Cerrar el caso, cerrar el paso
Imagen: Leandro Teysseire

Hace dos días este cronista publicó una primera mirada sobre el fallo del juez Gustavo Lleral cerrando a cal y canto la investigación sobre la muerte de Santiago Maldonado. Tras releer la sentencia y ojear sus repercusiones, vuelve sobre el tema tratando de evitar-limitar reiteraciones.

Cuando se supo que Santiago había sido reprimido en un procedimiento plagado de ilicitudes y desmesuras, se abrieron dos expedientes. Un habeas corpus para conocer su paradero y otro por “desaparición forzada” presumiendo, como sucedió, que podía haber fallecido.

La obligación de abordar judicialmente la desaparición forzada está regulada en tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino. El caso reunía todos los requisitos: ataque de fuerzas de Seguridad, desconocimiento absoluto sobre el paradero de la víctima, obstrucción del Estado para suministrar información o buscarla. 

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich comandó dichas operaciones políticas. Primero se negó a separar gendarmes, les atribuyó veracidad irrefutable. Las obstrucciones contaron con la complicidad del primer juez a cargo. Guido Otranto, quien fue apartado luego por sospechas de parcialidad.

El negacionismo porfiaba que Santiago estaba vivo. Se tejieron decenas de leyendas al respecto. Nombremos un puñado, no exhaustivo. Que “hizo dedo” y se subió a un camión en la Mesopotamia. Que fue visto en una peluquería. Que convivía con un grupo de clones humanos, idénticos a él en otro poblado. Que había sido acuchillado por un puestero de Benetton. Los embustes contaban con el aval de la prensa aliada, muchos eran palabra oficial. Otra portavoz de Cambiemos, la diputada Elisa Carrió, aseveró que era posible que Maldonado estuviera en Chile y lo vinculó a la RIM, mote que inventó para la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). 

La intensa movilización social derivó en una acentuación de la búsqueda. El cuerpo yacente fue hallado en el río Chubut 78 días después del ataque y la muerte según fijaría más adelante la autopsia.

La participación incidió en el cambio de talante oficial. No es el único ejemplo reciente: los familiares de los tripulantes muertos en el ARA San Juan se encadenaron en la Plaza de Mayo hasta conseguir que el Gobierno reactivara la búsqueda del submarino, que había frenado. La protesta sacude el quietismo, una y otra vez.

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La desaparición cesa con el hallazgo del cuerpo, carece de sentido proseguir el expediente por ese motivo. Pero la carátula inicial de un expediente no restringe al juez ni lo exime de averiguar si se cometieron otros delitos. Lleral construye un sofisma bien urdido de más de 300 fojas mientras se desembaraza de una obligación inexcusable. Dilucidar qué llevó a Maldonado a sumergirse en el río, todo lo ocurrido mientras la hipotermia lo iba matando. 

Podía hacerlo en ese mismo expediente o usar sus evidencias y abrir otro. No clausurar la pesquisa.

Sendos comunicados de organismos de Derechos Humanos concuerdan con (e iluminan a) esta línea de razonamiento.

Aconsejamos su lectura íntegra y transcribimos algunos párrafos, tomando el riesgo de repetir conceptos.

 Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): “(La) construcción de los hechos, a la que el juez presenta como la verdad, no hace más que justificar la violencia estatal.

Escindir un operativo de seguridad, que en este caso implicó la ocupación de un territorio, de las consecuencias que pueda tener para la integridad y la vida de las personas es un antecedente grave que legitima ese tipo de intervención estatal en los conflictos. (…) El Estado tiene la obligación de investigar exhaustivamente todas las hipótesis que puedan haber conducido a la muerte de Santiago en el marco de una represión. Sin embargo, desde agosto de 2017 su principal ocupación es desligarse de su obligación de hacerlo y atacar a las víctimas”.

Amnistía Internacional, a su vez, argumentó: “Pese a la constatación de que la muerte se dio en el marco de un violento operativo de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, la sentencia omite el contexto en el ocurrió su muerte. Es imperativo que las autoridades argentinas esclarezcan los hechos, persigan todas las hipótesis que podrían haber llevado a su muerte y cumplan con su obligación de garantizar los derechos de su familia a la verdad, la justicia y la reparación”.

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Cuando reconstruye los hechos, Su Señoría especula: Maldonado habría entrado al río helado por “la excitación provocada por la huida, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida”. Subsiste un tendal de dudas entre ellas donde estaban los gendarmes cuando eso ocurrió. Y qué hicieron durante la agonía de Santiago y después.

En una cultura propensa a penas anticipadas y a veredictos mediáticos expréses necesario aclarar que la demanda de investigar la desaparición y ahora el contexto de la muerte exige debido proceso y no condenas sin sentencia firme.

Los gendarmes no golpearon a Maldonado antes de la caída al agua lo que no agota el repertorio de actos delictivos posibles que exigen una investigación minuciosa. El juez barre de un plumazo cantidad de medidas de prueba pedidas por las querellas. Bien mirado, vulnera su derecho de defensa en juicio. Los destrata y cuestiona sin fundamento ni necesidad. Sobreactúa su alineamiento con el Gobierno nacional.

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Cuando se realizó la autopsia insinuamos, como hipótesis a corroborar, dos delitos posibles que no incluyen golpizas ni ahogamiento.

  • Maldonado pudo ser instado de modo irresistible, aterrado o empujado al agua lo que tipificaría alguna variante de homicidio preterintencional o doloso. Preterintencional es el obrar delictual que causa un daño superior al buscado por su autor. 
  • Los gendarmes, que estaban a metros del sitio en que se encontró el cuerpo, lo vieron caer y no lo auxiliaron le impidieron recobrar la orilla. Podría tipificarse como abandono de persona o hasta como un asesinato similar al del pibe Ezequiel Demonty.

Se trata de posibilidades más creíbles que un cuasi suicidio. Hay otras líneas de investigación inexploradas.

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La premura del juez para poner fin a cualquier investigación es consecuencia de las presiones del Ejecutivo. El mismo se lo confesó a la madre de la víctima a quien ha injuriado. Ahora desmiente.

Faltan recorrer muchas instancias, locales e internacionales. La historia continuará.

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