiones irreversibles de la madre y el fallecimiento de su hija se debieron a un combo de mala praxis. 

¿Fue el principio de esa cadena de detenciones arbitrarias?

-Sí. Cuando fui a visitar a L. a la maternidad, habían policías custodiando su habitación. Me indagaron y me llevaron detenida y esposada por averiguación de antecedentes, y pasé toda la noche en la comisaría 7ª, en uno de esos calabozos que ya se me pegaron en la piel. Una de las policías me preguntó qué tenía que ver yo con el tráfico de bebés, porque ella sabía que las mujeres tienen los hijos en las casas y después los venden. Traté de explicarles y nadie me escuchaba. Fui al juzgado a declarar, me dejaron en libertad y antes de irme me dijeron que volverían a llamarme para estar “al servicio” de lo que se precisara para la causa. Fue durísimo, pero volví a Buenos Aires y traté de seguir como pude con mi vida. En 2015 nació mi hijo y hasta que me detuvieron el 4 de abril último nunca volví a tener noticias. Tengo miedo, nunca hablé con nadie, pero más allá de lo que pueda suceder, voy a seguir peleando no sólo por mí, por la violencia institucional que padecí y porque defiendo el parto y nacimiento planificado en domicilio como una opción que garantiza salud y respeto por los cuerpos y las decisiones personales, sino porque le destruyeron la vida a una mujer y su beba fallecida por la brutalidad de esas maniobras que nunca deberían haberse realizado.