5 femicidios en una semana
¿Dónde está el Estado?
En el 2019 ya se contabilizan 236 femicidios. Los medios siguen estigmatizando a las jóvenes y proponiendo que la solución es que las chicas no salgan de sus casas. El presupuesto destinado a prevenir la violencia de género es de 11 pesos por mujer y la previsión para el año es un retroceso en el dinero destinado a políticas de género que no alcanza ni siquiera a la inflación y que implicaría dar marcha atrás en la prevención de asesinatos, abusos y desigualdad. 
Imagen: Jose Nico


Los huesos no son sólo un cuerpo desarmado. Los restos no son basura. Los hallazgos no son encuentros. Los desamparos no son la causa. Los pedazos no son un rompecabezas. Los fragmentos no son una letra minúscula que no dice nada. Los asesinatos no son errores, no son excesos. Los 235 femicidios en lo que va del 2019, según el monitoreo del Observatorio “Ahora que sí nos ven”, muestran un mapa del odio hacia las mujeres y las disidencias sexuales que muestran un mapa de alerta y recrudecimiento de la violencia machista. Las medias tintas, las medidas a medias, las intenciones incompletas, no solo no alcanza, sino que aumentan el riesgo, frente a varones que suben la crueldad frente a mujeres que dicen no al abuso sexual, a relaciones de sometimiento, al sexo que no quieren o como no quieren, a relaciones de inferioridad en la familia y que son castigadas en vida y en muerte con cuerpos mutilados.

Pero la aparición de las desaparecidas habla, también, de que su ausencia no permanece en el olvido, como en la dictadura, como en los casos de mafias de psiquiátricos, de locos de la ruta, de trata de personas, de narcotráfico que no eran investigadas y que aparecen como recuerdos en el aeropuerto o en facturas de servicios. Como un recuerdo de la ausencia amenazante. Ahora, una sociedad más movilizada, pide por su aparición. Y no deja que su existencia se olvide.

Navila Garay había desaparecido el 10 de septiembre, luego de que un remisero la dejara en la casa de Néstor Alfredo Garay, de 51 años. Él le había dicho a la dueña de una casa donde realizaba tareas de mantenimiento que había enterrado a un perro. Ella fue y denunció porque sabía que se estaba buscando a Navila. La desaparición ya no es tolerable en una sociedad donde el “sí te metas” también lleva a que la tierra no trague a las mujeres desaparecidas por múltiples violencias.

Navila tenía 15 años. Y sus fotos la muestran sonriendo. Sus fotos son de sus redes. ¿Y qué van a hacer las chicas en las redes sino es sonreír? No se las puede invisibilizar, pero las fotos en donde buscan sonreír, posar, gustar, con el derecho entero a mirar y ser miradas, no es la foto que ilustra los femicidios, que destapa la venda sobre ellas, que destierra el periodismo canalla que quiere ver en sus desamparos familiares una razón para su muerte. No es una crónica de una muerte anunciada, no es un suicidio por vulnerabilidad. Es un Estado que no cuida, no escucha y no evita crímenes evitables.

“Una fanática de los boliches que abandonó la secundaria”, tituló Clarín, sobre el caso de Melina Romero (cuando todavía estaba desaparecida) y siguió: “Melina es la mayor de cuatro hermanos. Su papá, un ex policía, tiene poco contacto con ellos”. En el patriarcado salir a bailar es inmolarse y la falta de padre es causa directa de mutilación. “Si no hay padre hay femicidio”, dijo un opinólogo de panel en Crónica Tv. La idea que el padre sana, salva y previene es el refuerzo del patriarcado y no la apelación a la responsabilidad paterna. Pero además, el reto: “Miren que hacen sus hijas”. El encierro con cuatro llaves de las adolescentes es el castigo que se retrasmite en la cobertura de femicidios. No se las vela en el dolor colectivo, no se pide justicia, no se piensa y practica como prevenir otras muertes: se abre el cajón para advertir colectivamente que las chicas no salgan.

