A raíz de la crisis económica que golpea a los sectores más vulnerables, el Concejo avanzó ayer con declarar la Emergencia Social por dos años. La Comisión de Presupuesto, que preside Verónica Irízar dio despacho, con modificaciones, al proyecto presentado hace dos meses por Eduardo Toniolli que planteaba la Emergencia Alimentaria. La iniciativa, que no fue acompañada por el bloque macrista, fue girada a la Comisión de Salud y se espera que la próxima semana llegue al recinto para su aprobación. La declaración tiene como objeto “morigerar el impacto de la situación económica nacional en los sectores sociales más excluidos, y de velar por la satisfacción de las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes”. Además, el proyecto encomienda al municipio la generación de dispositivos de articulación con el gobierno nacional y provincial, a fin de aunar criterios en materia social, alimentaria, económica y de salud. “Es necesario ampliar la emergencia a los sectores que están más desprotegidos”, señaló Irízar, quien impulsó las modificaciones.

Los concejales que acompañaron la declaración pusieron el foco en la situación social frente a la crisis económica. “Efectivamente, la crisis que se está desatando tiene consecuencias que caen sobre lo alimentario, pero también lo exceden”, dijo Toniolli a Rosario/12. El edil justicialista destacó el papel que jugaron los movimientos sociales que se movilizaron el pasado 7 de agosto hasta el Palacio Vassallo donde fueron recibidos por concejales, excepto el PRO, y unos días después fueron recibidos por Fein. “Allí se fue gestando una mirada común para acordar el proyecto”, amplió Toniolli.

En declaraciones a LT8, la intendenta Mónica Fein anticipó su apoyo al proyecto: "A nosotros nos quitan recursos y entonces tenemos dificultades para enfrentar nuestros desafíos. Creo que definir que hay una emergencia social nos obliga a repensar -una vez que el Concejo lo trate- cómo direccionar nuestros fondos, hacer más eficientes los recursos y apoyar a quienes más lo necesitan".

Uno de los artículos plantea generar espacios y dispositivos de articulación con Nación y Provincia para aunar criterios de intervención en materia social, alimentaria, económica y de salud en el territorio de la ciudad, de modo de potenciar y ampliar políticas públicas desarrolladas en dichos ámbitos para abordar situaciones de exclusión extrema.

En ese sentido, piden al Ejecutivo municipal que gestione ante autoridades del gobierno nacional el refuerzo de la asistencia económica y/o alimentaria que realiza de manera directa a diferentes comedores y/o merenderos locales para que las mismas tengan capacidad para atender las necesidades alimentarias de la población del área que abarcan.

Además, solicitan que gestionen el refuerzo de partidas de leche enviadas a los centros de salud desde la Dirección de Maternidad e Infancia, y el arribo del Programa Haciendo Futuro, así como otros planes y programas que permitan fortificar los sectores de la economía social y popular. “En el 2016 detectamos una situación de faltantes de leche maternizada en los efectores municipales. Desde el municipio aclararon que Nación no estaba enviando partidas, y partir de eso se gestó el proyecto de Emergencia Alimentaria, que se amplió hoy (por ayer)”, explicó Toniolli.

La declaración propone el despliegue de dispositivos territoriales que permitan elaborar periódicamente un diagnóstico de la situación nutricional de la población, y en particular de niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años en situación de vulnerabilidad. En base a esa evaluación se desarrollarán políticas públicas que permitan atender demandas urgentes en materia alimentaria.