El gobierno de Macri presentará un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La medida fue exigida por el FMI en el marco de las negociaciones por el segundo acuerdo, con el cual el organismos internacional aceptó adelantar casi todo el monto del crédito para evitar una cesación de pagos antes de las próximas elecciones. La reforma busca eliminar los objetivos de promover la “estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, que figuran en la actual Carta Orgánica. En su lugar, el BC sólo debería preocuparse por “promover la estabilidad monetaria”.

La propuesta oficial también apunta a eliminar cualquier financiamiento del Banco Central al Gobierno, lo que comúnmente se conoce como “emisión monetaria” aunque sea sólo uno de los tres canales de la emisión. Esa restricción está en sintonía con la meta de cero incremento de la base monetaria impuesta por el organismo en las últimas negociaciones. También se impondrían nuevos mecanismos de remoción de las autoridades de la entidad monetaria, una medida publicitada de mayor independencia del BC pero que, en realidad, busca mantener el perfil ortodoxo del organismo en caso de que un gobierno popular llegue al poder.

Respecto a los múltiples objetivos del Banco Central, ya su primer presidente de la gestión Macri, Federico Sturzenegger, había renegado de ellos, sosteniendo que por el orden de enumeración, el más importante era el de estabilidad monetaria, al que dedicaría su labor. Esa polémica decisión intentó cubrir legalmente su incumplimiento de los objetivos de promoción del empleo y la equidad. Sin embargo, tampoco logró cumplir con el único objetivo que se propuso ya que, durante su administración, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda alcanzó casi el 50 por ciento, gracias a una inflación acumulada en su mandato de casi del ciento por ciento. 

Estabilizar el valor de la moneda tampoco parece ser la prioridad de las autoridades del Central, tras firmarse los acuerdos con el Fondo Monetario. La imposición de una política de dólar flexible produjo un ajuste de la paridad cambiaria del 100 por ciento, lo que no parece la mejor idea para lograr la estabilidad monetaria. El impacto inflacionario de la devaluación empujó los aumentos de los precios al 50 por ciento interanual, la cifra más elevada de los últimos 26 años. Tampoco restringir el financiamiento del Banco Central al Gobierno servirá para reducir la inflación, ya que los datos muestran que años de desaceleración del incremento de la base monetaria, como en 2014, 2016 y la segunda mitad de 2018, coinciden con aceleraciones de la inflación. Por el contrario, años como 2013 y 2015, cuando la emisión monetaria cobró un ritmo más vertiginoso, coincidió con una inflación en descenso.

La falta de relación entre política monetaria e inflación se debe a que la suba de los precios de los últimos años está motorizada por causas no monetarias. Una inflación inercial con piso del 20 por ciento que se acelera cuando se devalúa la moneda (2014, 2016 y 2018) y cede cuando se plancha el dólar (2013, 2015 y 2016). Ese tipo de inflación requiere una política coordinada de ingresos, cambiaria y monetaria, algo para lo cual, la independencia del Banco Central resta en lugar de sumar.

@AndresAsiain