foto: Jose Nico

No hagan eso en sus casas: salir

No importa que el 65 por ciento de las mujeres asesinadas por ser mujeres en el 2019 en la Aergentina fueron asesinadas en su propia casa. ¿De qué las salva el encierro? ¿A qué le ponen llave? ¿A dónde está la seguridad del hogar? ¿A qué libertad cortan para priorizar una seguridad mentida? En realidad si seis de cada diez mujeres hubieran salido de la casa se hubieran salvado de la vida. ¿Un campamento en la vereda sería la forma de salvarlas? Mientras que el 30 por ciento de las víctimas fue asesinada en la vía pública. No es cierto el mito del cuco en el callejón. Pero sí que las jóvenes y adultxs tienen derecho a andar, bailar, gozar, caminar, sin miedo a ser acorraladas, a que le tapen la boca, a sentir taquicardia en sus pisadas, a cambiar el recorrido, a decir como un reloj que llegaron a cada bocanada de llave en la cerradura. El tiempo, la noche, el territorio, es un derecho. Y hay que buscar la manera de conseguirlo sin miedo y con políticas de cuidado que no enciendan la mecha del “por algo habrá sido” sino que garantice salir y volver sin la puerta giratoria del miedo.

Sin embargo, ante el femicidio de Navila, Clarín repitió la fórmula de Melina: “Horror en Chascomús. Navila Garay: una infancia difícil y llena de carencias. La chica trabajaba en casas de familia, se alejó de la casa de su madre y vivía con su abuela”. La vulnerabilidad como una ficha cantada en los estigmas y un respiro en las familias bien porque “eso no les puede pasar” cuando la violencia de género pasa –y como- en las buenas familias.

“Estamos frente a lo que llamamos epidemia de femicidios, epidemia porque por un lado es imitativo, nosotros estamos haciendo una doble función, por un lado estamos denunciando y por el otro lado estamos despertando criminales”, dice Samuel “Chiche” Gelblung en “Crónica TV”, mientras tilda de “prejuicios” a las periodistas que buscan frenar la descripción de los desamparos de Navila como una muerte anunciada, como algo que era inevitable y su abuela llora porque no la va a volver a ver y las teorías celestiales se cruzan como un pañuelo en donde el drama no es consuelo, sino advertencia. Un cerrojo para que padres y madres no dejen que sus higas hagan eso en sus casas: salir.

En el último fin de semana se conoció el femicidio de Navila Garay, Vanesa Caro (38), Cecilia Burgadt (42) y Cielo López (18). Navila estaba desaparecida desde el martes pasado en Chascomús y su agresor sería Alfredo Garay, de 51 años. Cielo fue encontrada en el río Limay, en Neuquén con las extremidades cortadas. “La muerte violenta de Laura “Cielo” López, de 18 años, borra todos los límites conocidos. No se trata de un femicidio perpetrado en el ámbito doméstico. El río Limay es el telón de fondo de un crimen de género que presenta, otras características. Quienes la lastimaron no sólo desplegaron una crueldad inusitada, sino que quisieron deshacerse de su cuerpo como si fuera un despojo, un objeto descartable, lo basurizaron”, escribió la periodista Laura Loncopan Berti, en el diario Rio Negro.

En Chascomús y Plottier hubo protestas, puebladas, fuego y rabia por los femicidios y las complicidades públicas que no frenan el asesinato de adolescentes.

Cecilia Burgadt era enfermera de un hospital de Santa Fe y estaba desaparecida. Su hija de 17 años hizo la denuncia por la desaparición de su mamá. Y se sospecha que su ex pareja fue quien la asesinó. Vanesa Caro había sido quemada por su pareja y falleció el sábado 14 de septiembre después de no resistir una traquetomía. El fuego, el río, el campo, la calle. Todos los territorios de hostilidad, todas las formas de parar la respiración y romper un cuerpo que es un cuerpo social y no solo sus pedazos.

Hubo 236 femicidios en lo que va del año. El miércoles 18 de septiembre (tres días antes del día del estudiante) también se conoció el femicidio de Norma Gabriela Gerónimo, una contadora de 30 años, que habría sido asesinada por su hermano de 18 años en la Ciudad de Córdoba. El fiscal de Violencia Familiar, Pablo Camacho, investiga el caso. Gabriela vivía en el barrio Colinas de Vélez Sarsfield. Ella había terminado la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y había realizado una pasantía en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos local.

