En los últimos días, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuraron Vuela el Pez y Simona Espacio Cultural. Fue “haciendo uso y abuso de sus facultades”, según denunció el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) en un comunicado. Las clausuras ya fueron levantadas. No obstante, predomina el malestar en el sector debido a las consecuencias que estas medidas generan en las vidas de artistas y otros trabajadores de la cultura. Y sobre todo, porque fueron “irregulares, arbitrarias, injustificadas”, en palabras de Jenny Giraldo, coordinadora de Vuela el Pez.

Ambos casos fueron muy similares. Los inspectores se anunciaron en la puerta de los centros culturales. Mientras quienes los atendieron buscaban al encargado y la carpeta de habilitación del lugar, “sin mediar palabra colocaron la faja de clausura, se subieron a la camioneta y se fueron”, relata el comunicado que MECA hizo público el domingo por la noche, luego de una asamblea. La “excusa” fue obstrucción del procedimiento. De esta forma, “la cultura volvió a ser cercenada, coartada y silenciada por decisiones políticas”.

En diálogo con este diario, Giraldo aportó detalles de cómo se vivió el episodio en Vuela el Pez (Villa Crespo). La clausura ocurrió el 7 de julio alrededor de las 4, en medio del show de un DJ. Un inspector llegó para realizar una “recorrida”, procedimiento mediante el cual la AGC chequea que los espacios estén en condiciones de operar. El hombre fue recibido por el empleado de la boletería. No quiso esperar al encargado y colocó la faja de clausura. Era cuestión de minutos. “Los espacios de MECA compartimos el protocolo de que los encargados acompañen a los inspectores en las recorridas. Se pusieron de malhumor y se fueron sin explicación. El acta debe tener el nombre de la persona que lo recibe, su firma… pero esto fue irregular y arbitrario, sin ningún tipo de mediación y con bastante agresividad”, amplió Giraldo.

Por otro lado, Simona (Colegiales) fue clausurado el 11 de julio y permaneció inactivo durante una semana. Ambos centros culturales volvieron a abrir luego de una nueva inspección que dejó en claro que estaban en condiciones para funcionar. “Es toda una situación que tenemos los espacios culturales, autogestivos e independientes. Estamos en regla, pero los inspectores hacen visitas regulares y nos clausuran injustamente. Por supuesto que, si algo no está en regla, por seguridad debe estarlo. Nosotros nos esforzamos un montón para tener nuestra habilitación. Creo que vinieron con la intención de clausurar, no de inspeccionar”, se quejó la gestora colombiana, que hace cuatro años es coordinadora de Vuela el Pez. Allí, la situación afectó a 70 artistas y 17 trabajadores de distintas áreas y obligó, por ejemplo, a mover a otro sitio un concierto de la uruguaya Luciana Mocchi para el que ya estaban todas las entradas vendidas.

Hay un tercer caso. Es el de Galpón B (San Cristóbal), que permaneció clausurado durante diez días, aunque por otras razones. El motivo tuvo que ver con los matafuegos. Como explicó Soledad Martínez, de Abogadxs Culturales y MECA, los matafuegos suelen tener un código que facilita información sobre la carga, la fecha de vencimiento y otras características. Cuando la empresa los retira para recargarlos, deja otros en reemplazo sin aquél código. Con estos últimos contaba el Galpón B cuando recibió la visita de inspectores. “Los clausuraron por esto, cuando en realidad no era motivo de clausura”, aseguró Martínez.

“Es sistemático: en época de elecciones es necesario recaudar. Y pasan dos cosas. Inspecciones que se vuelven abusivas y traen aparejadas clausuras. Ante cualquier cosa, exageradamente clausuran. Y cada centro cultural tiene detrás familias que dependen de él. Por otro lado, empiezan a llegar actas que datan de cuatro años atrás para que los responsables de espacios se defiendan, con amenaza de multa”, indicó Martínez. El comunicado de MECA señala que las clausuras “arbitrarias” pueden implicar una multa mínima de 150 mil pesos. “Una vez más, como ya venimos acostumbrados en años electorales, el gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta propone que su campaña la paguemos lxs vecinxs de la ciudad”, concluye el texto. “En cuanto a las clausuras, estamos siempre peor. El sector está en emergencia. Si a eso le sumamos la imposibilidad de trabajar y el costo de una multa es insostenible”, agregó Martínez.