Además de la querella de la familia Maldonado y del Cels, también acusan a Gendarmería y al Estado por la desaparición y muerte de Santiago la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD). Con matices en sus estrategias e intervenciones participaron de la investigación iniciada hace un año, cuando el defensor público Fernando Machado y Julio Saquero, de la APDH, presentaban los primeros habeas corpus, junto al Cels y los familiares del tatuador, el Brujo para los mapuches, el Lechu para sus amigos anarquistas de El Bolsón. PáginaI12 consultó a esos tres organismos sobre qué se hizo, que faltó, cuáles fueron las omisiones y qué resta por delante en este caso.

  • “Quieren imponer en la opinión pública que se ahogó” (APDH)

“De esa manera sería un asunto cerrado para no investigar el operativo represivo ilegal, que los resultados de laboratorios descarten la intervención de Gendarmería en la muerte de Santiago. Sin embargo, desde la APDH siempre sostuvimos que la irrupción de Gendarmería fue desproporcionada, irracional y sin ninguna orden judicial, cuyo resultado es un homicidio agravado”, indicó el abogado Mauricio Rojas. “La autopsia abre una ventana de tiempo muy grande en la data de la muerte, tampoco explica la mecánica, dice que fue una muerte traumática, es decir accidente u homicidio, por eso hay muchos interesados en presentar esto como un accidente y asunto cerrado”, ponderó. 

“La construcción del enemigo interno empezó antes que el fatídico 1º de agosto, por eso recusamos a la fiscal Ávila que parece una defensora postiza de Gendarmería, se opuso con uñas y dientes a que sean remitidas al expediente todas las causas conexas abiertas a los mapuches del Pu Lof que son necesarias para analizar para qué y cómo llegó Gendarmería a violar el domicilio sin orden del juez ese día. ¿Fue flagrancia o un asalto premeditado?”, se preguntó Rojas. “La criminalización desatada contra los mapuches fue una política pergeñada al más alto nivel que alentó a las fuerzas de seguridad a utilizar los resquicios del código procesal como un mecanismo para soslayar el control judicial. A los mapuches los hostigaron con tremenda violencia en enero, el 1 de agosto tres horas antes de la irrupción de Gendarmería, persiguen un auto que sale del Pu Lof y lo requisan, con el agravante que al lugar se acerca el segundo del ministerio de seguridad, Pablo Noceti”, recordó el abogado de la APDH.  

“Es difícil investigar fuerzas de seguridad cuando se usan los laboratorios y los técnicos del propio aparato estatal investigado. Por eso son importantes los equipos independientes. Y concluyó que “el desenlace de Santiago no fue una casualidad, lo demostró el crimen de Rafael Nahuel, la escalada de violencia que venimos alertando sigue creciendo y tenemos que trabajar para que no se lleve más vidas”.

  • “La autopsia no explica todo”. (CPM)

Desde la CPM, su coordinador Roberto Cipriano García destacó “la cuestión de fondo es la criminalización de la comunidad mapuche asentada en Cushamen desde marzo de 2015”, que explica en gran medida la no intervención judicial inmediata a la desaparición de Santiago. “La audiencia por el habeas corpus presentado a las 20 del miércoles 2 de agosto por la CPM se convocó para el viernes 5 de agosto y en ella la Gendarmería no aportó ninguno de los datos requeridos por el Juez Otranto. Cuando a la semana siguiente nos entrevistamos con el juez, donde estuvo presente Nora Cortiñas, las reacciones del magistrado demostrando su enemistad y enfrentamiento con la comunidad nos alertaron de las limitaciones a las que estaba sometida la investigación”, recordó Cipriano García. “El juez avalaba el ingreso ilegal en el predio de la comunidad sobre la base de una persecución en flagrancia. Al mismo tiempo justificaba parte de su inacción, como no hacerse presente en el lugar de los hechos, por su relación tensa con la comunidad. Un discurso similar fue sostenido por la fiscalía federal, que participa de varias causas penales contra la comunidad”, tal el recuerdo de Cipriano García. “Convalidaron  el relato el gobierno nacional sobre la existencia de la RAM y los atentados, a lo que sumaron las múltiples versiones que negaban la presencia de Santiago en el lugar. Estas dilaciones y desvíos de la investigación sobre pistas falsas explican lo que aún no encuentra explicación: la desaparición de Santiago durante 78 dias”, agregó. 

La CPM enfatizó que “el juzgado y la fiscalía demoraron o no dispusieron pruebas esenciales y fueron condescendientes y permisivos con las acciones de la Gendarmería que ocultaron o malograron pruebas. Si bien, la acción del Juez Lleral dio resultados con el hallazgo del cuerpo, el magistrado siguió las hipótesis de Otranto adelantada por los medios de comunicación: Santiago se había ahogado en el río. Luego de realizada la autopsia dio casi por terminada la investigación. Pero la autopsia  no explica todo y aún la familia espera respuestas adicionales que despejen sus dudas y su angustia”.

  • “Encubrimiendo e impunidad”. (AEDD)

“Los doce meses desde la desaparición de Santiago estuvieron atravesados por el encubrimiento y la impunidad.  Desde el primer momento, las operaciones por parte del estado nacional y provincial apuntaron a eximir de responsabilidades a la Gendarmería nacional y a culpabilizar a la comunidad mapuche”, expresó la abogada Liliana Alaniz. “Esa situación fue garantizada por el juez Otranto y luego por su reemplazante, el juez Lleral. Este último le sirvió un gran favor al gobierno cuando, a pocos días de las elecciones, se apresuró a declarar que el examen del cadáver de Santiago no mostraba señales de violencia”, agregó. Alaniz destacó que como parte pidieron que se secuestren los celulares de Pablo Noceti, el ex jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, pero “nuestra petición fue rechazada y Noceti no fue citado a declarar ni siquiera como testigo”. Este organismo expresó que “el compromiso y la movilización social en búsqueda de la verdad será la que ponga las cosas en su lugar y logrará justicia por Santiago”.