Desde Santa Fe
El subsecretario de Derechos Humanos Publio Molinas pidió que la echaran del Ministerio de Seguridad apenas la identificó en los videos del ataque a militantes feministas en la plaza de Mayo, el 7 de agosto. Después, la señaló en público con nombre y apellido como militante del partido Bandera Vecinal, que integran los sujetos que violentaron a las adolescentes y niñas que portaban sus pañuelos verdes. Y ahora, el gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto 2247 que ordenó “prescindir de los servicios de Silvia Marcela Quiñonez por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”, expresa en sus fundamentos. “La directiva del gobernador es investigar a fondo en este tema”, dijo Molinas a Rosario 12. Así que Quiñonez no es la única en la mira de la Casa Gris: Molinas también solicitó a la ministra de Educación Claudia Balagué que separe de su tarea al frente del aula a una maestra de la escuela San Francisco, Isabel Ormaechea, a quien una de las manifestantes denunció ante el Ministerio Público Fiscal que la atacó por la espalda y la arrastró de sus cabellos.
El decreto 2247 se conoció ayer por el colega Maximiliano Ahumada. Lifschitz le ordenó al secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani, que rescinda el contrato de Quiñonez, que había sido renovado en julio, por doce meses, así que tenía vigencia hasta mediados de 2019. “Razones de oportunidad, mérito y conveniencia aconsejan prescindir de los servicios de la nombrada Quiñonez en la órbita de la Dirección Provincial de Atención a Víctimas en el Ministerio de Seguridad, para lo cual se encomienda” a Ruani “adoptar los recaudos” necesarios.
Lo llamativo es que Quiñonez estaba contratada en la Dirección Provincial de Atención a Víctimas, un programa que dirige Liliana Anahí Schilbelben y no en el Sistema de Atención a las Emergencias 911, como dejaron trascender algunas fuentes.
Molinas dijo que Lifschitz y el ministro de Gobierno Pablo Farías avalaron sus pedidos para echar a Quiñonez del Ministerio de Seguridad y apartar del aula a Ormaechea, hasta tanto se le instruya el sumario. La prueba es el decreto 2247. “Les comenté la acción de la Secretaría de Derechos Humanos y el apoyo del gobernador y del ministro de Gobierno fue inmediato para que siguiera trabajando en la causa. Están de acuerdo con todos los pedidos que hicimos, con separar a Quiñonez del Ministerio de Seguridad y con el corrimiento de la docente del aula”, en la escuela San Francisco. Y vía libre para investigar. "La directiva del gobernador es ir a fondo en esta causa”, agregó.
Ante otra consulta, Molinas se mostró “muy disconforme” con el operativo policial del 7 de agosto que dejó escapar a los violentos que atacaron a las militantes feministas y ni siquiera los identificó. “No es la Policía de Santa Fe que queremos. Nosotros esperamos otro accionar. Tendrían que haber separado a estas personas porque no se ve ningún tipo de agresión previa de las manifestantes y porque además son menores de edad”, dijo. “Cuando un adulto tiene claras intenciones de agredir a menores, y en los videos se los ve hasta con palos, la Policía tiene que entrar en acción, tiene que separar, correr a esos personajes y así se hubiera evitado estas agresiones a menores”.
-¿Quién estaba a cargo del operativo policial? ¿Quiñonez participaba de ese operativo? –preguntó este diario
-Ya le pedimos informes al Ministerio de Seguridad. Nosotros también queremos saber quién estaba a cargo y quién lo solicitó. Por qué había un operativo en ese lugar (frente a la Catedral Metropolitana, donde se realizó el pañuelazo) y qué persona lo pidió. Si fue una iniciativa policial y en caso de que sea así, quién era el oficial que estaba al mando. Después veremos cómo accionamos ante las personas que estaban al frente. Creemos que hubo una omisión del rol de funcionario que debe tener la policía, así que esperamos la respuesta del Ministerio –respondió.
Molinas dijo que la cesantía de Quiñonez la solicitó el 8 de agosto, después de recibir a “las jóvenes agredidas” en la plaza de Mayo. “Ellas aportaron material, muchos videos, además de los que se publican en las redes sociales. En uno de los videos se la ve a esa persona, así que le planteamos al Ministerio de Seguridad que era inadmisible que una persona que trabaje en un área tan sensible participe de manera tan agresiva en esa marcha. Nos hicieron lugar y fue separada”, concluyó.
