La Fundación Huésped se sumó al reclamo de Ni Una Menos Tucumán y otras organizaciones para que no se obstaculice el acceso a la interrupción legal del embarazo a la niña de once años embarazada tras haber sido violada por la pareja de su abuela. También alertaron sobre la información sensible que se dio a conocer sobre el caso y cuestionaron al diario La Gaceta.
"La dilación de la práctica por parte del sistema de salud provincial no sólo atenta sobre sus derechos si no que judicializa indebidamente el acceso a la salud, viola la confidencialidad de la relación sanitaria, e incurre en violencia y tortura", planeó Huésped en su cuenta de Twitter.
La Fundación remarcó que la Justicia solo debe intervenir para investigar el abuso que sufrió la niña. "Cualquier artimaña de funcionarios judiciales para dilatar la práctica conlleva mal desempeño del funcionario público y deberá ser debidamente investigada por las autoridades competentes", agregó.
Y recordó que "desde 1921 el Código Penal contempla causas justificatorias para la interrupción del embarazo y el caso de esta niña entra claramente en ellas". "El Fallo FAL de La Corte Suprema de 2012 exigió que no se impida el acceso a la práctica burocrática o judicialmente", completó la Fundación Huésped.
