Para suplantar la pronosticada y nunca desatada “lluvia de inversiones”, la Anses autorizó destinar dinero del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional argentino para financiar obras de la Participación Público Privada (PPP), que según la ley que el Gobierno logró aprobar en el Congreso debería aportar el sector privado. Es una decisión adoptada por el directorio del FGS en diciembre de 2018, reconocida en las respuestas que brindó por escrito el jefe de Gabinete Marcos Peña, en su último informe de gestión ante la Cámara de Diputados y nunca blanqueada por el organismo que maneja los fondos de las jubilaciones. Esto motivó un pedido de informe del vicepresidente de la Cámara baja José Luis Gioja (FpV-PJ) dirigido al titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, en medio de una dura crítica a la decisión del Gobierno.
“(Mauricio) Macri y (el ministro de Transporte, Guillermo) Dietrich quieren hipotecar el ahorro de nuestros jubilados en una aventura, sólo para beneficiar a sus amigos y para mostrar algo de obra pública en época de campaña". “Tenemos fundadas sospechas que se está utilizando el dinero de los jubilados para los fracasados proyectos PPP”, sentenció el diputado al tiempo que hizo público el pedido de informes a Basavilbaso. Una apreciación que según Gioja “se desprende del informe del jefe de Gabinete, queda claro que el Gobierno deja abierta la posibilidad de suplir la financiación privada, que nunca consiguió, con dinero ahorrado por los jubilados en el FGS".
Como respuesta a las sospechas que entonces había manifestado Gioja en las pregunta que por escrito los legisladores le anticipan al funcionario, Peña adjuntó como respuesta la resolución del Comité Ejecutivo del FGS del 18 de diciembre del año pasado en la que sostiene que seguirá para este año una política de “posibles inversiones” en proyectos de PPP. En su pedido de informe, Gioja invoca la ley de acceso a la información pública para que un plazo de quince días Basavilbaso responda si “¿se ha invertido a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el Fideicomiso PPP vinculado al proyecto denominado ‘Red de Autopistas y Rutas Seguras’”. Donde también especifica las etapas que el Gobierno comenzó en el marco de la ley de la Participación Público Privada en el denominado “Corredor Vial A, B, C, E, F y Sur”.
De la misma forma si “¿se ha considerado invertir a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en proyectos de infraestructura?” y en el caso que la respuesta sea afirmativa, se “detalle en cuáles” con “fechas y montos” y que “acompañe copia de los respectivos análisis fundamentados de factibilidad y de riesgo financiero”, que debe elaborar el FGS en cada una de sus operaciones.
En este caso se trata de un pedido de informe como paso previo a cualquier acción legal. Como ha sucedido con otras operaciones financieras del FGS, en manos de anteriores funcionarios macristas. Tal es la denuncia penal realizada por el diputado Rodolfo Tailhade (FpV-PJ), que denunció la venta de acciones de empresas privadas que formaban parte de la cartera de inversiones financieras del FGS por debajo del valor de mercado, que habrían colaborado a disminuir y desfinanciar el sistema jubilatorio.
"Es de una irresponsabilidad sin límites lo que quiere hacer este Gobierno", dijo Gioja con la sospecha que estas operaciones con las PPP siguen el mismo camino. "La crisis de liquidez por la que atraviesa el Banco Nación (obligado por el gobierno a financiar con 300 millones de dólares los proyectos de PPP) y los desbarajustes económicos en los que nos ha sumergido Macri, donde financiarse tiene una tasa del 70 por ciento promedio, más los antecedentes negativos que hay en el mundo sobre proyectos de PPP hacen que ninguna empresa quiera poner un peso ni una máquina para proyectos como estos”, insistió Gioja. y concluyó: “entonces no tuvieron mejor idea que meterle la mano a los ahorros de los jubilados. Son muy creativos para beneficiar a los amigos con los dineros públicos”.
