Los abogados que presentaron las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de las comunidades mapuches de la Patagonia, y por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado denunciaron una persecución “mediática y judicial”, a partir de la difusión de que habrían sido sancionados disciplinariamente. “Es una ataque difamatorio con el fin de deslegitimar nuestro rol como defensores de derechos humanos en cuatro casos abiertos ante la CIDH: el referido a las represiones en la Pu Lof en Resistencia, la muerte de Rafael Nahuel y la comunidad de Lof Lafken Winkul Mapu, la represión del 18 de diciembre contra manifestantes que protestaban por la reforma previsional y la medida cautelar por Santiago Maldonado, que si bien se levantó, la CIDH hizo recomendaciones que el Estado no está cumpliendo”, explicaron Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana. “Se nos intima por una ley que nunca fue aplicada por descabellada y vetusta, abiertamente inconstitucional, que penaliza a quien propicie sanciones económicas o políticas ante organismos internacionales contra el Estado argentino”, indicaron a PáginaI12.

La decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia no está firme porque los damnificados aún tienen abierta la apelación ante Casación, pero en caso de perder deberían abonar 25 mil pesos cada uno “por falta de decoro y entorpecimiento de la justicia” hacia el personal del juzgado de Guido Otranto.

El episodio por el que pretenden sancionarlos tiene ribetes bizarros. Sucedió el 26 de febrero, cuando los letrados se presentaron en el juzgado federal de Esquel para ponerse a disposición por una denuncia en su contra presentada por el Ministerio de Seguridad por delitos graves como asociación ilícita, usurpación de títulos y honores, falso testimonio y hasta traición a la patria. Llegaron poco después de las 13, cuando el juzgado recién había cerrado, y los policías de custodia les impidieron el paso. Los abogados entonces exigieron hablar con un secretario letrado, invocando que habían viajado más de 2 mil kilómetros para estar a derecho. “Esta denuncia la armó el juez Otranto obligando a la empleada a firmar que hubo violencia de género cuando tal situación no existió, de hecho gracias a ella finalmente pudimos dejar el escrito”, aclaró Cabaleiro a este diario. Los abogados terminaron firmando el documento apoyados en la puerta del juzgado, ya que ni siquiera pudieron llegar a la mesa de entradas. “El argumento del empleado judicial fue ‘desde que tenemos problemas con los mapuches aquí fuera de horario no entra nadie’, sonriendo de manera socarrona al formular semejante opinión racista y discriminatoria”, recordaron. “Y dónde querés que firme el escrito, ¿en el techo de un auto?”, le preguntó Quintana. “Donde vos quieras pero adentro no pasa nadie”, respondió el prosecretario. “Nunca hubo insultos, ni agravios a persona alguna, sólo un intercambio con vehemencia por ambas partes”, agregaron Cabaleiro y Quintana.

“No existe sanción disciplinaria firme, pero además negamos que la autoridad judicial competente para sancionarnos sea la del juez antimapuche Guido Otranto, con quien evidenciamos una enemistad manifiesta a causa de la sustanciación del caso Santiago Andrés Maldonado, s/desaparición forzada de persona, ante la CIDH, en donde fue denunciado por su deficiente actuación en la causa, en la que posteriormente fue recusado por los querellantes y desplazado de su competencia por la Cámara Federal de Apelaciones de Rawson”, explicaron. A criterio de los letrados, en el marco de esa enemistad manifiesta “Otranto propició el armado de una causa disciplinaria con testimonios absolutamente falsos, tendenciosos y parciales tomados del propio personal del juzgado”.

En diálogo con PáginaI12, insistieron en que su situación se da en el marco en el cual “se estigmatiza de manera pública y constante a los testigos directos de la desaparición seguida de muerte de Maldonado; mediante una exposición desmedida y descuidada, con el claro propósito de atacar la fuerza convictiva de sus testimonios y en consecuencia a sus personas”.