Ya en vuelo hacia el sudeste asiático, en una misión comercial que integra junto a Juan Schiaretti de Córdoba y Gustavo Bordet de Entre Ríos; el gobernador Miguel Lifschitz se encargó de dejar "viva" y palpitante la posibilidad de la reforma constitucional. "Ya tiene despacho de la primera comisión", trató de parecer entusiasmado cuando en realidad faltan otras cuatro y el Mundial ‑que todo lo frena‑ está encima. Da la impresión de que la trama de entretenimiento que le plantean a Lifschitz los legisladores, en especial los peronistas, es trasladada a toda la sociedad por el propio mandatario provincial para dejar latente la posibilidad de que él mismo tenga alguna injerencia sobre el 2019 que también está a la vuelta de la esquina.
Es cierto que la provincia de Santa Fe junto a la de Mendoza son las únicas que no tienen reelección para el gobernador. Pero no son pocos los especialistas que sostienen que esto, lejos de ser un aspecto negativo, es en realidad un gran motor para la renovación política. "Cualquier gabinete a los cuatro años tiene un desgaste y una falta de entusiasmo que es difícil de modificar. Se pierde la capacidad de generar nuevas ideas y proyectos, se pierde iniciativa", sostiene un experimentado político santafesino que tuvo muchos años de gestión.
Los postulados actuales de Lifschitz no fueron sostenidos ni por él ni por su partido, hace un tiempo atrás. De hecho el PS votó en contra de reformar la Carta Magna provincial durante los gobiernos peronistas. Y pretendió que la autonomía municipal para Rosario y Santa Fe saliera por ley. Ahora sostiene que sería imperioso modificar la Constitución provincial para incluir tal status para las dos ciudades más grandes.
Pero no es el único viraje de Lifschitz. Como senador había votado en contra de que la provincia adhiera a la ley de narcomenudeo que autoriza a la policía santafesina y a los fiscales a intervenir en casos de narcotráfico. Ahora, como gobernador, alienta con ganas la demagogia punitiva que impulsó desde siempre en el Senado el legislador Lisandro Enrico, conocido lobbista de la Policía provincial aunque sostenga que su único interés es "la seguridad de los santafesinos".
Ahora el tema se renueva con el proyecto del PRO respaldado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que regresó de manera contundente al ya fracasado paradigma de la "guerra" contra el narcotráfico. Hay que recordar en este punto que el gobierno nacional sigue con la idea de habilitar a las fuerzas armadas para que intervengan en la lucha contra el narcotráfico. Un asunto hoy vedado por la ley y que ha tenido consecuencias catastróficas en otros países.
En Santa Fe, fue el diputado Federico Angelini el que presentó la iniciativa sobre el narcomenudeo impulsado por el Ejecutivo nacional, y cree en una fuerza especial que se pueda constituir al margen de la corrupción policial.
La Justicia santafesina ha sido muy clara. Sostiene que con esta ley se llenarían las cárceles de pobres (los dealers y pequeños proveedores) y volverían a quedar a salvo las grandes bandas del narcotráfico. Por otra parte, la Justicia federal que tiene legítima competencia exclusiva sobre el tema, cada vez que ha investigado detectó a algún ex jefe o actual policía santafesino como integrante y hasta responsable de grandes sociedades delictivas encargadas de traer la droga a este territorio.
Es mucho más fácil proponer una ley que perseguirá a los más chicos y no solucionará en nada la desigual pelea contra la droga; que aceptar que el narcotráfico explica en gran parte su desarrollo aquí por la extendida connivencia policial con el delito. Se trata de exponer que es un problema de leyes para no aceptar el fracaso político de no haber podido concebir una fuerza policial honesta y eficaz para oponerle al delito complejo.
Es paradigmático que recién ahora autoridades y fiscales estén preguntándose de dónde provienen las armas que matan a casi una persona por día en el Gran Rosario, teniendo en cuenta las estadísticas de este sangriento 2018. Cualquier vecino supondría que armas y drogas hacen el mismo camino hacia Santa Fe. Pero en lugar de eso se plantea un plan nacional de desarme que consiste en que algunos abuelos entreguen sus viejas escopetas a cambio de unos pesos. No está mal, pero no hay que engañar a la población planteando que de esta manera se desarma a la sociedad. La sociedad no tiene armas 9 mm; es más, no hay ni una sola pistola de ese calibre ‑que en el mercado negro se vende a casi 20 mil pesos‑ que se haya entregado en algún centro de canje.
Obras y seguridad. Esos fueron los dos ejes que Lifschitz se trazó como directrices apenas asumió su gestión. La primera será un legado importante para Santa Fe ya que hoy se están haciendo obras y viviendas como nunca se habían hecho. Kilómetros de rutas nuevas muestran un panorama distinto en toda la geografía provincial. La seguridad es un tema en el que los "éxitos" no se pueden mostrar. No lo entiende así el ministro del área Maximiliano Pullaro que se empeña en hablar todos los días de supuestos logros. Por ejemplo el último: "En 20 días hemos bajado la violencia en Rosario". Es cierto, cesó por un tiempo la inexplicable matanza diaria a la que se asistió en los primeros meses del año. En todo caso sería un "logro" para "celebrar" en silencio.
Así como quedarán las rutas y las viviendas para el próximo mandato, también quedará pero irresuelto el tema de la seguridad. En estos últimos 12 años se pasó del autogobierno policial, a una ambiciosa pero también fracasada reforma policial y ahora a una vuelta a una conducción de la fuerza que se basa en hacer lo posible con lo que se tiene. A todo esto, el presupuesto para seguridad en la provincia es por lejos el que más creció, de manera exponencial.
Como dijo el diputado Carlos Del Frade, autoridades provinciales saludan como "si fuera una nueva era de paz y amor" la llegada de 300 gendarmes a la ciudad. Cuando en realidad se pierde de vista que es la misma Gendarmería que tiene la función de cuidar nuestras fronteras "por donde el año pasado ingresaron 8 toneladas más de cocaína que e 2016", según reveló el legislador provincial.
