El Estado Nacional y la empresa YPF sufrieron un duro revés en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. El litigio impulsado por un fondo buitre de segunda generación que cuestiona la expropiación de la mayoría accionaria de la petrolera estaba suspendido a la espera de que la Procuración General de Estados Unidos remitiera a la Corte Suprema su opinión sobre el caso. El tribunal neoyorquino definió, sin embargo, el jueves que la demanda continué su camino en primera instancia. La decisión sorprendió al gobierno de Mauricio Macri. Las autoridades argentinas confiaban que la demora del procurador puesto por el presidente estadounidense Donald Trump les permitía ganar tiempo, pero esa estrategia ahora se derrumbó.

La demanda contra la petrolera y el país por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía está liderada por la firma de abogados británica Burford Capital. A diferencia de los fondos buitres, los ingleses no llevaron títulos en default de la petrolera para iniciar un reclamo en los tribunales. Burford Capital se hizo con los derechos para litigar que originalmente tenía el Grupo Eskenazi, accionista al momento de la expropiación. 

La causa original está a cargo de la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Mahnattan, quien reemplazó a Thomas Griesa tras su muerte. La demanda se inició en abril de 2015. Los abogados ingleses aseguran que, al momento de expropiar la participación mayoritaria de YPF en manos de la española Repsol, Argentina no ofreció comprar la totalidad del paquete accionario como, según alegan, establecían los estatutos de la petrolera. Todavía no existen definiciones sobre la compensación prevista por esa supuesta violación pero se estima que el reclamo rondaría entre 1000 y 3000 millones de dólares.

El 10 de julio del año pasado la Corte de Apelaciones confirmó que el juicio debía tramitarse en Estados Unidos. El Gobierno e YPF apelaron. El pedido fue rechazado y el caso debía volver a la Corte Federal del Distrito Sur. Sin embargo, YPF solicitó un pedido de suspensión (“stay of mandate”), el cual fue concedido el 2 de octubre por 30 días. El 31 de octubre la petrolera interpuso un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y realizó una presentación para que el proceso continúe suspendido hasta tanto esa corte se expidiera respecto a la procedencia del mismo. El “stay” se extendió cuando la Corte le pidió opinión sobre la demanda a la Casa Blanca. “Se invita al Procurador General a presentar escritos en estos casos expresando la visión de los Estados Unidos”, sostiene el pedido del máximo tribunal norteamericano. El jefe de los abogados, Noel Francisco, no tiene fecha para responder pero se especulaba que su escrito llegaría a partir de marzo. Hasta ahora esa presentación no llegó. La esperanza de los abogados argentinos era que esa jugada demore el proceso, pero ahora la situación cambió. 

Los buitres de segunda generación no demandan en primera persona sino que lo hacen a través de dos empresas españolas que comenzaron a controlar después de su quiebra: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. La familia Eskenazi recurrió a esas firmas para llegar a administrar hasta un 25 por ciento de YPF. Burford Capital apareció en el marco del procedimiento de liquidación de las compañías en los juzgados españoles con el único fin de litigar en las cortes norteamericanas. Por eso, cuando remató la quiebra, el síndico español cedió a los británicos el derecho de hacerle juicio al Estado argentino e YPF.

El litigio contra Argentina e YPF no es el primer intento de Burford Capital para cuestionar en los tribunales la recuperación de un activo del Estado nacional. Después de la estatización de Aerolíneas Argentinas, los británicos fueron los encargados de financiar la demanda iniciada por Marsans ante el tribunal arbitral del Banco Mundial. Cuando el conglomerado español de turismo y líneas aéreas quebró, Burford se hizo con los derechos de la causa y financió al estudio King & Spalding para mantener el reclamo en el Ciadi. En 2017, el dúo de buitres obtuvo un fallo favorable -apelado- que ordenaba a la Argentina pagar 320,7 millones de dólares a los vaciadores de Marsans por la expropiación de la aerolínea de bandera en 2008.