Después de la tregua que siguió a la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología por casi cinco días, a fin del año pasado, las organizaciones de la comunidad científica vuelven al ruedo. Quieren tener precisiones sobre cómo se van a integrar al sistema científico los investigadores (508 según el acuerdo firmado en diciembre) que aprobaron todas las instancias para acceder a la carrera de investigadores del Conicet, pero que por un recorte presupuestario fueron excluidos por el Gobierno. El próximo sábado 4 se realizará un plenario nacional de todas las organizaciones que participan del conflicto: allí se discutirá un plan de acción y una lista de reivindicaciones. Según se acordó en diciembre, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, debería abrir una mesa de negociación en los primeros días de febrero.

Hoy las organizaciones le entregarán una carta a Barañao y a Alejandro Ceccato, presidente del Conicet, donde exigen: “El conjunto de las organizaciones demandamos que se fije la fecha de apertura de la Comisión Mixta de seguimiento. Proponemos que la misma se realice el día miércoles 8 de febrero a las 11”. En esa comisión deben tratarse cuestiones que en el acta firmada el 23 de diciembre quedaron inconclusas: cómo será la adaptación al sistema científico de los investigadores que no entraron a la carrera del Conicet: se les otorgó una beca hasta diciembre de 2017 y deben desempeñarse en universidades u organismos descentralizados.

Los excluidos de la carrera del investigador conformaron una red federal de afectados –fue el 28 de diciembre pasado, en Córdoba, cuando se desarrolló el primer plenario nacional del sector–. El espacio está integrado por los más de 500 investigadores recomendados que no ingresaron a carrera del Conicet. Su objetivo es coordinar a nivel nacional las acciones y tener un relevamiento de casos más exhaustivo. Ya tuvieron su primer triunfo: descubrieron que son más de 508 los investigadores que, estando recomendados, no entraron a carrera. “Con vistas a preparar dicha reunión, solicitamos que se publique el listado definitivo y completo de los recomendados no ingresantes a CIC 2016, considerando las omisiones e irregularidades detectadas”, enfatiza la carta que presentarán hoy. “No estamos pataleando por algo que no nos corresponde, sino por algo que nos prometieron –dijo a PáginaI12 Guido Giorgi, uno de los impulsores de la red y representante de los afectados de Capital y Gran Buenos Aires–. Nosotros queremos estar investigando en laboratorios y centros, no teniendo asambleas y peleando por un puesto que legítimamente ganamos. Quisiéramos estar trabajando para aportar al desarrollo del país, pero el Gobierno nos obliga a esto.”

“El conflicto está abierto”, expresó a este diario Silvina Fernández, de la organización Jóvenes Científicos Precarizados (JCP). Fernández consideró que la única forma de que ingresen a la carrera del Conicet todos los recomendados es “por medio de la lucha y la movilización”, y anticipó que seguramente en el plenario nacional se resuelva una marcha para el día de la reunión. “La plata está –remarcó–, el mismo Gobierno lo reconoce, pero quieren achicar el Conicet. Es inviable su propuesta.” 

El Gobierno propuso que, de los más de 500 afectados, algunos continúen en el Conicet, otros en organismos descentralizados y algunos en universidades nacionales. “Las universidades no tienen cargos de investigadores full time, pero además, cada vez reciben menos presupuesto; no hay garantías con la propuesta que nos hacen”, advirtió. El año pasado varias universidades nacionales cerraron el año declarándose en emergencia presupuestaria. 

“Nosotros queremos que el total de recomendados ingresen al Conicet. Parece que para el macrismo hay un cupo, pero para nosotros el desarrollo de la ciencia y la técnica no tiene límites mientras ayude al pueblo argentino”, dijo Nuria Giniger, de Científicos y Universitarios Autoconvocados. También respondió a dichos de Barañao, quien expresó que si el Conicet continuaba expandiéndose al ritmo que lo hacía con el gobierno anterior en poco años iba a tener que suspender directamente todos los ingresos. “La imposibilidad de la que habla el ministro –dijo Giniger– tiene que ver con su proyecto de país, el Gobierno se opone a un modelo popular, busca uno que sea restrictivo y elitista, que no pretende desarrollarse para el conjunto de la sociedad.”

Todos los sectores en lucha elaboraron un pliego de reivindicaciones que el sábado próximo se volverá a discutir en el plenario y que podría ampliarse. Uno de los ítems dice: “Los ingresos a la Carrera del Investigador Científico no serán a costa de ajustes de convocatorias futuras ni de las reconsideraciones. Solicitamos a Conicet que explicite de manera anticipada el número de ingresantes de la convocatoria a CIC 2017 y las cuotas de vacantes por áreas de conocimiento y por zonas geográficas prioritarias, respetando el crecimiento proyectado en las últimas cinco convocatorias”.

Algunas organizaciones pretenden que la reunión con los funcionarios no se limite únicamente a este conflicto, porque aseguran que “el objetivo es el desguace del sistema científico”. Hasta el 10 de diciembre de 2015 existía una mesa de relaciones laborales que se reunía periódicamente para discutir las condiciones de trabajo: “La tendencia iba hacia la producción de un convenio colectivo de trabajo”. Allí se veían las caras representantes de ATE-Conicet, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y los funcionarios del sector. El gremio dirigido por Andrés Rodríguez, UPCN, decidió tomar distancia del conflicto, con el argumento de que “los becarios no son trabajadores”. Con la impasse de esa mesa, la reunión prevista para comienzos de febrero podría convertirse en su reemplazo.

Informe: Gastón Godoy.