Informe femicidios: el 55 % de las víctimas eran jóvenes
En busca de una justicia feminista
Más de la mitad de víctimas de femicidios en la Ciudad de Buenos Aires durante 2018 eran jóvenes y sus victimarios estaban vinculados con ellas de alguna manera. El último informe sobre femicidios de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres revela hechos consumados con perspectiva de género y a la vez permite diseñar estrategias de prevención y persecución criminal de las violencias contra mujeres y personas lgbtti.
Imagen: Pablo Dondero

Durante 2018 se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires 19 homicidios dolosos de mujeres: el 47 % fueron femicidios. Y 29 victimarios, 18 de los cuales fueron identificados. El 85 % eran varones o autores desconocidos y el 15 % mujeres. El 55 % de las víctimas tenía entre 18 y 39 años. Los datos se desprenden del último “Informe sobre femicidios y homicidios dolosos de mujeres en la Ciudad de Buenos Aires”, elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Público Fiscal de la Nación. El documento confirma que “primaron aquellos cometidos en el ámbito intrafamiliar”, un 66 % en el caso de los femicidios, y el 32 % para los homicidios dolosos, y que un total de 21 personas perdieron a sus madres víctimas de femicidios.

“Es la cuarta edición de este informe, que nos permite trazar una medición que trascienda el mero registro estadístico para poder diseñar estrategias de política criminal”, explicó la fiscal Mariela Labozzeta, que dirige la Ufem.

La investigación a cargo del área de Análisis Criminal y Planificación se realizó en base a los expedientes judiciales de las fiscalías criminales y correccionales nacionales y federales, de Distrito y de Menores; de primera instancia y de juicio. Comprende, desde una perspectiva de género, todos los casos de homicidios dolosos con víctimas femeninas cometidos en la Ciudad de Buenos Aires, y define el género de las víctimas a partir de la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, por lo que se incluyen personas cuya identidad y/o expresión de género eran femeninas independientemente del sexo asignado al nacer, de la información de sus registros identificatorios y/o del tratamiento que se les dio en la causa judicial.

Mientras la edad promedio de las víctimas de homicidio doloso fue de 49 años, la baja de la franja en los casos de femicidios, de 18 a 19 años, "se explica por la recurrencia de casos de homicidio de adultas mayores de 80 años en ocasión de robo”, detalla el informe. El 67 % de las víctimas de femicidio eran argentinas y el 33 % migrantes: 3 estaban o habían estado en situación de prostitución, y 2 tenían alguna vinculación con economías ilegales.

El trabajo aporta información clave sobre el fenómeno de la violencia de género y el procesamiento de casos por parte del sistema de Justicia, para identificar patrones o aspectos críticos y planificar líneas de acción para la intervención institucional y la persecución penal. “El relevamiento permite producir informes multidisciplinarios sobre las características de la violencia de género y sus manifestaciones particulares –destacó Labozzetta-, e identificar tipos de casos y sistematicidades para plantear estrategias de intervención o líneas de política criminal.”

Para 2018, la cantidad de casos cometidos en situación desconocida ascendía a un 26 %. “El 16 % se trató de homicidios en ocasión de robo contra mujeres mayores de 80 años”, agrega el estudio. “Respecto de los lugares en que tuvieron lugar los femicidios, un 78 % de los casos se dio en espacios privados, mientras que el 22 % ocurrió en el espacio público.” La vivienda de la víctima y la compartida con el victimario, “fue el lugar de ocurrencia más frecuente”, en el 66 % de los casos.

La principal causa de muerte en femicidios resultó el estrangulamiento (44 %), seguida de heridas de bala y golpes en un 22 %, y el 11 % restante, apuñalamiento. Aunque se corroboró mayor incidencia de armas de fuego en el universo total de los homicidios de mujeres (26 %), “respecto de aquellos identificados como femicidios (22 %)”.

En el 67 % de los femicidios, las víctimas conocían a sus victimarios. Si bien el vínculo de pareja/ex pareja sigue siendo mayoritario, alarman los crímenes perpetrados por un autor desconocido, “y por ende hechos que presumiblemente estarían por fuera del ámbito íntimo de las víctimas”. En 4 casos víctima y victimario eran cónyuges o pareja con convivencia al momento del crimen, y sólo en uno se trataba de una ex pareja, de quien se había separado en el curso del último año.

“En el 33 % se verificó en el expediente la existencia de algún tipo de antecedente de violencia entre víctima y victimario, independientemente de si se formalizaron o no en denuncias judiciales.” Prevalecieron las violencias psicológica y física en 2 oportunidades cada una, y se verificó violencia económica en una oportunidad. En un caso hubo denuncias judiciales por violencia de género, incluyendo medidas de protección dictadas vigentes al momento del femicidio (prohibición de acercamiento y botón de pánico).

