“Yo no pido que me la regalen, yo la voy a pagar”. Hace trece años que Marcela Castro lucha por conseguir una casa para su familia. En 2006 el Instituto de la Vivienda de la Ciudad le otorgó una pero solo pudo estar seis meses allí porque la sacaron a la fuerza y la ocuparon. Ser dueña de una vivienda que no puede habitar la mantiene en un sinfín de laberintos burocráticos. El Estado quiere que pague por una casa que no habita, no le permite acceder a otra vivienda y le pone trabas para acceder al subsidio habitacional. Laberintos de una burocracia estatal cuya lógica excluye a los que más lo necesitan.

“Lo que quiero es que se respeten los derechos de mis hijos. Quedé en la calle con diez hijos menores de edad. He dormido en escaleras. Mi marido en paradores. Cada noche mis hijos lloraban porque teníamos que dormir separados”. Marcela Castro llega agitada a la entrevista en un café del centro porteño, están por internar a su marido, cuya salud se deterioró desde el año pasado. Tiene las manos enrojecidas, las uñas cortadas al ras. No quiere fotos, dice, no le gustan. Pero todo sea por conseguir lo que el Estado le niega hace trece años, una vivienda para su familia. 

Marcela es madre de 10 hijos, mujeres y varones. Dada su situación de vulnerabilidad socio económica en 2005 solicitó una vivienda al IVC, amparándose en la ley 341, que establece un programa de créditos individuales para “hogares en situación crítica de emergencia habitacional”. Un año después le fue adjudicada en Villa Soldati, con escritura incluida. Sin embargo, a los seis meses, luego de amenazas a ella y a sus hijos, su casa fue tomada y nunca pudo volver a habitarla. “Me fui con lo puesto”. Y así empezó el infierno de buscar dónde dormir cada noche, donde fuera, o dormir a la intemperie cuando no había dónde.

Su primera nota, escrita a mano, es del 30 de noviembre de 2006, en la que solicita al IVC “tomar muy en cuenta mi situación: estoy en la calle con mis hijos ya que dicha vivienda fue violentada en varias oportunidades y en el día de la fecha se halla usurpada por los mismos malvivientes que la saquearon y me hicieron abandonarla con todas mis pertenencias dentro. Hoy me urge!!! Necesito una casa”. 

Desde ese mismo año a través de sucesivas notas y documentos informó al IVC pidiendo ayuda para la resolución de su situación habitacional. “La solución que me daban es que fuera a un hogar o a un parador con mis hijos”, cuenta, cosa que nunca aceptó por las condiciones en que se sobrevive en esos espacios. 

Hizo también denuncias en el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, pero nunca obtuvo una respuesta y no pudo recuperar su casa.

En estos doce años pasó de todo. Vivió en la calle en varias oportunidades, se bañaba de prestado donde podía, se dividían por las noches para ver donde dormían cada uno. Logró alquilar, fue desalojada.

Por si esto fuera poco, el Estado volvió a fallarle el año pasado. Uno de sus hijos, Martín Firma Paz, murió en octubre último a los 29 años. En medio de una crisis de intoxicación, fue llevado para su atención al Centro de Salud Comunitario (Cesac) 3, del Complejo Lugano I y II, donde no fue asistido porque sus responsables “nos cerraron la puerta en la cara”, según denunció en su momento Marcela a este diario. La ambulancia del SAME tardó una hora en llegar al lugar y trasladarlo al Hospital Santojanni. “Pido por mi derecho a la vivienda, a la comida, a la vida... a mi hijo se lo negaron”, dice Marcela. Ella trabajaba como cuidadora en un geriátrico pero desde el año pasado no para de hacer trámites por su problema histórico de vivienda y para esclarecer la muerte de su hijo. Por ese motivo sus trabajos son esporádicos, como los de su pareja Marcelo Rodríguez, que trabajaba en seguridad pero desde el año pasado está muy deteriorado de salud.

En febrero accedió a un subsidio habitacional, lo que le permitió afrontar parte de un alquiler en una casa cercana a la estación de Lugano. Actualmente vive allí con su pareja, su hija Krisya, de 19 años, Keley de 15 y los mellizos Eros y Justin de 13. Pero en julio se lo dieron de baja por ser propietaria de una vivienda del IVC que no ocupa hace años y que está intrusada, como ya se dijo. Luego de varias gestiones, a las que ella pone el cuerpo una y otra vez, se supone que a fin de mes empezaría a cobrarlo nuevamente, pero obviamente su situación de fondo no está resuelta. 

En estos momentos la que era su casa ya no está ocupada por quienes la sacaron. Pero en su lugar hay otra familia, que está también en situación crítica. 

En estos años recibió todo tipo de respuestas del Estado, entre ellas que hiciera la denuncia penal contra quienes vivían en su casa. “La intervención solicitada excede el ámbito cognoscitivo del instituto de la Vivienda, debiendo ocurrir por la vía legal pertinente” fue una respuesta del IVC de octubre 2008. “Quieren que hagamos guerra de pobres contra pobres”, apunta Marcela.

Lo que ella quiere, y por lo que volverá a la carga nuevamente en el Ministerio Público Fiscal, es que le saquen la titularidad de esa vivienda y le otorguen un crédito para acceder a otra. Ella quiere pagar, dice. A fin de año se recibe de enfermera y confía en que con ese trabajo podrá mejorar su situación. Solo necesita que el Estado no le dé la espalda.