El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, derivó de la sonrisa de los Juegos Olímpicos de la Juventud a comandar una represión desbocada con premeditación y ensañamiento. En la previa, manos policiales o serviciales plantaron cascotes en las inmediaciones del Congreso. Se pasaron de rústicos, se notó: estuvieron obligados a sacarlos. El día de la sesión en el Congreso plantaron pruebas para incriminar manifestantes: desde una barreta hasta un arma de fuego. Por creerse impunes fueron filmados, la prensa adicta escondió las evidencias. Tampoco mostró a personas del común heridas con balas de goma, en varias partes del cuerpo.

El Foro contra la Violencia Institucional de la Ciudad de Buenos Aires está compuesto por organismos de derechos humanos e instituciones oficiales. Publicó un severo y ceñido comunicado señalando     que “el operativo policial estuvo caracterizado por intervenciones violentas, detenciones al voleo, personas heridas y uso excesivo de armamento no letal”.

Desde 2017 se han sucedido manifestaciones más masivas que las del miércoles. En el Congreso, en Plaza de Mayo, en la 9 de julio por recordar algunas. Solo se produjo violencia extrema cuando “se sumaron” la Agencia Federal de Inteligencia o las Fuerzas de Seguridad. Puesto en jerga: sin “la gorra” y sin servicios no hay goma.

La represión se explayó a personas que circulaban sin participar, a transeúntes, a manifestantes que se desconcentraban tranquis. 

Los arrestos priorizaron periodistas, militantes conocidos. El “sexto sentido” de los uniformados escogió un número desproporcionado de inmigrantes. La olicía discrimina sobre todo si le dan manos libres u órdenes explícitas. La conducta inmediata de altos funcionarios nacionales alimenta esta última hipótesis.

Resultó notable la sincronización entre los dos gobiernos macristas (Ciudad Autónoma y Nación) con medios oficialistas o de derecha o las dos cosas juntas. La furia policial continuaba y ya el canal de noticias América 24 anunciaba que entre los detenidos había “dos venezolanos, un turco y un paraguayo”, gentilicios que para cualquier macartista constituyen agravantes. Los pedidos de deportación exprés comenzaron ahí mismo. Los convalidarían políticos de fuste.

El senador justicialista Miguel Pichetto “corrió por derecha” al Gobierno, una notable hazaña. Fustigó la política inmigratoria, clamó por deportaciones inmediatas de delincuentes foráneos. El hombre es versado en derecho tras tantos años en el Parlamento. Sabe que sus demandas son infundadas e ilegales, las formula como manejo político. Cerrada que fue al tránsito la ancha avenida del medio, se desplaza raudo a la banquina de la derecha.

Los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad) no quisieron ser menos. Frigerio aseguró que “ya estamos en contacto con el juez y el fiscal para tener un juicio abreviado y deportarlos lo antes posible” Afirmó que los arrestados habían delinquido. Batió records de macrismo explícito: en menos de un minuto profirió inexactitudes, pidió y confesó violaciones a las normas. Se sabe que la Casa Rosada presiona o conduce al Poder Judicial para que condene o absuelva…pero se trata de maniobras inconfesables que Frigerio sinceró. Llamar “delincuente” a quien ni siquiera tiene una causa abierta viola la presunción de inocencia y las reglas del debido proceso. Por último, los ministros carecen de prerrogativas para pedir juicio penal abreviado que solo procede si el acusado se confiesa culpable de un delito y se aviene a ese trámite. 

Cero apego al derecho, solo autoritarismo y demagogia xenófoba de la dupla Frigerio-Bullrich, quien profirió barbaridades parecidas a las de su colega con sus habituales dificultades para expresarse en castellano.

Las normas estatuyen requisitos para deportar un extranjero, siempre concediéndole derecho a defenderse. Sin adentrarnos en las circunstancias de los cuatro agredidos por la policía brava de “Horacio”, digamos que el inmigrante turco Anil Baran tiene “arraigo” en nuestro país. Vive hace dos años en el país, tiene DNI en regla, está casado con una argentina. 

A los dos hermanos venezolanos se les imputa “pertenecer a los servicios secretos de Nicolás Maduro”. La policía y los fiscales autóctonos, a quienes se les escapan tres tortugas por día, pretenden haber investigado y dilucidado esa trama de John le Carré en cuestión de horas… en fin.

Según las leyes argentinas para expulsar a un extranjero “regularizado” debe mediar condena judicial o trámite administrativo aprobado de cancelación de residencia. Un no regularizado puede serlo con procesamiento por delito que prevea pena privativa de la libertad. 

Cualquier resolución de la Dirección Nacional de Migraciones en ese sentido es recurrible por esa vía o ante los tribunales. Siempre con asistencia jurídica. Nunca “manu militari”, valga la expresión.

Macri promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 relajando o borrando las virtuosas reglas dictadas en la etapa kirchnerista. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sentenció la inconstitucionalidad del DNU. El Gobierno interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que remolonea expedirse. La anterior integración, sin duda, habría confirmado la inconstitucionalidad de un texto que vulnera derechos humanos básicos. Con la actual hay motivos para la incertidumbre y hasta la preocupación. 

El giro reaccionario legal y cultural se alinea con lo que viene sucediendo en Estados Unidos desde el atentado a las Torres Gemelas, promovido por el entonces presidente George W. Bush, radicalizado por el actual, Donald Trump. Con el acicate y el pretexto de la lucha contra el terrorismo internacional se dejaron en suspenso o se derogaron principios fundantes del derecho penal de Occidente. Un modelo dependiente como el macrista se mimetiza con lo peor de la metrópoli, también en estas ligas.

El Presupuesto ajustador, la represión brutal y el macartismo son piezas de un mismo rompecabezas: pura y dura coherencia ideológica.