Opinión
Persecución política y derechos humanos

Se hizo conocido por haber escapado en helicóptero de la cárcel el 30 de diciembre de 1996 junto a otros compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), la organización creada por el Partido Comunista de Chile para luchar contra Pinochet. Ricardo Palma Salamanca estaba condenado a presidio perpetuo por la muerte del senador Jaime Guzmán en 1991, uno de los civiles de la dictadura de Pinochet y fundador de la UDI, el brazo político del pinochetismo, que hoy cogobierna Chile junto a Sebastián Piñera y que tiene a Andrés Chadwick como ministro de Interior. 

La fuga en helicóptero tuvo un capítulo en la Argentina porque la fiscalía militar chilena (su intervención habla de la calidad democrática que había en Chile) solicitó la detención de los fugados a través de Interpol, lo que dio inicio a un proceso con miras a extradición que tramitó en la Justicia Federal argentina. En el marco de ese proceso y con la excusa de la fuga, policías y agentes locales hicieron inteligencia en territorio argentino durante tres años sobre ciudadanos chilenos y argentinos relacionados con organizaciones sociales, de derechos humanos y de izquierda. La intención era instalar una suerte de nuevo Plan Cóndor por el cual tuvieran control y seguimiento sobre opositores políticos. Al ser advertida de la ilegalidad, la Justicia Federal declaró la nulidad de todo lo actuado y se formularon denuncias penales. Pero la inteligencia sobre opositores políticos ya estaba hecha y los militares y militantes de Pinochet supieron vida y obra de muchos de sus opositores. 

Luego de más de dos décadas de clandestinidad, Palma fue detenido en Francia a pedido de Chile, que giró un pedido de extradición. Días atrás, el organismo francés que analiza los casos de refugiados decidió brindarle protección internacional. Palma denunció haber sido torturado durante días cuando fue detenido luego de la muerte de Guzmán. Mediante la tortura, la autoridad militar obtuvo su confesión y, sin pruebas, fue condenado. Toda la investigación por la muerte de Guzmán está contaminada por el trabajo de los servicios de inteligencia chilenos y fue utilizada para perseguir a quienes habían luchado contra Pinochet. Y la continúan utilizando, por varios motivos. 

El primero, para insistir que cuando mataron a Guzmán en 1991, en Chile había estado de derecho, una democracia plena y se respetaban los derechos humanos, como dijo el mismo Piñera días atrás al preguntársele sobre el asilo a Palma. Los herederos de Pinochet, agradecidos.

Quien conoce mínimamente la historia y las instituciones de Chile sabe que en 1991 Pinochet continuaba al mando del Ejército y regía la Constitución de la dictadura, que hoy continúa vigente, lo que le permite al pinochetismo ser parte del gobierno. “Democracia en la medida de las posibilidades”, decía el entonces presidente Patricio Aylwin, cuando, en verdad, no era más que un gobierno a la medida del dictador, una democracia tutelada como dicen sus críticos.

El segundo motivo es erigir en mártir a uno de los mayores responsables de la dictadura, como lo fue Guzmán, que le dio sustento no sólo político sino jurídico, decir que ellos también tienen sus víctimas y sostener que las organizaciones armadas violaron derechos humanos. Un modo de diluir los estragos de los campos de detención y la tortura, la versión chilena de la teoría de los dos demonios.

El tercero, para continuar persiguiendo a opositores políticos, muchos de ellos impedidos de regresar hoy a Chile. Muchos fueron refugiados en otros países, como Suiza, Francia y la Argentina. En nuestro país los refugiados chilenos son decenas. Entre ellos, el más conocido, Apablaza Guerra, uno de los jefes del FPMR acusado sin pruebas por la muerte de Guzmán (de la que no participó ni decidió, pero eso es sólo un detalle), quien fue reconocido como refugiado en 2010 en cumplimiento de la Convención Internacional sobre Refugiados de la ONU. Dicho status fue revocado por el gobierno de Macri a partir de un acuerdo con el pinochetismo, con el argumento de que Apablaza brindó su testimonio en la embajada chilena en el marco del Informe sobre Prisión Política y Tortura (estuvo encarcelado y fue torturado por la dictadura) y, por lo tanto, no necesitaba protección internacional. El caso se debate en sede judicial. 

El secretario de Derechos Humanos de Macri, Claudio Avruj, no sólo milita nuevos paradigmas como que la policía mate por la espalda, el 2x1 a genocidas y la teoría de los dos demonios, sino también la persecución a opositores políticos. De sus oficinas salieron funcionarios y fundamentos para tejer el acuerdo que permitiese al pinochetismo insistir con Apablaza. Probablemente se deba a que el caso Apablaza demandó los oficios de agentes de inteligencia norteamericanos, con seguimientos y violaciones de correos privados de por medio. Con su decisión, el gobierno macrista asestó un serio golpe a la Convención sobre Refugiados. 

Siguiendo el ejemplo del pinochetismo, Avruj apoya equiparar los crímenes de la dictadura con el ataque de Montoneros a un regimiento en Formosa durante 1975, desconociendo que en ese entonces las Fuerzas Armadas ya estaban al mando de la represión ilegal y existían centros clandestinos.

Chadwick hizo saber el malestar del gobierno chileno con la protección de Francia a Palma y dijo que pedirán su revocación, tal como hicieron con Macri. Piñera envió una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, diciéndole que el asilo es una equivocación. Lo mismo que Chile hizo en 2010 cuando Apablaza fue protegido en la Argentina. Tuvo que llegar Macri para que el pinochetismo fuera oído. 

Palma continuará en Francia junto a su familia, el proceso de extradición se cerrará debido a la protección decidida, aunque el pinochetismo continuará insistiendo del mismo modo que lo hizo con Apablaza, cuyo refugio, decían, fue sólo un capricho de la entonces presidenta Cristina Fernández. Ahora Francia les echa un baldazo de agua fría con el que no se despabilarán. Para ellos, la persecución política está por encima de los derechos humanos. Y, en eso, Macri y Avruj están de acuerdo. 

* Abogado en causas de derechos humanos.

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