La Justicia ordenó la captura internacional de Raúl Martins, por los delitos de “asociación ilícita y explotación económica de la prostitución ajena”. En menos de veinticuatro horas la jueza María Servini ejecutó la orden de la Cámara Federal y dispuso la detención del ex agente de inteligencia, quien reside en México y deberá ser apresado por Interpol.

Raúl Martins, el hombre acusado por su propia hija por explotación sexual de mujeres, está más cerca de quedar tras las rejas. Es tras el fallo de la Cámara que ratificó su procesamiento y ordenó su captura internacional, medida que ya fue puesta en marcha este miércoles por parte del juzgado federal número 1. Ahora Interpol deberá dar con el paradero de Martins, quien técnicamente se encuentra en calidad de prófugo. Luego de ser apresado se activarán los mecanismos para extraditarlo a la Argentina. El procedimiento dependerá, en parte, de las autoridades mexicanas. En este sentido, el antecedente más reciente no es el más alentador para los investigadores argentinos, ya que cuando se ordenó la indagatoria de Martins, tardaron dos años en dar con su paradero. Tras varios intentos fallidos finalmente fue indagado este año en Cancún. Como estrategia de defensa no respondió preguntas y negó todos los cargos.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, había ratificado este martes lo actuado por la jueza Servini al confirmar el procesamiento y el embargo por 10 millones de pesos para el ex agente de inteligencia, imputado por manejar una red de prostíbulos en Buenos Aires y en México. Martins reside en territorio azteca por lo que el tribunal de alzada le había encomendado a la magistrada que active los mecanismos para la captura internacional y pida la extradición.

De esta manera, recién siete años después de la primera denuncia la Justicia ordenó detener al hombre señalado por su hija Lorena Martins, entre otras cosas, de gozar de protección política y de haber financiado la campaña de Mauricio Macri para la jefatura del Gobierno porteño. De hecho, en el auto de procesamiento dictado por Servini en julio de este año se afirma que la banda de Martins no podría haber funcionado ni podría haberse sostenido en el tiempo sin la protección de los diferentes poderes del Estado. “Este conjunto de hechos sólo podría llevarse a cabo a través de la impunidad que a Raúl Martins y los restantes miembros de la organización les garantizaba la protección de funcionarios estatales, situación palmaria por las relaciones que se probaron (...) con miembros del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad federales y provinciales y de la ex municipalidad de Buenos Aires”.

Consultada por Página|12, Lorena Martins celebró el fallo y al mismo tiempo criticó la lentitud de la Justicia: “La decisión judicial llega con mucho retraso en una causa que tuvo presiones políticas y de otros sectores de poder para que avanzara la investigación. Aún si luego de tantos años se consigue por fin que emitan la orden de detención. Solo queda esperar que se cumpla la orden judicial y se activen los mecanismos del estado para solicitar a México la extradición. Veremos ahora si siguen protegiendo a mi padre o si por fin se hace justicia”.

En concreto, el procesamiento, embargo y orden de captura para Martins es por “haber formado parte de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, mediante la implementación de locales comerciales catalogados como bar/café/whiskería”.

En su momento Servini, basó el pedido de prisión preventiva en “las características de los delitos inculpados y la pena con la cual se encuentra reprimido”, mayor a los ocho años de prisión. La jueza había considerado que si lo mantiene en libertad, Martins “intentará burlar la acción de la justicia y entorpecer la marcha de la investigación”, sin embargo no había ordenado detenerlo en suelo mexicano. Si bien ya pesaba sobre él un pedido de captura internacional, sería efectivo sólo si pisaba territorio argentino. Ahora, con el respaldo y la disposición de la Cámara, la magistrada finalmente ordenó su detención internacional, en línea con lo que venían reclamando los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría especializada en el combate de la Trata y la Explotación de Personas (Protex) y de la querella a cargo de la organización La Alameda. Tras conocerse el pedido de captura Gustavo Vera, titular de la ONG señaló en declaraciones a Página|12 que "Martins ha construido esta red de prostíbulos con trata de mujeres y niñas para la esclavitud sexual porque le garantizó una fortuna e impunidad para extorsionar o financiar al poder político”. Y advirtió sobre los posibles motivos de la demora por parte de la Justicia, teniendo en cuenta los lazos de Martins con el macrismo: “Recién ahora, retirado su mayor respaldo del gobierno nacional, la Justicia actúa. Tarde. Ahora esperemos que actúen con celeridad las autoridades mexicanas y sea extraditado. Porque además tiene que rendir cuentas por lavado de activos. Y queremos que todos sus bienes y fortunas sean devueltos a las víctimas o reutilizados socialmente por el Estado", expresó Vera.

En contraposición, el tribunal compuesto por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens revocó los procesamientos de dos integrantes de la organización. Se trata de Virginia Inés Solís y de la ex esposa de Martins, Natalia Beatriz Percival, quienes fueron beneficiadas con la falta de mérito, aunque Servini deberá seguir investigándolas. Lorena Martins calificó de “incomprensible” este aspecto del fallo ya que, según afirmó a Página|12 “Percival aparece en un vídeo aportado a la causa donde ellos mismos asumen que ella es la mano derecha de mi padre en los negocios”. Para Lorena también resulta inadmisible que sólo se haya ordenado la detención de Martins y se mantenga en libertad a “los otros integrantes de la organización que sí están en la Argentina y podrían ser detenidos ahora mismo”. Al mismo tiempo reclamó que la Justicia avance en la pesquisa sobre el posible delito de lavado de dinero cometido por la banda y los posibles testaferros del ex agente secreto.

Por otra parte, los camaristas dispusieron ampliar el procesamiento y embargo de Mario Oscar Ozan y elevaron su responsabilidad a organizador y/o jefe de la asociación ilícita.

Por lo actuado hasta el momento, para la Justicia ya quedó demostrado en general cómo operaba la banda y cómo funcionaban los prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires.

Tareas de inteligencia, allanamientos y diversos operativos lograron determinar la mecánica y los responsables de los locales clandestinos. Nombres y apellidos. Horarios; ingresos; direcciones; tarifas. Puertas secretas con “pases” de los boliches a las habitaciones; mujeres rescatadas que dieron su testimonio y señalaron a varios de los imputados en la causa; menores de edad explotadas y “pasadas de droga”. Recaudación mensual de cada prostíbulo; nacionalidad de las víctimas; shows ofrecidos a los prostituyentes, y cierres y reaperturas antes o después de alguna inspección. Todo revelado en el expediente que se abrió en 2013. Sin embargo, a paso lento, este año se efectivizaron las primeras indagatorias; aún no se hizo efectiva ni una sola detención y recién ahora se ordenó la captura internacional de Rául Martins, el máximo responsable.