Desde Santa Fe

La nota que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que "no recibió", pero que sus funcionarios encontraron, es un alerta del fiscal federal Walter Rodríguez, quien el 3 de mayo de 2017 la anotició sobre la "situación de gravedad institucional en materia de corrupción policial" en Santa Fe, le dijo que la Policía Federal y la Policía de la provincia "están sospechadas de tener fuertes vínculos con organizaciones narco criminales" y algunas de esas pruebas eran la "existencia de listas policiales con sujetos 'autorizados' para ejercer el comercio ilegal de drogas" y el reparto de "sumas de dinero" entre ambas fuerzas por un mecanismo al que llamaban "coparticipación" (sic). Los hechos "afectan el normal desenvolvimiento de la actividad de la Fiscalía", reclamó.

El destino de esa alarma fiscal se planteó esta semana por el tiroteo en el auto del jefe de la Policía Federal de Santa Fe, Mariano Valdés. El domingo, Rosario 12 informó que Rodríguez había reiterado su denuncia sobre los "vínculos" de las fuerzas federales, pero como Bullrich no le respondió aquel aviso de 2017, decidió enviarle una "nueva comunicación" para que "adopte las medidas necesarias" que permitan neutralizar ese "nivel alarmante de corrupción institucional de las fuerzas federales" con destino en la zona. El planteo lo hizo en el requerimiento de elevación a juicio -que firmó el viernes 6- de una causa que investiga por supuesto lavado de activos a un empresario ya condenado por narcotráfico, Sergio Norberto Villarroel ("Zurdo") y a su entorno.

Esta semana el fiscal Rodríguez recibió el llamado del ministerio de Seguridad diciendo que habían encontrado su nota de advertencia.

El martes, Bullrich dijo que la balacera a Valdés era un "ataque mafioso". Por LT8, le recordaron la advertencia que el fiscal Rodríguez había hecho 48 horas antes sobre los "niveles de complicidad y connivencia de la Policía Federal y de la Policía de Santa Fe con bandas narcocriminales". "¿Le parece objetivo? ¿Coincidencia?", le preguntó el colega Guillermo Zysman. "Lo que nos pareció raro -contestó la ministra- es que Rodríguez haya sacado ese informe sin hablar con nosotros o sobre un informe que envió en el año 2017 que de acuerdo con nuestros registros no lo tenemos. Yo no lo he recibido -sorprendió-. Ayer, (el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Pablo) Nocetti se comunicó con Rodríguez. Le vamos a pedir que lo reitere para ver dónde está ese oficio porque es de hace dos años y ahora nos dice públicamente. Bueno, no sé. A mí nunca me llamó por teléfono para contarme lo que pasaba".

El fiscal Rodríguez dijo que recibió el llamado de Nocetti y después desde el Ministerio de Seguridad le dijeron que ya habían encontrado su oficio del 3 de mayo de 2017, dirigido a Bullrich. El correo está documentado. La gestión se realizó por "intermedio" de otro secretario de confianza de la ministra, Gonzalo Cané, quien ocupaba el mismo cargo que hoy desempeña Nocetti. Los dos operadores de Bullrich son conocidos por su intervención en el caso de Santiago Maldonado.

En aquella nota, Rodríguez informaba a Bullrich sobre las dificultades para investigar el narcotráfico en Santa Fe porque había "integrantes de fuerzas de seguridad imputados" y pruebas que en "conjunto" revelan "una situación de gravedad institucional en materia de corrupción policial". Le mencionó ocho causas, "entre muchas otras".

Las fuerzas de seguridad federales y de la provincia "están sospechadas de tener fuertes vínculos con organizaciones narco criminales, ya sea por acciones de 'cobertura' o bien involucradas en forma horizontal" o como "subrogantes" de las bandas, "lo cual afecta el normal desenvolvimiento de la actividad de la Fiscalía". Precisamente, "entre los hechos detectados", el fiscal citó:

*"La existencia de listas policiales con sujetos 'autorizados' para ejercer el comercio ilegal de drogas".

*"La 'coparticipación' de sumas de dinero distribuidas entre fuerzas provinciales y federales".

*"La condena al ex jefe de Policía de la provincia (Hugo Tognoli a seis años de prisión en octubre de 2015) por "encubrimiento personal a un sujeto también condenado por narcotráfico".

*"El hallazgo (en Arroyo Leyes a fines de 2014) de un camión controlado por altos jefes policiales, con más de una tonelada y media de marihuana a pesar de la previa descarga ejecutada por autoridades oficiales".

*"La libre disposición de materiales para 'plantar' droga al momento de ejecutar órdenes de allanamiento por parte de un agente perteneciente a la División específica en este tipo de delitos".