La Justicia finalmente convocó como imputado por delitos de lesa humanidad a Fabián Fernández Garello, fiscal general de Mar del Plata, denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria. Tras una dilación por cuestión de competencia entre dos magistradas, la jueza Alicia Vence fijó para el 9 de agosto la audiencia donde será indagado este integrante del Ministerio Público que supo revistar durante la dictadura en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba) de San Martín, donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial e infiltración en organismos de derechos humanos. “Desde la CPM esperamos que el llamado a indagatoria del fiscal general Fernández Garello aún en funciones sea un paso firme para lograr su condena por los delitos de lesa humanidad que cometió cuando prestaba funciones como agente de inteligencia de la dictadura”, dijo a PáginaI12 Sandra Raggio, directora general de la CPM.

“Es muy importante que así sea porque esta causa es un claro ejemplo que da cuenta de que los juicios de lesa no son cosa del pasado, en estos casos donde los imputados han logrado lugares de poder en las instituciones de nuestra democracia la Justicia debe demostrar su capacidad para eludir las presiones existentes que buscan seguir garantizando la impunidad, y en ese sentido una democracia verdadera no admite en sus instituciones a un Fernández Garello”, agregó Raggio.

El fiscal general de Mar del Plata está acusado de acciones concretas operativas de persecución, secuestro y torturas contra militantes del Partido Comunista, como parte de un grupo de tareas conformado por fuerzas conjuntas de la delegación Dippba de San Martín, el destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo y la Brigada de Caseros, lugar que funcionó como centro clandestino de detención. Las víctimas fueron secuestradas, luego sacadas de su cautiverio, introducidas en móviles policiales sin identificación y obligadas a señalar domicilios de compañeros de militancia. Esta práctica represiva sistemática era conocida como “lancheo”. Una de las víctimas señaló en su declaración que fue alojada en condiciones inhumanas y obligada a señalar domicilios bajo la amenaza de pisar su cabeza con un automóvil. 

Sobre la base de esta prueba documental, el año pasado la CPM presentó ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires el pedido de juicio político de Fabián Uriel Fernández Garello. Entre los firmantes se encontraban Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto y Nora Cortiñas, además de otros referentes del movimiento de derechos humanos. Sin embargo, a fines de diciembre, durante la audiencia preliminar, el jury archivó las actuaciones y el fiscal así evitó su enjuiciamiento y posible destitución. El 21 de ese mes, un día después de esa audiencia, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado –que tenía la causa donde se investigaba el secuestro y tortura de los tres militantes comunistas en julio 1981, hechos en los que participó el jefe de los fiscales marplatenses según las pruebas documentales del archivo de la ex Dippba, que el mismo Fernández Garello produjo– notificó a la CPM que postergaba su audiencia indagatoria y la de los otros cinco imputados, sin poner fecha alternativa. Arroyo Salgado intentó deslindar el caso en su colega Alicia Vence, quien rechazó la competencia de modo tal que el expediente fue a la Cámara de San Martín, donde revocaron la resolución de Vence y ordenaron investigar los “elementos que comprometen a los imputados”, incluyendo a Fernández Garello. Así, antes de la feria judicial de invierno, esta jueza llamó a indagatoria a los seis imputados. 

Uno de ellos es el ex coronel del Ejército Norberto Apa, ex jefe del destacamento de inteligencia 201 de Campo de Mayo, que se encuentra procesado por delitos de lesa humanidad en las causas de Ana María Martínez y en la referida a la denominada Contraofensiva; y goza de prisión domiciliaria. Investigadores consultados por este diario valoraron el llamado a indagatoria, pero estimaron que los vínculos políticos y judiciales del fiscal general de la ciudad balnearia pueden volver a otorgarle “protección política”.