La mayoría fujimorista en el Congreso peruano pasó una ley a medida del ex dictador
Ley express para Fujimori
Después de que la Justicia anulara su indulto irregular, ayer la bancada que preside su hija usó su mayoría legislativa para aprobar, en tiempo record, una ley que permite liberar a Fujimori, de 80 años, aduciendo su avanzada edad.
Manifestantes fujimoristas protestaban por la detención de Keiko, ayer, en Lima.Manifestantes fujimoristas protestaban por la detención de Keiko, ayer, en Lima.Manifestantes fujimoristas protestaban por la detención de Keiko, ayer, en Lima.Manifestantes fujimoristas protestaban por la detención de Keiko, ayer, en Lima.Manifestantes fujimoristas protestaban por la detención de Keiko, ayer, en Lima.
Manifestantes fujimoristas protestaban por la detención de Keiko, ayer, en Lima. 
Imagen: EFE

PáginaI12 En Perú

Desde Lima

El tenso ambiente político y social peruano se calienta más con la aprobación en el Congreso de una ley de impunidad. El fujimorismo no se resigna a que su fundador, el ex dictador Alberto Fujimori, condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad y corrupción, vuelva a prisión luego que la semana pasada la Justicia dejara sin efecto el indulto que lo favoreció, y ayer usó su mayoría en el Congreso para aprobar, en tiempo récord, una ley que permite la liberación de Fujimori, de 80 años, aduciendo su avanzada edad. Desde que se anuló el irregular perdón que en diciembre pasado le dio el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, el autócrata que gobernó entre 1990 y 2000 permanece en una clínica aduciendo supuestos problemas cardiacos. La “ley Fujimori” se aprobó un día después que Keiko, la hija del ex dictador y jefa del partido fujimorista Fuerza Popular, fue detenida preliminarmente por un proceso por lavado de activos relacionado con el supuesto financiamiento ilegal de su campaña electoral para la presidencia.

Esta ley de impunidad también beneficiará a otros condenados por violaciones a los derechos humanos. Diversos sectores, incluida la bancada oficialista, le han exigido al presidente Martín Vizcarra que observe la norma y la devuelva al Congreso sin promulgarla. Si eso ocurre, el Parlamente controlado por el fujimorismo tiene la facultad de rechazar la observación presidencial y aprobar definitivamente esta ley, que ha gatillado múltiples críticas y protestas de diversos sectores. 

La ley de impunidad aprobada por el Congreso fujimorista señala que los condenados mayores de 78 años, y los que tengan más de 75 y alguna enfermedad crónica o grave, que hayan cumplido un tercio de su condena, saldrán en libertad y quedarán bajo vigilancia electrónica sin poder salir sin permiso judicial de la provincia en la que residen. En el caso de las mujeres, las edades para beneficiarse de esta norma se rebajan a 70 y 65 años, respectivamente. Una ley hecha a la medida de Fujimori, que tiene 80 años y ha cumplido la mitad de su condena a 25 años. 

No se beneficiarán de esta norma los condenados por terrorismo -como el jefe del desarticulado grupo armado Sendero Luminoso, Abimael Guzmán-, por traición a la patria, narcotráfico agravado, violación, femicidio, sicariato y por pertenecer a una organización criminal. Pero sí podrán acogerse a ella quienes hayan sido condenados por delitos graves como asesinato, violaciones a los derechos humanos y crímenes calificados como de lesa humanidad, como es el caso de Fujimori. Todo ha sido acomodado para favorecer al ex dictador. Es claramente, y descaradamente, una ley con nombre propio, lo que está prohibido por la Constitución, pero eso no detuvo a la mayoría fujimorista para aprobarla.

Esta ley fujimorista de impunidad colisiona con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que no proceden beneficios penitenciarios para los condenados por delitos calificados de lesa humanidad. Organismos internacionales ya han expresado su rechazo a esta norma. 

En su apuro y desesperación por sacar adelante esta ley –presentada después de revocado el indulto a Fujimori, como para que no queden dudas de su motivación y razón de ser– el fujimorismo la puso a debate en el pleno del Congreso saltándose los procedimientos parlamentarios. Por esta razón, diversas bancadas han pedido la censura de la mesa directiva del Parlamento. Fue aprobada con 55 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones. Mientras se debatía, parlamentarios opuestos a la norma levantaron las fotos de las víctimas del fujimorismo y carteles con mensajes contra la impunidad. 

“Toda ley se inspira en determinados hechos”, le respondió a PáginaI12 el legislador fujimorista Miguel Torres, preguntado por la relación de esta ley con la anulación del indulto a Fujimori. Una respuesta que es un reconocimiento involuntario de lo evidente pero negado por el fujimorismo, que se trata de una ley que tiene una motivación con nombre y apellido: Alberto Fujimori. Otros legisladores fujimoristas terminaron enredados en confusos y contradictorios argumentos en su intento de defender esta norma. 

“Indiscutiblemente es una ley con nombre propio y el presidente Vizcarra debe observarla”, declaró el oficialista Juan Sheput. “Es una ley vergonzosa y repudiable. No les interesa (a los fujimoristas) los adultos mayores, su intención es sacar de la cárcel a Fujimori”, indicó, por su parte, la congresista Tania Pariona, del izquierdista Movimiento Nuevo Perú. Alberto de Belaunde, legislador independiente de centroderecha, calificó la ley como “inconstitucional” e “inmoral”. “Las fuerzas democráticas del Congreso nos hemos unido contra esta ley con un mensaje claro que tiene en cuenta a las víctimas, a la memoria histórica y a la decencia”, señaló. 

El día anterior a que fuera aprobaba la ley de impunidad, la mayoría fujimorista salvaba en el Congreso al fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry de ser destituido por sus vínculos con una mafia judicial que negociaba sentencias y que tenía relaciones con legisladores del fujimorismo. Con su fundador y su actual jefa detenidos, el fujimorismo amenaza, saca sus impulsos más autoritarios y se mueve sin vergüenza y con desesperación para asegurarles impunidad. Un juego peligroso que apuesta a la desestabilización.

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