Hace siete días que el Tribunal Oral Federal 4 de Capital Federal condenó a Amado Boudou a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica, y ayer el ex vicepresidente reclamó su excarcelación. Pero su planteo no prosperó: los jueces del TOF 4 rechazaron su solicitud. El ex funcionario kirchnerista había sido detenido inmediatamente en el penal de Ezeiza tras la lectura de la sentencia, por lo que ayer argumentó que el fallo no está firme y que por tanto debía seguir en libertad. “La condena no justifica el encarcelamiento”, remarcó en su escrito y afirmó que “los imputados en este momento son jurídicamente tan inocentes como antes de iniciarse el proceso”. En su defensa, el ex vicepresidente condenado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública sostuvo que “se es inocente hasta que la condena adquiera firmeza”.
El viernes, el mismo tribunal le había denegado ese beneficio a José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, condenado en la misma causa a cinco años y seis meses. Aunque no en forma unánime, en el caso del ex vicepresidente se pronunció en el mismo sentido. Los jueces Pablo Bertuzzi y Guillermo Costabel rechazaron el pedido. Su colega María Gabriela López Iñiguez votó en disidencia.
Boudou siempre negó la imputación y ratificó su postura durante su alegato final. Ante el tribunal, afirmó que “jamás” negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone y señaló que durante el juicio se “invirtió la carga de la prueba”. Su detención había sido pedida especialmente por la Unidad de Información Financiera (UIF), el órgano antilavado del Poder Ejecutivo a través del cual el Gobierno de Cambiemos avanza en numerosas causas contra ex funcionarios del kirchnerismo, como también lo hace la Oficina Anticorrupción.
Boudou ya había estado detenido en la cárcel de Ezeiza, hasta que en enero la Cámara Federal avaló su excarcelación en la segunda causa por la que mantenía prisión preventiva. Así, luego de 70 días recuperó su libertad, salió sin caución y sin tobillera. Fue en una investigación menor por la rendición supuestamente irregular de viáticos cuando era ministro de Economía, en la que fue procesado por el delito de peculado. La prisión preventiva en esta causa se había sumado a la que había recibido el pasado 3 de noviembre en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La saga de prisiones preventivas dictadas en el último tramo del año contra ex funcionarios kirchneristas –el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario Carlos Zannini, el ex canciller Héctor Timerman y el propio Boudou– se fundamentan en lo que se ha dado en llamar la “Doctrina Irurzun”, en referencia al juez que preside la Sala II de la Cámara Federal. A juzgar por la hiperactividad de los últimos días en Comodoro Py, todo indica que tal doctrina goza de plena vigencia.
En tanto, ayer en las redes sociales los seguidores del ex vicepresidente recordaban que Pablo Bertuzzi había sido ascendido a la Cámara el mismo día que condenó a Boudou “sin ninguna prueba, pero con plena convicción”, a cinco años y diez meses de prisión.
