Otras voces, otros ámbitos

Niñez

La baja en la edad de imputabilidad sólo agravará los índices de violencia e inseguridad. El proyecto nacional es un receta del duranbarbismo para correr la atención pública de la situación crítica que se vive.

El Ejecutivo nacional es un cultor de la llamada "posverdad" y ha sabido sacar rédito político de ello: no importan los hechos y las evidencias a la hora de captar a la opinión pública, lo que prima son las creencias y los climas sociales sobre determinados temas. Es por eso que, lanzado a la campaña presidencial de 2019, y frente a un escenario recesivo en el plano económico, sin ningún aspecto positivo a destacar, y con índices alarmantes en lo social, se instala en la agenda mediática la problemática de la inseguridad como la madre de todas las batallas. Literalmente, se busca reconquistar a un electorado que se ha vuelto un tanto esquivo, producto de la crisis y el ajuste, con una de las perspectivas que más parece seducir en estos tiempos: la mano dura. La política punitivista, desplegada desde el primer día de gestión de la Alianza Cambiemos, es el eje de todas las propuestas que se han dado a conocer en los últimos días: la compra de pistolas Taser y la expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos. La baja de la edad de la imputabilidad, uno de los puntos incluidos en el proyecto oficial del nuevo Régimen Penal Juvenil, sigue en la misma línea. La medida es defendida como una forma efectiva para brindar seguridad a la ciudadanía, aunque todos los estudios y expertos en la materia afirmen lo contrario.

Para el duranbarbismo no interesan, en este caso, los datos, ni los resultados demostrados, sino la atracción que tienen las recetas fáciles y de rápida ejecución. Como sucediera con las leyes Blumberg, que empeoraron el ya colapsado sistema penitenciario, se sabe que el impacto de estas políticas, de implementarse, sería desastroso. De las 40 organizaciones y especialistas convocados por el Ministerio de Justicia para evaluar la reforma, solo tres estuvieron a favor. Si de números se habla, aunque para el grupo de ceos en el poder son secundarios, estos muestran a las claras que la intervención de menores de edad en hechos graves es insignificante, menos del 1%.

Alicia Gutiérrez - Diputada provincial

Gustavo Gamboa - Secretario general

Partido Solidaridad e Igualdad

 

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