El bloque de diputados del FpV-PJ presentó ayer un proyecto de ley para modificar la regulación de actividad farmacéutica de manera de limitar la expansión de las cadenas –a las que denominaron “farmashopping”– como ya sucede en la provincia de Buenos Aires. “Es fundamental que prevalezca el derecho de salud por sobre el lucro. No podemos dejar que por los intereses económicos de las grandes empresas, sobre todo a instancia de Mario Quintana, ex CEO de Farmacity y actual vicejefe de gabinete nacional, se ejerza presión desde su cargo en el gobierno para la instalación del modelo de farmashopping en nuestra provincia”, sostuvo la diputada marplatense Fernanda Raverta, una de las promotoras del proyecto.

El bloque que encabeza Agustín Rossi, sumado a otros legisladores de distintos bloques opositores, realizó la presentación de la iniciativa en el salón Delia Parodi de la Cámara baja. El proyecto propone modificar la ley 17.565 que establece quiénes son los que podrán instalar farmacias de manera que sean sólo los farmacéuticos o sociedades de responsabilidad limitada (SRL) que estén integradas total o parcialmente por farmacéuticos, siempre y cuando el profesional sostenga la dirección técnica y la gerencia del establecimiento. También podrán instalar farmacias las mutuales y obras sociales para la atención de sus afiliados, también los establecimientos hospitalarios. Cualquier otra forma comercial, como las sociedades anónimas, tendrán prohibido abrir farmacias en todo el territorio nacional.

Una de las criticadas en la presentación fue la titular de la OA, Laura Alonso, quien aseguró que no había conflicto de intereses en el caso de Mario Quintana. “Es sabido que Quintana es fundador y accionista de la empresa Farmacity, por lo que presenta un conflicto de intereses por su función pública y la influencia que pueda ejercer como funcionario”, agregó la diputada Raverta. También añadió el caso del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, quien tuvo a la empresa como cliente de su estudio.