La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó al Estado argentino a garantizar de manera oportuna el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), de acuerdo con la normativa vigente. “La no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos”, señaló la Representante del Acnudh para América del Sur, Birgit Gerstenberg.
El caso de la niña tucumana también fue denunciado también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Procedimientos Especiales en Contra de la Discriminación por la Aplicación de la Ley de la ONU, por la organización Cladem.
El Acnudh recordó la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de las mujeres y niñas, incluida la salud sexual y reproductiva, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos.
“La demora injustificada en el acceso a la ILE por parte del Sistema Provincial de Salud y el Hospital del Este Eva Perón vulneró el derecho de la niña a la salud”, indicó Gerstenberg. “Ambas instituciones estaban obligadas a garantizar a la niña la interrupción legal de su embarazo de acuerdo con la legislación en Argentina, desde el momento en que tanto la niña como su madre manifestaron expresamente su deseo de interrumpirlo”.
La Oficina Regional del Acnudh observó con preocupación que este caso se sume a otros similares. Al respecto, destacó que varios mecanismos internacionales –como el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité contra la Tortura– realizaron recomendaciones específicas a Argentina para que garantice el acceso a la ILE en condiciones de seguridad, asegurando que la opinión de la interesada siempre sea tenida en cuenta.
