Como lo fueron en su momento el doble crimen de Ingeniero Budge o la detención ilegal y muerte en una comisaría de Walter Bulacio, la desaparición de Luciano Arruga es un caso emblemático entre los miles de violencia institucional ocurridos en democracia. Luciano, perseguido desde mucho antes por policías del Destacamento de Lomas del Mirador, donde el chico de 16 años vivía con su madre y su hermana, desapareció hace diez años, el 31 de enero de 2009. Una investigación judicial plagada de irregularidades hizo que el enigma del paradero del joven se develara recién el 17 de octubre de 2014, cuando hallaron el cuerpo enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Se dijo que la muerte se debió “a un accidente” porque fue atropellado por un auto en la General Paz, en el cruce con Emilio Castro, un sector donde no hay cruce habilitado y que es muy peligroso para los peatones. La pregunta que no respondió la Justicia es de quién escapaba esa noche el joven. 

“La causa sigue en la etapa de instrucción y no se establecieron las circunstancias ni de la desaparición ni de la muerte, de la que pensamos que fueron responsables los policías, pero también los actores judiciales y políticos que no hicieron lo que tenían que hacer para que se sepa la verdad”, dijo Vanesa Orieta, hermana de Luciano, que ha encabezado junto con la madre, Mónica Raquel Alegre, una larga lucha contra la impunidad.

En declaraciones a Página/12, la madre de Luciano recordó que ese domingo 1º de febrero de 2009, el día que murió Luciano, con Vanesa recorrieron tres hospitales para preguntar si estaba internado y un médico del Santojanni, donde fue llevado el cuerpo del chico, les dijo que “el único NN era un hombre de unos 35 años que al final (en 2014) era el del negrito. ¿Cómo puede ser que confundan el cuerpo de un hombre de 35 años con el de un chico de 16?”. Mónica Raquel Alegre criticó a los jueces de los tribunales federales de Morón: “Ellos siguen interrogando a los amigos de Luciano, siguen sospechando de nosotros, de nuestra familia, pero no llaman a los médicos para que expliquen cómo fue que no se enteraron de la desaparición de mi hijo y de ese cuerpo que había sido llevado al Santojanni”. 

Puntualizó que ya llevan “diez años de lucha, de marchas, de reclamos ante la Justicia y seguimos sin tener respuesta, seguimos sin que nos digan la verdad y sin que se condene a los culpables de lo que pasó”. Mónica Raquel Alegre les pidió a los jueces “que citen a declarar a los médicos del Santojanni, que revisen los archivos del hospital, que investiguen cómo llegó allí el cuerpo del negrito, porque eso es fundamental para saber cómo fue que murió. Que me digan por qué nos negaron que el cuerpo que tenían allí era el de Luciano”. 

El sábado pasado, como todos los años para esta fecha, miles de personas marcharon desde el cruce de General Paz y Mosconi hasta la plaza 12 de Octubre, en el partido de La Matanza. La marcha se hizo por “los diez años de impunidad y por el derecho a saber la verdad”. Vanesa recalcó, por su parte, que en este nuevo aniversario “seguimos reclamando justicia (ahora ante los tribunales federales de Morón) para que se condene a los responsables materiales, políticos y judiciales de la desaparición forzada de Luciano”. 

La muerte se produjo en la noche del 1º de febrero de 2009, un día después de su desaparición, en circunstancias que siguen sin haber sido esclarecidas. Luciano fue visto por última vez por su familia cuando salió de su casa para ir a un cyber, en la tarde del 31 de enero de ese año. El chico sufría acoso policial porque los agentes querían obligarlo a robar para ellos. La hipótesis fue fundamentada a partir de sucesos anteriores a la desaparición. En septiembre de 2008, Luciano fue detenido y golpeado en el Destacamento Policial de Lomas del Mirador, acusado falsamente de robar un reproductor mp3. Cuando fueron a buscarlo a ese lugar, la madre y la hermana escucharon los gritos desesperados del joven pidiendo que lo sacaran de allí porque “lo estaban cagando a palos”. 

Esa vez estuvo detenido durante varias horas. En un juicio que se hizo en mayo de 2015, el Tribunal Oral 3 de La Matanza condenó a diez años de prisión, por torturar a Luciano, al policía bonaerense Julio Diego Torales. La aparición del cuerpo de Arruga en el 2014, en lugar de cerrar el caso le agregó más elementos de reproche a una Justicia que nunca investigó a fondo. Vanesa recalcó que “si no se empieza a condenar y sentar precedentes se genera un estado de impunidad que provoca una enfermedad social, porque se empiezan a naturalizar hechos como la tortura, el gatillo fácil y las desapariciones forzadas, producto de no tener un proceso democrático basado en el derecho, que resguarde la vida de las verdaderas víctimas y que condene a los responsables”. Llamó a ponerle fin a “un sistema puesto al servicio del abuso de poder”.