Ayer se venció el plazo que un tribunal federal le había impuesto al gobierno de Estados Unidos para que reunificara a los 2531 chicos de inmigrantes ilegales que habían sido separados de sus familias. La dura política de separación, que se extiende también a los que se presentaron a pedir asilo, despertó muy duras críticas al gobierno de Donald Trump y varias causas judiciales. El gobierno anunció que había cumplido porque le devolvió 1820 chicos a sus padres y dio excusas diversas sobre algunos otros. La falta de datos sobre más de setecientos menores de edad confirmó los temores de muchas organizaciones sociales norteamericanas, que afirman que el gobierno simplemente no sabe dónde puso a todos los chicos.

El Departamento de Justicia indicó que esperaba que todos los niños “considerados elegibles para reunificación” que faltan fueran entregados a sus familiares en corto plazo. Esto quiebra el plazo de hasta el 26 de julio que el juez federal de California Dana Sabraw le impuso al gobierno. La excusa oficial es que hay más de setecientos menores que, por una razón u otra, son “no elegibles” para ser reunidos con sus familias. Los casos van de la falta de pruebas sobre el vínculo familiar a comprobar que los chicos tienen enfermedades contagiosas, o que los padres tienen antecedentes penales. 

Pero el gobierno no dio detalles precisos sobre cuántos chicos caen en qué categorías, excepto para decir que 431 padres ya fueron deportados del país. Tampoco se sabe cuántos chicos corresponderían a estos 431 adultos, que en varios casos aceptaron ser deportados sin protestar por la promesa de que les mandarían a sus hijos. Este panorama significa que el juez Sabraw “podría determinar que el gobierno está en desacato, lo que no necesariamente aceleraría el proceso de reunificación”, explicó Stephen W. Yale-Loehr, profesor de leyes migratorias de la universidad de Cornell. O  “podría creerle lo que dice sobre que está trabajando rápidamente y de buena fe para darle más tiempo”.

Las polémicas separaciones comenzaron en mayo, en el marco de la política de “tolerancia cero” de Trump, cuando los migrantes, la mayoría huyendo de la violencia de América Central, entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo. Eran detenidos y procesados en masa, mientras que los niños con los que venían eran enviados a albergues en todo el país. Esa política levantó una ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos, que presionó al presidente a ponerle fin tras seis semanas y abrir un lento proceso de reunificación.

Si Sabraw considera que el gobierno no cumplió con el plazo, probablemente pida a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a la parte acusadora, que recomiende sobre alguna sanción.

El director de Justicia Racial y Económica de Texas Civil Rights Project (TCRP), Efrén Olivares, ahondó en esta problemática ante el “caos” del gobierno que, en su opinión, desde el principio nunca tuvo un plan para la reunificación y ha provocado que se desconozca el futuro de los 431 niños que están en un “limbo” legal, debido a que sus padres fueron deportados a sus países de origen. “Es una buena pregunta para el gobierno, que es el que tiene que aclarar los motivos que le han llevado a clasificar a los padres deportados como ‘no elegibles’, no sabemos cómo van a solucionar esta diferencia”, detalló Olivares en una conferencia de prensa. 

En cuanto a las familias reunificadas, tampoco consideraron que el proceso siguiera un procedimiento adecuado y aseguraron que se realizó en un constante ambiente de “confusión” y falta de implicación. 

Las organizaciones sin ánimo de lucro de la región fronteriza de Texas están siendo las encargadas de ofrecer alojamiento, asesoría legal e incluso ayudas económicas a las familias liberadas que deben emprender el viaje a su país, o a otras zonas de Estados Unidos, con tan solo “la ropa que llevaban el día de la detención”. 

TCRP, que trabaja en la ciudad de McAllen (Texas), lleva el caso de 381 padres inmigrantes, de los cuales confirmaron que 76 han sido reunificados y liberados, 34 reunificados pero se mantienen en centros de detención familiares, 65 siguen detenidos sin sus hijos, 7 deportados y del resto no pueden certificar su estado. 

“Dentro de este caos se producen situaciones como la de una madre a la que le iban a entregar la hija equivocada, pueden imaginar la emoción de una mujer que lleva meses sin ver a su pequeña y aparecen con alguien que no es, inmediatamente preguntó: ¿Qué hicieron con nuestros hijos?”, relató Olivares. 

En el documento ofrecido por el gobierno, sostuvieron que 120 menores están aún en los centros de detención porque sus progenitores han renunciado a la reagrupación. Sin embargo, la organización defensora de los derechos civiles afirma que algunos padres no entendieron que estaban renunciando a sus derechos, ya que muchos reciben el documento en inglés pese a que hablan español o incluso solo pueden comunicarse en sus lenguas indígenas. 

La Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), explicó en un comunicado que han presentado declaraciones juradas ante los tribunales en las que indican que “se obligó a los padres a firmar sus deportaciones o se les hizo creer que se reunirán  más rápidamente con sus hijos si aceptaban la expulsión”.