A meses de las elecciones, el Gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), solicitó la elevación a juicio oral del caso Hotesur, en el que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, por supuesto lavado de dinero. Ahora el expediente será girado a la Oficina Anticorrupción, en manos de la macrista Laura Alonso, que también es querellante en la causa. 

El pedido fue presentado por las autoridades del organismo antilavado, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, el juez federal Julián Ercolini, mediante un escrito de 200 páginas.

En el escrito, los responsables de la UIF sostuvieron que en el caso Hotesur es una de las causas en la que habría quedado en evidencia “una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público”. Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, habían solicitado lo mismo en diciembre en el marco de la causa que alcanza a otros 18 imputados, entre los que se encuentran los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario detenido Lázaro Báez. Se trata de la causa iniciada en noviembre de 2014, cuando la entonces diputada Margarita Stolbizer denunció una supuesta operatoria inmobiliaria, con alquiler de hoteles de la familia Kirchner, para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas.

“La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, y otros ex funcionarios y empresarios.

Los fiscales remarcaron que a través de la compra de hoteles como el Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, se constituyó el “mecanismo a través del cual los ex mandatarios y los empresarios allegados canalizarían el dinero que era sustraído al Estado a través de la obra pública vial, otorgándole así la apariencia de provenir de una actividad lícita”. 

La defensa de la ex presidenta siempre sostuvo que las operaciones hoteleras fueron reales y que todos los pagos se hicieron con cheques y transferencias a precios de mercado. El auto de procesamiento en ningún momento dice que los valores de las operaciones fueran exorbitantes. Además, según la defensa de CFK, no se entiende con qué razonamientos se deducen retornos, si se habla de contratos de obra pública por 46 mil millones de pesos y el pago de alquileres de los hoteles es 27 millones. Son valores que no tienen proporción alguna.