Daniel Ruiz, dirigente sindical petrolero de Chubut, rechazó ante el juez federal Sergio Torres los argumentos esgrimidos para mantenerlo detenido al  entender que existe peligro de fuga y reclamó su excarcelación. Frente al magistrado dijo que los viajes que realizó antes de su detención estaban relacionados con su actividad sindical e indicó que el poco dinero que le encontraron no puede considerarse como parte de un plan para fugarse.

Ruiz, que también integra la dirección del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), está imputado por Torres en la causa abierta contra los que se manifestaron en repudio de la reforma previsional el 18 de diciembre pasado frente al Congreso bajo una fuerte represión. El dirigente llegó a los tribunales de Comodoro Py respaldado por sus compañeros y organizaciones solidarias que repudiaron su detención, que se produjo el 12 de septiembre con el argumento de que existía peligro de fuga. Ese día fue allanado su domicilio y desde entonces estuvo incomunicado en la División de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal. Ruiz volvía de una movilización en apoyo a los trabajadores del Astillero Río Santiago y es uno de los militantes a quien este juez ubicó dentro de un “grupo de individuos” que habría “desvirtuado” la protesta por arrojar piedras para defenderse de las balas policiales, en base a pruebas y testimonios aportados por los uniformados, y tareas de inteligencia.  

Durante la indagatoria Ruiz se encargó de refutar los argumentos con los que Torres basó su fallo para determinar que existía peligro de fuga y ordenar su detención. Aclaró que los viajes que realizó en el último tiempo tenían que ver con su actividad sindical. Además aclaró que las sumas de dinero encontradas en su domicilio eran ínfimas y no tenían que ver con ningún plan para fugarse. Por otra parte, tuvo lugar una audiencia en la sala 2 de la Cámara de Apelaciones que preside Martín Irurzun, en la que Ruiz solicitó la excarcelación.

Once manifestantes fueron citados a indagatoria en la causa por lesiones a policías y atentado agravado, la misma en la que ya están procesados Dimas Ponce y César Arakaki, del Partido Obrero. Así lo determinó el juez Torres en la resolución donde sobreseyó a 58 de los 69 manifestantes detenidos aquella jornada al considerar que la mayoría de las actas policiales fueron redactadas con descripciones genéricas sin la menor referencia al hecho lo que implica “un serio compromiso de las garantías constitucionales”. Sin embargo, usó esas mismas pruebas para acusar a estos once por lo que La defensa de los manifestantes sostiene que el fallo abreva en una remozada teoría de los dos demonios por investigar también a un grupo de policías por la violencia con que reprimieron.