Tras las denuncias de coimas y de diversas irregularidades contra el juez federal Luis Rodríguez, la Comisión de Disciplina y Acusación de Consejo de la Magistratura, que preside Miguel Angel Pichetto, convocó para mañana a una reunión extraordinaria. Allí se podría definir si se acumulan las cinco presentaciones que hay hasta el momento así como decidir las primeras medidas. De hecho el consejero académico Diego Molea ya mandó a pedir las declaraciones juradas del magistrado. Rodríguez arrastra pedidos de juicio político desde el año pasado, con la conformación anterior del Consejo, que había presentado parte del equipo de Elisa Carrió y el abogado Ricardo Monner Sans. Los cuestionamientos a su actuación son de larga data, pero la causa de las (fotocopias) de los cuadernos fue lo que despertó el interés del oficialismo, que intenta vincularlo al kirchnerismo. Esta vez el disparador fue la declaración como arrepentida de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, quien dijo que a través de su abogado Miguel Angel Plo su marido le pagó al juez 10 millones de dólares para que aliviara su situación en la causa por enriquecimiento ilícito.

Los consejeros discutirán si juntan todos los expedientes y si ya se disponen medidas. La senadora radical Inés Brizuela y Doria, por ejemplo, pidió que Pochetti fuera a declarar al Consejo.

Desde hace años que se conocen los cuestionamientos al juez Rodríguez, vinculado con el operador judicial Javier Fernández, que es el padrino de su hija, y la llamada “escudería Stiusso” –por el espía Antonio Stiusso–, que supo tener alta incidencia en Comodoro Py. Cuando concursaba para juez federal fue denunciado por haber ido al examen con ventaja: había pedido un caso exactamente igual al que le tomarían como prueba. Pero esta irregularidad no tuvo consecuencias penales ni de ningún tipo. El periodista Horacio Verbitsy lo describió como un coleccionista de elementos nazis y el Cels lo denunció por provocar dilaciones en la causa donde se investigaban sobornos en la Cámara de Casación Penal Federal para salvar a José Pedraza de ir a la cárcel por el homicidio de Mariano Ferreyra. Con el paso del tiempo, señalaron, se perdieron  mensajes clave de los celulares y el juez Eduardo Riggi, que estaba sospechado, quedó a salvo. El kirchnerismo no cuestionó en su momento la designación y ahora el oficialismo lo puso en foco para sostener la causa de las fotocopias.