El 15 de junio de 1918 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba tomaron el rectorado como protesta por la elección del rector representante de los sectores católicos y conservadores, y declararon la segunda huelga estudiantil de ese año. Mañana se cumplen 100 años de aquel hecho histórico que desató una serie de reformas en las universidades argentinas, democratizaron su funcionamiento y las pusieron más a tono con los cambios que se estaban desarrollando en esos días: autonomía universitaria, cogobierno, libertad de cátedra y concursos para conformar los planteles docentes como forma de garantizar la calidad educativa y conseguir una universidad más científica. “Los reclamos dispararon cosas nuevas en sociabilidad porque entre los estudiantes ya no prima que los Estados deben ser elitistas, oligárquicos, con minorías encargadas de dirigir el país, sino que hay un impulso democratizador”, dice a PáginaI12 Natalia Bustelo, autora de Todo lo que necesitás saber sobre la Reforma Universitaria (Biblos).

El libro busca dar cuenta del marco en el cual los reformistas cordobeses llevaron adelante acciones que transformaron el funcionamiento del sistema universitario en casi todo el subcontinente: rodea los hechos del ’18 dando cuenta de sus orígenes, su contexto y las derivas que produjo en las décadas posteriores. “Para mí hay un acontecimiento en el ’18, pensar al estudiante con un compromiso político-cultural ligado a la democracia, que antes encontraba pequeños grupos pero no la masividad ni el intento de nacionalización”, explica. Ese espíritu se desplegó rápidamente por el país y también cruzó las fronteras: “A principios de 1919 hay estudiantes en Lima que se reconocen bajo el ‘Grito de Córdoba’. Arrancó algo que venía intentándose armar pero no lo lograba. Entonces hay una novedad político-cultural en la tradición de las universidades, y para mostrar eso tenía que empezar contando cómo estaba armado el sistema educativo argentino”, señala Bustelo.

–¿Cuál fue el saldo de esos procesos transformadores para el sistema educativo?

–El centenario que estamos conmemorando tiene dos dimensiones. Están los reclamos estudiantiles gremiales, de universidades más democráticas con profesores más formados, elegidos a partir de criterios científicos y no por camarillas de amigos, y eso lo podemos empezar a encontrar en 1908 en los congresos de estudiantes americanos. Ahí se va definiendo la agenda gremial. El “Grito de Córdoba” retoma esos reclamos, pero le agrega el unir los reclamos gremiales con una dimensión política y cultural que está ligada a la democracia. Los estudiantes reformistas se identifican con sociedades más justas, y para algunos esa justicia está ligada al socialismo, para otros al anarquismo, para otros al yrigoyenismo. Estamos analizando los reclamos gremiales y además la construcción de un sujeto político-cultural que dejan de ser parte de una elite político-económica y se identifica con procesos emancipatorios. Eso es lo nuevo de la Reforma, eso no estaba antes: las demandas gremiales más las demandas políticas ligadas a procesos democráticos. 

–En el libro menciona algunos hitos de mujeres en la vida universitaria, pero sin embargo no aparecen representadas en el proceso cordobés. ¿Qué papel tuvieron las mujeres en la reforma? 

–Me interesaba mostrar que esos dos movimientos estaban en paralelo porque ya que existían, era posible que los reformistas tomaran el reclamo de las mujeres por el acceso a la educación, pero no aparece en manifiestos ni proclamas. No aparece una demanda explícita de los reformistas que incorporen a su programa que las mujeres puedan ingresar a la universidad. Sin embargo, lo que encontré son momentos en los que los reformistas se asumen a favor del sufragio femenino, por ejemplo. El gran problema que tienen los reformistas es que las mujeres, cuando salen a las calles, en su mayoría salen a defender el nacionalismo católico. La sociabilidad más entusiasta de la época no era el feminismo igualitario sino el nacionalismo jerarquizante. Existen vínculos, hay que afinar la mirada. Pero todavía falta mucho: la reforma se tiene que actualizar desde esta agenda de igualdad de las mujeres. Sigue habiendo un techo invisible.

Esta semana se llevó a cabo una nueva edición de la CRES (Conferencia Regional de Educación Superior) en Córdoba, precedida por el crítico Encuentro Latinoamericano contra el Neoliberalismo y en defensa de la Universidad Democrática y Popular, organizado por distintos gremios de la educación superior. En el encuentro anterior, en Cartagena de Indias en 2008, se declaró a la educación superior como un derecho, con lo que la responsabilidad de garantizarlo le corresponde a los distintos Estados nacionales. “El avance del neoliberalismo es el retroceso de universidades comprometidas con los problemas sociales. No es posible resolver los problemas de una sociedad si no es el Estado, y no los privados, el que defina esa agenda”, piensa Bustelo, y analiza que “la extensión universitaria no aparece en el encuentro de Cartagena, y reconstruir el vínculo de las universidades con sus sociedades permite que chicos que no pensaban ir a las universidades encuentren que es posible que lo hagan”.

–A los recortes para el sistema educativo se sumó en los últimos días una apuesta de pensar a la educación universitaria en términos de “eficiencia” para su financiamiento. Esto se agrega a las declaraciones de Macri durante la campaña presidencial y las de la gobernadora Vidal en un encuentro de Rotary Club. ¿Cómo puede afectar a la sociedad esta concepción elitista de la educación superior?

–Los Estados tienen que hacerse cargo de financiar la educación y el sistema científico. No me asusta que haya deserción. Tienen que elaborarse políticas para que se llegue a la graduación y hay que estar atentos a cómo resolverla, pero alguien que pasa aunque sea uno o dos años por la universidad se lleva contenidos simbólicos y culturales que no son para él solo sino para toda la sociedad. La cultura derrama, se mide cuantitativamente con la tasa de graduación, por ejemplo, pero también se mide cotidianamente, y no es lo mismo alguien que se sintió y se reconoció capaz de ingresar a una universidad pública y nacional, mezclado con gente de experiencias diversas y cursó materias porque, más allá de que no se lleve el título, amplía su propio horizonte y el de los suyos. 

–En la historia argentina hay hitos de ampliación de derechos para la educación universitaria: la Reforma del ’18, la gratuidad del ’49, el ingreso irrestricto del ’84 y la creación de las universidades del conurbano en los últimos años. ¿Cuáles le parece que pueden ser las enseñanzas de la reforma para generar políticas de inclusión?

–La demanda por la gratuidad de la educación la encontramos en julio de 1918. Ahí tenemos un antecedente importante, porque en los debates de la gratuidad lo que se discute es que la universidad la paga el pueblo a través de sus impuestos. La gratuidad tenía ese problema al comienzo de la reforma: los socialistas discutieron mucho si había que pedir la gratuidad, porque en un contexto de universidades elitistas implicaba que unos pocos, las elites político-económicas que vivían de heredar su dinero, encima no tenían que pagar sus estudios. Pero hoy el contexto es sumamente diferente, y la gratuidad de la educación es un derecho que comenzó en el ’18 y es de lo más actual. Los reformistas del ’18 muestran que los reclamos se realizan de modo colectivo, con procesos de discusión a partir de la circulación y debates de ideas. Los reclamos no pueden hacerse a partir de voces aisladas sino colectivas, de iniciativas culturales y políticas que no son siempre las mismas, o pueden ir cambiando para mantener su vigencia.