El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunirá hoy en el palacio del Elíseo con ministros y representantes de aseguradores privados para organizar el llamado debate público nacional, anunciado la semana pasada. De esta manera, el gobierno francés inicia una semana en la que luchará a contrarreloj para implementar las medidas dadas a conocer por el presidente y que ayer detalló el primer ministro, Edouard Phillipe, para hacer frente a la crisis provocada por la movilización de los chalecos amarillos.

Para organizar los pasos a seguir, Macron no viajó al sur del país, donde debía lanzar la presidencia francesa del G7. “Es una priorización normal de mi agenda”, declaró el mandatario al margen de un encuentro con el presidente de Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, en la casa de Gobierno. “El martes (por hoy) me reuniré con el conjunto de las mutuales, aseguradores privados y ministros para organizar el debate público nacional ya que deseo clarificar sus reglas de aquí al miércoles, lo que imponía mi presencia en París”, añadió. Las modalidades de este gran debate, previsto hasta el 1 de marzo, todavía no están claras. Tiene que apoyarse en gran parte en los alcaldes y abordar cuatro grandes temas: transición ecológica, fiscalidad, organización del Estado y democracia ciudadana (donde se ha incluido la inmigración).

Entretanto, el primer ministro detalló ayer en una entrevista con el diario Les Echos las medidas anunciadas hace seis días por el presidente. Phillipe explicó que habrá un aumento de 100 euros mensuales para los trabajadores que ganen el salario mínimo, la defiscalización de las horas extras o la exención de un aumento de impuestos para algunos jubilados. Estas medidas, dijo el premier, tendrán un costo de 10.000 millones de euros para las arcas públicas, y harán que el déficit alcance en 2019 el 3,2 por ciento del PIB, según las autoridades.

Para atenuar su impacto en el Tesoro, el gobierno decidió aplazar un año una reducción impositiva a las empresas que iba a aplicarse en 2019. La medida se aplicará no obstante a las empresas que facturen menos de 250 millones de euros anuales. Estas medidas serán presentadas en forma de proyecto del ley mañana en el Consejo de Ministros, antes de pasar a la Asamblea el jueves y al Senado el viernes.

Es la primera vez que Macron da su brazo a torcer desde que asumió la presidencia el año pasado. Ajeno a la presión de la calle, de sindicatos y partidos de la oposición, contra sus reformas del mercado laboral o el sector ferroviario, el mandatario tuvo que ceder ante una protesta heterogénea, sin líderes ni claras reivindicaciones. Nacido como un movimiento de los chalecos amarillos en protesta contra el alza de los precios del combustible, fue acaparando el descontento de las provincias frente a las grandes ciudades, para convertirse en un contenedor de diversas reivindicaciones. 

Acorralado en el Elíseo, en los niveles más bajos de popularidad desde su llegada al poder en mayo de 2017, Macron se vio obligado a dar un giro en su política en un intento casi desesperado por acallar el descontento. La subida del salario mínimo, varias reducciones de impuestos y la renuncia a la tasa ecológica sobre el combustible fueron el primer retroceso del presidente.

Macron asumió que proyecta la imagen de un político distante de sus ciudadanos, sordo a sus problemas. “No he logrado reconciliar al pueblo francés con sus dirigentes”, confesó el presidente justo antes de que cristalizara el descontento de los chalecos amarillos. Así, cuando comenzaron las protestas, su imagen ya estaba dañada, relacionada con la de  se un presidente de los ricos, un “Júpiter” altivo y pretencioso que se enorgullecía de avanzar en sus reformas pese al descontento popular.

Actualmente, en el terreno, las protestas de los chalecos amarillos fueron menguando. Durante el fin de semana, varias rotondas bloqueadas por los manifestantes empezaron a ser evacuadas. “Estos desalojos van a continuar”, afirmó el ministro del Interior, Christophe Castaner. “Lo digo claramente. ‘¡Ya basta!’”, insistió, añadiendo que “no podemos seguir paralizando la economía francesa”.