Las presiones del gobierno y la obediencia del juez
Una sentencia contra el encubrimiento  
Imagen: NA

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la sentencia del juez Gustavo Lleral que cerraba la causa por la muerte violenta de Santiago Maldonado. Ordenó reabrirla a prueba. Las notas publicadas por los colegas Adriana Meyer y Sebastián Premici ayer en Página 12 lo explican con calidad y minucia, se recomiendan. Para este abordaje dominical alcanza expresar que el fallo configura un revés a la tentativa de encubrimiento prohijada por el Ejecutivo nacional y remachada por Lleral.

La decisión, relativamente concisa (diez fojas de fundamentos en un expediente que acumula miles) cuestiona con todas las letras el afán de poner fin a las investigaciones. Sin usar la palabra “hipocresía” fulmina el argumento de Lleral: continuar investigando “demoraría injustificadamente la respuesta que la sociedad y la Familia Maldonado están esperando”. La Cámara pone las cosas en su lugar: “es la familia la que pretende la exhaustividad informativa”, para luego reivindicar “el derecho a la verdad”. Cerrar la causa fue el objetivo de la ministra Patricia Bullrich, jamás el de las víctimas.

La desaparición forzada no existió, afirma el Tribunal pero no se deben descartar otros supuestos delictivos. Insinúa alguno, abandono de personas, pero no obstruye otras hipótesis. Para eso se investiga…

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Se ordenan una reconstrucción virtual de los hechos, que se periten un bastón y billetes hallados junto al cuerpo de Maldonado, que presten declaración peritos que contradicen la autopsia o añaden datos no tratados en ella. Todas medidas rechazadas por Lleral, ansioso por archivar el expediente.

También que se cite nuevamente al testigo Lucas Pilquimán a quien se interrogó sin citar debidamente a la querella.

Se trata de sucesivas afrentas al derecho de defensa en detrimento de las querellas.

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Merece mención la furia de los medios hegemónicos ante una resolución razonada que no condena a nadie sino (tan solo, nada menos) ordena investigar. ¿Por qué enardecerse si se trata de trámites serios, pendientes? Respuesta de cajón: para garantizar la impunidad, para entorpecer cualquier esclarecimiento.

Se propagan mentiras repetidas que la Cámara refuta. La autopsia no es unánime respecto de los plazos de inmersión del cuerpo en el río Chubut. Los peritos discrepan, existen tres hipótesis no una: más de 73 días, más de 60 días, más de 53 días. En los dos últimos supuestos el cuerpo pudo-debió estar fuera del agua. El informe a varias manos tampoco es unánime en la data de fallecimiento. La Cámara incita a buscar mayores precisiones que nunca serán absolutas.

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La Cámara, entiende este cronista, peca por exceso de cautela cuando dice que el operativo se consumó por orden judicial. Dicha orden (que provino originariamente del Ministerio de Seguridad) se circunscribía a despejar la ruta. Lo que ocurrió después fue, como puntualiza Premici, una cacería. Los gendarmes, sacados, persiguieron a los manifestantes a campo traviesa, los agredieron con piedras y balas de goma, los asediaron, putearon y amedrentaron.

Hay un notable paralelismo con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El cierre del puente Pueyrredón o “limpiar” la ruta en Chubut valieron de pretexto para el inicio de un ataque ilegal, alevoso, violento (cacería, pues) que se prolongó a buena distancia del espacio que se quería despejar.

Los reproches y el viraje de la Cámara dejan malparado a Lleral aunque no se lo aparta de la causa. El sentido común y la lógica jurídica concuerdan, por una vez. Cuesta creer que un juez dócil al Gobierno, que ha prejuzgado contra derecho, garantice la correcta producción de prueba. Las querellas disponen de sobrados argumentos para recusarlo, provistos por el Tribunal Superior. Hasta Su Señoría podría excusarse después de quedar tan mal parado, por decoro y pundonor. Cuesta imaginar que Lleral, uno de tantos jueces federales que trabajaron conducidos desde la Casa Rosada, dé la talla para posibilitar un trámite serio. O para asumir que no capacita para seguir adelante. Demasiada “obediencia debida”, demasiada promiscuidad con el oficialismo, demasiadas ansias de trabar la búsqueda de la verdad. Acentuadas de nuevo por sus mendaces alusiones a los derechos de la familia, que tanto conculcó.

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