La administración de la miseria

Hace algunos meses, en Brasil, el intendente de la ciudad de San Pablo, Joao Doria, lanzó un proyecto para alimentar a los niños de familias carenciadas con unas pequeñas bolitas deshidratadas de alimento balanceado que contienen “todos los nutrientes” y que están disponibles en varios colores. Se trata de un alimento elaborado con productos con fecha de vencimiento cercano, que cuenta con “todos los respaldos académicos y científicos”. El intendente Doria señaló haber degustado el alimento: “tiene varios sabores y lo usa el ejército en situaciones de emergencia”. Como señala Marcelo Rubinstein en su artículo “Historia de una pandemia” (Vertex, 2018), el antecedente a este tipo de alimentos –poco saludables– fue creado por Estados Unidos en la década del 40, con el fin de alimentar a los tropas en la Segunda Guerra Mundial. La “ración de combate K”, llamada así por haber sido inventada por el cardiólogo Ancel Keys, aportaba 3200 calorías en una salchicha desecada, bizcochos duros, caramelos y una barra de chocolate. Todo cabía en una pequeña caja metálica y hermética que facilitaba su distribución y durabilidad. Keys se convirtió en un héroe nacional. Sus ideas sentaron las bases de la pirámide nutricional que todos conocemos, cuya base está constituida por cereales, harinas y azúcares; influencia que ha provocado una epidemia de obesidad y malnutrición. El problema en nuestro país, con más de 13 millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza, ha provocado por parte del Estado un tipo de respuesta singular. El pasado 10 de octubre, el Senado aprobó la Ley de Donación de Alimentos, con modificación de un controversial artículo (el 9), vetado en 2004, que ahora exime de responsabilidad legal a los donantes de alimentos frente a la posibilidad de demandas. La iniciativa permite a las empresas deshacerse de los alimentos próximos a vencer (16 millones de toneladas anuales) y así poder entregarlos a “sectores vulnerables de la población”. Cada año, un cuarto de la producción alimenticia (particularmente hortalizas y frutas) es arrojado a la basura, de donde cientos de personas lo recogen, lavan e ingieren. Los administradores de la miseria postulan que esos alimentos con fecha próxima de vencimiento deben ser distribuidos por los doscientos “Bancos de alimentos” que existen en territorio nacional y que nacieron en la crisis de 2001. Distribuir la comida que sobra y que está próxima a descomponerse puede parecer una idea solidaria y práctica con el prójimo, pero al mismo tiempo es una maniobra inquietante. Empresas donantes, excedente de productos y manos agradecidas, conforman una postal que define algo más que una buena iniciativa samaritana. Estas prácticas reflejan una noción específica y singular acerca del rol y protagonismo del Estado frente a los fenómenos de  exclusión social. Hace pocos días, en el Congreso de la Nación el juez Gustavo Hornos señaló: “Argentina produce alimentos para diez veces su población y sin embargo hay hambre”. Se reparte lo que sobra, y con cronómetro en mano, porque la fecha de vencimiento está demasiado cerca. Un ejemplo nutricional de la teoría del derrame. Nuestros legisladores parecen preocupados en encontrar soluciones en el eslabón equivocado del problema, en dar analgésicos cada vez más potentes a una infección severa que requiere otro tipo de medidas. La enorme cifra de alimentos que se desperdicia anualmente, no obstante, representa sólo el 12 por ciento de la producción, lo que explica el valor político de esta medida, apoyada por diversos sectores políticos y actores sociales: se reparte lo que sobra y no lo que se produce. Más allá de la comida potencialmente en mal estado que se va a repartir, lo que huele mal es la putrefacción del tejido social que estamos experimentando minuto a minuto. Los comedores no dan abasto y alimentan ya no solo a niños, sino a personas de todas las edades. Según el Observatorio de la Deuda Social (UCA) la pobreza infantil aumentó al 68 por ciento y uno de cada diez niños pasa hambre. Una auténtica gangrena. En 1727, el sacerdote y escritor Jonathan Swift escribió “Una modesta proposición”, un breve relato en donde los niños de los pobres son vendidos como manjar para los ricos. Si bien Swift recibió enardecidas críticas por su “mal gusto y falta de límites”, no faltaron quienes valorizaron el texto como una sátira, la descripción burlesca de una conducta naturalizada. La pobreza. Swift retrató magistralmente a los campesinos de las afueras de Dublín endeudados para siempre con sus terratenientes, condenados a una existencia miserable.

A casi trescientos años del texto de Swift, en épocas de niños deambulando por las calles, demorados en comisarías, fusilados o buscando restos de comida en la basura; vale la pena recordar algunos pasajes del mismo:

“Es motivo de tristeza para quienes pasean por esta gran ciudad o viajan por el país, ver las calles, los caminos y las puertas de las casuchas abarrotadas por pordioseros, seguidas de tres, cuatro o seis niños, todos harapientos y andrajosos, importunando a cada viajero”. 

Frente a este panorama Swift realiza su “modesta proposición”: resolver el problema de los campesinos que no pueden alimentar a sus hijos y están crónicamente endeudados, proponiendo que los padres los vendan como un alimento de élite, como un manjar exquisito. Incluso da instrucciones muy precisas. Los niños deben ser alimentados un año (no más) a pecho por la madre antes de ser comercializados. Swift está convencido de que así ambas partes quedan satisfechas: los ricos disponen de un manjar a precio justo y las familias pobres por fin tienen un bien que pueden vender y así progresar.

“Propongo que nos preocupemos de la suerte de esos pequeños de tal modo que, en lugar de ser una carga para sus padres o la parroquia, o de carecer de comida y vestido por el resto de sus vidas, cooperen, por el contrario, a la alimentación, y a la vestimenta de muchos miles. Mi sistema tiene otra gran ventaja, ya que con él se evitarían los abortos voluntarios, esa práctica horrenda y frecuente entre nosotros”. 

Ser pobre y excluido era, hace trescientos años, un status social tan cristalizado y desesperanzador como hoy. Se es pobre. Es un estado permanente. Nos acomodamos a la idea de que existe la miseria y el hambre como algo natural e inevitable. En la política nacional surgen ideas vigorosas, y en muchos casos bienintencionadas, para administrar la miseria y enmascarar el espasmo de los que no tienen nada. Todo es presentado como una propuesta lógica y empática. 

Swift tuvo que aclarar durante toda su vida que se trataba de un escrito de denuncia y no de una propuesta pragmática. Tal necesidad permanente de aclaración solo hace más grande su texto y más fiel su retrato de la desigualdad. Dice Swift en el final de su proyecto: “No me impulsa otro motivo que procurar el bien de mi patria, desarrollando nuestro comercio, cuidando a los niños, socorriendo al pobre y proporcionando algún deleite al rico. No tengo hijos de los que pueda obtener beneficios; el más joven tiene nueve años y mi amada esposa ya no es fértil”.

Si ya estamos alimentando a los pobres con comida para mascotas, o sancionando leyes para que accedan a nuestros desechos, quizá no estemos tan lejos de la sátira del clérigo Swift.

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