El bloque de diputados del FPV-PJ solicitó al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, que “arbitre los medios” para que el presidente Mauricio Macri convoque a sesiones extraordinarias para que se trate el proyecto de ley de auditoría de todas las obras públicas adjudicadas entre 2003 y 2016. La insistencia del bloque es la respuesta al procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita en una causa que investiga la obra pública en Santa Cruz. 

La iniciativa, presentada en octubre por el diputado Adrián Grana, propone la creación de una “Comisión bicameral permanente de auditoría y seguimiento de la obra pública ejecutada con fondos del Estado Nacional”. En la nota a Monzó los legisladores le reclamaron que si no hay convocatoria a extraordinarias se dé “pronto tratamiento” al expediente cuando comiencen en marzo las sesiones ordinarias de 2017.

“La información errónea, tergiversada, dirigida y malintencionada que circula en distintos medios de comunicación con respecto a la obra pública ejecutada en los últimos años es con el único objetivo de deslegitimar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en lugar de realizar una investigación seria”, afirmaron desde el bloque del FPV-PJ.

Al presentar el proyecto, el diputado Grana adjuntó un detallado informe sobre la obra pública de la gestión kirchnerista. Entre otros datos, citó que la inversión en el rubro trepó a 107.825 millones de dólares, mientras que en los doce años anteriores solo había contabilizado 18.711 millones de la misma moneda. También detalló la participación de las empresas en las obras, que en 2003 fueron 12 mil y se duplicaron para 2015.

El informe incluyó un gráfico con las empresas que mayor participación tuvieron en la obras públicas, por monto de las mismas: allí aparecen en el podio Techint, de Paolo Rocca, que realizó trabajos por un total de 16.420 millones de pesos, un 4,9 por ciento de lo invertido directamente por el Estado; Electroingeniería con 15.494 millones (4,61); y muy cerca, Iecsa, de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, con 14.050 millones (4,18). Mientras que recién en el puesto 38º aparece Austral Construcciones, del encarcelado Lázaro Báez, con 1019 millones (0,30 por ciento).

El reclamo de una auditoría completa fue realizado por la propia Cristina Kirchner en varias oportunidades. "No es que no queremos que se investigue. Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública", dijo en reiteradas ocasiones.

En noviembre CFK presentó ese pedido ante el juez federal Julián Ercolini, que esta semana decidió procesarla por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta por la adjudicación de obra pública. El procesamiento se basa solo en una auditoría realizada en la provincia de Santa Cruz.