La defensa de Rafael Llorens, un ex asesor legal del Ministerio de Planificación que estuvo 8 meses preso por las fotocopias de los cuadernos, denunció sin rodeos que la causa se construyó mediante un “proceder extorsivo” desplegado sobre los imputados, cuyos “dichos fueron extraídos bajo algún tipo de engaño o coerción y dictados en función de un libreto preconcebido que fue tomado como una pauta de verdad de tal modo que los imputados supieran en todo momento: (a) que si colaboraban se salvaban de la cárcel; y (b) que colaborar no era decir la verdad sino ajustarse al guión que surgía de las fotocopias de los presuntos cuadernos incinerados”. Todo esto está planteado en un escrito del abogado Mariano Silvestroni que cuestiona la elevación a juicio oral, pero aclara que como eso ocurrirá igual, será importante que se analice en esa instancia cómo se conformó la prueba en este expediente. Los planteos de Llorens figuran entre los más duros y explícitos que se fueron presentando durante el trámite de la causa. También plantea que está fuera de toda lógica que la Oficina Anticorrupción actúe como querellante, cuando su titular –Laura Alonso– ha dicho públicamente que el organismo es selectivo y no persigue funcionarios del gobierno actual.

Llorens estuvo bastante más tiempo preso que los arrepentidos de la causa, precisamente porque no aceptó convertirse en lo que, técnicamente, se llama “imputado colaborador”. Quedó imputado como parte de una asociación ilícita en la que contratistas del Estado habrían pagado coimas a ex funcionarios porque aparecía mencionado en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta –mano derecha de Julio De Vido– como algunas de las personas que en ocasiones fueron trasladadas por él. Centeno nunca vio que Llorens hubiera recibido plata, pero aún así, en base a conjeturas, el juez Claudio Bonadio lo procesó. También tuvo en cuenta una declaración del arrepentido estrella de Comodoro Py, Leonardo Fariña, que tampoco vio nada pero incluyó a Llorens entre una lista de secretarios que supuestamente cobraban sobornos. El ex funcionario tampoco era secretario, aclara el escrito de Silvestroni, que define a Fariña como “el comodín” de los tribunales de Retiro y señala que es una declaración que fue incorporada “a la D’Alessio”, en alusión al falso abogado procesado por espionaje ilegal, que también funcionó como testigo comodín en causas como la de supuestos sobreprecios en la importación de GNL.

La acusación que se le hizo a Llorens es burda: se basa en cuatro referencias en los cuadernos del chofer a situaciones en las que supuestamente acompañaba a Baratta a cobrar sobornos de las empresas Isolux y Electroingeniería. De la primera, el empresario Juan Carlos de Goycochea, que fue arrepentido, no reconoció pagos a Llorens. Gerardo Ferreyra, de la segunda, niega las coimas. La imputación señala, por ejemplo, una reunión en el lobby del Hotel Hilton de Puerto Madero donde se habrían entregado bolsos a Baratta en presencia de Llorens, quien conoció ese hotel años después de aquel supuesto encuentro. También se mencionan de manera imprecisa reuniones en un departamento. No hay nada más que esas anotaciones. El resto, como la declaración de Fariña, parece un manotazo de ahogado para dar sustento a una acusación vacía.

“La demostración de la extorsión judicial será el objeto específico del juicio oral en caso de que la causa sea (contra derecho) finalmente elevada a dicha instancia procesal”, dice el escrito. “Se han limitado severamente todos los derechos procesales de mi cliente, se lo detuvo durante 8 meses, se lo transformó en un muerto civil con un embargo multimillonario, sin pruebas concretas que lo justifiquen, como castigo implícito por no haber aceptado acomodarse a la historia oficial en franca violación (una vez más) al principio de igualdad ante la ley”, agrega el planteo que cuestiona que sólo se han formulado acusaciones genéricas e incluso “ambiguas” en su contra, lo que obliga a “intentar una especie de defensa dirigida a probar hechos negativos , generando así una situación de indefensión contraria a la manda constitucional”. También señala, como han hecho otras defensas, que se ha usado la figura de “asociación ilícita” como para subsumir en ella todas aquellas acusaciones que no se pueden especificar. Una “asociación ilícita” solo se refiere a una organización que se junta para cometer delitos indeterminados. En el caso de Llorens, por ejemplo, dice que “ni el juez ni el fiscal" se tomaron el trabajo "de verificar si Llorens había participado de algún tipo de intervención en algún acto vinculado a un contrato, licitación o reclamo", relacionado con los empresarios implicados.

Sobre el papel de querellante de la Oficina Anticorrupción señaló que “se encuentra legalmente inhabilitada para promover la acción penal" contra Llorens "en esta causa, en razón de haber ejercido una actuación conceptualmente corrupta, guiada por intereses particulares que son antepuestos al del conjunto social que debería custodiar. Ello es consecuencia de las declaraciones de su titular en cuanto, sin vergüenza ni ambigüedades, afirmó que no actúa como querellante en las causas dirigidas contra funcionarios de su sector político, reconociendo, por lógica consecuencia, que sólo actúa como querellante contra funcionarios que provienen de otro sector político, concretamente del sector al que pertenece mi cliente (…) Este reconocimiento pone de manifiesto que la actuación de la OA se aparta del rol que le asigna su ley de creación, instituyéndose como una persecución política, discriminatoria e inconstitucional”.

Como son muchos los imputados, 47 al menos rumbo a juicio, el proceso de elevación, del que participan también la fiscalía y las querellas (la OA y la Unidad de Información Financiera, o sea, el Gobierno) es difícil que concluya antes de septiembre. Recién entonces la causa, quizá, esté en condiciones de pasar a un tribunal oral.