Se contabilizaron 29 "perpetradores" en casos de homicidios de mujeres, 12 no identificados. “Esto indica que varios hechos registraron autores múltiples, lo cual ya se había verificado en 2017 con 41 victimarios en 25 hechos.” Por otra parte, en los femicidios se verificaron al menos 12 victimarios, 9 identificados y 3 desconocidos. El 44 % eran argentinos y un 66 %, extranjeros; 9 se fugaron luego de cometer el hecho (75 %) y 7 permanecen prófugos.

Además de la relación vincular, lograron revisarse circunstancias específicas en que se desarrollaron los femicidios, de índole sexual, de crimen organizado, en contexto de encierro y travesticidio/transfemicidio. En 5 casos se observó algún componente sexual vinculado al hecho, como rastros biológicos del victimario, preservativos en la escena del crimen y posición y condición de vestimenta de la víctima, que indicara algún componente sexual. Por último, traza el informe, en 2018 no se detectaron casos de travesticidio/transfemicidio ni casos de femicidio en contexto de encierro.

Modo género

A poco de cumplirse seis años de la sanción de la Ley 26.791 y su reforma del artículo 80 del Código Penal para incluir de modo agravado homicidios relacionados con la violencia de género e incorporar las figuras de femicidio y femicidio vinculado, la incorporación de esos agravantes se inscribe como tendencia regional y los delitos de género comienzan a sancionarse de modo diferencial. “La finalidad de la tipificación diferencial es visibilizar estos hechos como emergentes de una situación de desigualdad estructural de género”, advirtió Labozzetta. Precisamente, el “Análisis de las primeras 50 sentencias por femicidio del país” que publicó la Ufem en 2017, habla de los efectos simbólicos de esa tipificación, y el derrumbe de estereotipos que naturalizan la violencia, la minimizan y la reducen al ámbito privado. “La tipificación diferencial de los crímenes de género permite también generar información criminal y estadística –remarcó-, y el despliegue de políticas para su prevención y erradicación.”

¿Qué avances hubo en estos tres años de informes e investigación?

-Empezamos a solidificar las metodologías de medición en la Ciudad de Buenos Aires, como insumo y además para elaborar propuestas de guías de actuación, recomendaciones y protocolos de investigación. Es una matriz de análisis diferente respecto de otros registros y estadísticas, que mide los hechos de muertes violentas de mujeres por razones de género. En este sentido, es una mirada que modifica las formas de investigar para hacer la política criminal más eficiente.

Se destaca la información detallada sobre los casos de femicidios.

-Esa información ayuda a visibilizar el componente de género y a probar el agravante. Pese a los avances, persisten condiciones para que los casos de femicidios queden impunes e invisibilizados, como la recolección incompleta de las pruebas, las investigaciones parciales, las calificaciones jurídicas erróneas y el uso de estereotipos de género contra las mujeres o feminidades. El Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios) de la Ufem, brinda pautas para investigar y litigar de manera eficaz y con perspectiva de género, para asegurar la incorporación de la perspectiva de género desde el inicio de la investigación de las muertes violentas de mujeres y a lo largo de todo el procedimiento penal, y facilita la identificación de signos e indicios de violencia de género asociados a contextos femicidas en las distintas fases de la investigación.

¿En qué circunstancias se aplica el Protocolo?

-En todos los casos de muertes violentas de mujeres y personas de identidad femenina y/o expresión de género femeninas, es decir en caso de homicidio, suicidio, accidente, muerte dudosa. Sus lineamientos también pueden servir para identificar y probar el contexto de violencia de género en casos de tentativa de femicidio, femicidio vinculado de varones y homicidio motivado por razones de género, aunque la víctima no sea mujer (personas con orientación sexual, identidad de género o expresión de género diversas).

¿Será posible su aplicación en todo el país?

-Es uno de nuestros grandes objetivos, poder centralizar políticas a nivel nacional y unificar en todas las provincias un protocolo de investigación de femicidios, que permita incidir en el sistema defectuoso de investigación, con fiscalías especializadas en cada una. Provincia de Buenos Aires, Chubut, Mendoza y La Pampa son algunas de las que aprobaron la aplicación del Protocolo. Lo que nos va a posibilitar obtener datos de todo el país es empezar a tener una línea de base para lograr resultados y diseñar las estrategias de política criminal. Esto implica una articulación con cada uno de los sistemas de Justicia de las provincias. Poder trabajar a nivel federal implica un gran desafío.

“La adopción del Protocolo constituye un importante avance para la prevención, sanción y erradicación de la violencia basada en género contra las mujeres, niñas y adolescentes en el país”, expresaba un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la decisión de Argentina de aprobar una herramienta con perspectiva amplia de género y con un enfoque de protección integral. “La protección del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia debe ser una prioridad para todos los Estados”, dijo entonces la presidenta Margarette May Macaulay, relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Mujeres.

 

“Sólo se ve lo que se mira”, sostiene hace tiempo Mariela Labozzetta. “Si pretendemos que los crímenes dejen de ser invisibilizados y queremos impactar en el fenómeno de la violencia de género, para eso hay que mirar con perspectiva de género, y las reformas que debemos pensar para la Justicia tienen que estar atravesadas por un enfoque feminista.”

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