El elenco estable de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri incorporó una nueva figura a su abanico de imputaciones: apología del delito. El fiscal federal Ramiro González impulsó ayer la acción penal contra el ex militar carapintada Juan José Gómez Centurión, actual jefe de la Aduana, por negar en un programa de televisión la existencia del plan sistemático de desapariciones forzadas y apropiaciones de niños durante la última dictadura. Organismos de derechos humanos pidieron a fines de enero que Macri despidiera a Gómez Centurión, que fue repudiado inclusive por aliados radicales y de la Coalición Cívica, pero tanto el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, como el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmaron que era sólo “una opinión personal” y minimizaron el hecho de contar en sus filas con negacionistas del genocidio.

La denuncia penal a Gómez Centurión fue impulsada por la legisladora porteña Delia Bisutti, ex detenida desaparecida, y por los diputados Héctor Recalde, Teresa García, Marcos Cleri, Diana Conti, Carlos Castagneto, Lucía Masin y Rodolfo Tailhade, del Frente para la Victoria. La imputación del Ministerio Público Fiscal, que recayó en el juzgado federal 4 a cargo interinamente de Marcelo Martínez de Giorgi, es por las declaraciones del militar retirado en el programa “Debo Decir”, en el canal América TV. “Lo del Plan sistemático es un adjetivo; objetivamente la realidad es otra. Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el ’75 con una orden constitucional de aniquilamiento”, dijo entonces Gómez Centurión, que reemplazó la teoría de errores y excesos por la de la torpeza. “Desde el punto de vista histórico, no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras”, continuó, ante la mirada impávida de los participantes del programa. La ex senadora Chiche Duhalde intervino para advertirle que estaba cayendo en el mismo “error” de Darío Lopérfido. Impertérrito, Gómez Centurión sostuvo que las miles de desapariciones no fueron sistemáticas porque “depende de cómo se hayan producido”. “Es un caos, no es sistemático. Sistemático fue Auschwitz. En la descentralización de la lucha lo que generó fue un plan caótico”, postuló, pasando por alto la planificación militar que dividió el país en zona, subzona y áreas para organizar la represión ilegal y otorgó amplios poderes inclusive a jefes de áreas para decidir sobre vidas y muertes.

Los dichos fueron repudiados por dirigentes de todo el arco político, inclusive aliados de Cambiemos. Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, repudió la “brutalidad extrema” de las afirmaciones y consideró que Macri no sólo debía echarlo sino que debía analizarse “si no es apología del delito”. Los legisladores que tomaron la posta explicaron en su denuncia que Gómez Centurión había defendido el genocidio “al negar una realidad incuestionable para nuestra sociedad”. “Defiende públicamente el terrorismo de estado, instrumentado a través del plan sistemático de desaparición forzada de personas y apropiación de niños que la justicia probó en numerosas causas”, recordaron. El gobierno, por medio de un comunicado de Avruj, sostuvo que las frases del funcionario eran “a título personal” y ratificó que “el Terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias”. Garavano insistió con la teoría de la “opinión personal” y consideró que “no tiene sentido volver a generar debates sobre un tema en el cual la Justicia ya se pronunció en numerosos casos”. El debate que reabre la imputación es sobre la idoneidad moral para ocupar cargos públicos.