El presupuesto también mata

La violencia hacia las mujeres no se previene con buenas o nulas intenciones, sino con políticas públicas reales. El jueves pasado, en Córdoba, las trabajadoras del Polo de la Mujer marcharon para que se declare la emergencia salarial y condiciones laborales dignas. No se puede cuidar a las mujeres si no hay quienes las cuide y en condiciones reales para poder cuidar. “Continuamos el camino de la lucha luego de no haber recibido respuesta de las autoridades frente a nuestra precarización laboral. Nos movilizamos ya que la explotación laboral es insostenible”, dijeron en un comunicado.

foto: Jose Nico

En todo el país la inversión para frenar los femicidios es menor a la de un boleto de colectivo por cada mujer. “La falta de prioridad en el abordaje de la problemática queda en evidencia al ver el ínfimo presupuesto asignado al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Para este año representa $11 pesos por mujer, mientras que para el 2020 el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo asigna el 0,0067 por ciento del total del presupuesto nacional, tan solo $19,82 pesos por mujer para llevar adelante las políticas previstas en la Ley 26.485 (de Prevención y Erradicación de la Violencia Hacía las Mujeres). Lamentablemente frente a este flagelo que se cobra la vida de, casi, una mujer por día en Argentina el Estado sigue ausente”, remarcó Raquel Vivanco, Presidenta del Observatorio “Ahora que sí nos ven”.

En relación al presupuesto, Victoria Gallo, responsable del área de políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) apunta: “Para cerrar las brechas de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres en Argentina es necesario asegurar un financiamiento suficiente de las políticas públicas. Además, es indispensable que no solamente se destinen recursos presupuestarios a servicios de emergencia y asistencia a mujeres víctimas de violencia en situación de riesgo (como hogares de protección integral y la línea 144) sino también garantizar fondos sustantivos a la prevención de todas las violencias contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y a la eliminación de las brechas de género en todas las esferas de la vida social, económica y política”.

Uno de los problemas es el poco presupuesto y el otro a qué se destina. Si la mayor concentración del Plan de Acción contra la Violencia es la construcción de refugios (que tampoco se encuentran hoy a mano de todas las mujeres que lo necesitan) la única apuesta es a reparar situaciones extremas de mujeres adultas, en relaciones de violencia doméstica y que estén dispuestas a quedarse adentro de una institución. Pero no hay, por ejemplo, ninguna política de prevención de las violencias para jóvenes y para garantizar que salgan, estudien, se diviertan y puedan hacerla sin que su vida corra riesgo.

“Necesitamos políticas públicas que además garanticen el acceso a la justicia, a la educación sexual integral, a servicios e infraestructura de cuidados universales, de calidad y accesibles (para para niños, niñas y personas adultas) y a políticas de empleo y capacitación laboral para promover la autonomía económica de las mujeres apoyando además a la economía popular y formas cooperativas de trabajo. Por otro lado, en un contexto de creciente endeudamiento, cabe recordar por ejemplo que el recorte a servicios y prestaciones destinadas a personas con discapacidad profundiza la sobrecarga de cuidado que impide un acceso pleno de las mujeres a su derecho a la salud, al empleo y a un proyecto de vida autónomo”, apunta Gallo.

El problema no es solo la actual coyuntura, sino la odisea 2020. El macrismo pretende que el presupuesto destinado a evitar las violencias de género sea (en términos reales) inferior al actual porque no alcanza a empatar la inflación. Por lo que si no se modifica el proyecto de la actual gestión (que no fue avalada por la mayoría de la población en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) el panorama futuro es peor que el presente. “El proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en el congreso reconoce que el presupuesto 2020 asignado a políticas para la igualdad de género (actividades y organismos etiquetadas como presupuesto con perspectiva de género, PPG) es de $227.255 millones de pesos, mientras que el cierre estimado en el 2019 fue de $170.666 millones de pesos. Se trata de un aumento en términos nominales de 33 por ciento que no alcanza a cubrir siquiera la previsión oficial de la inflación contemplada por el proyecto de ley de presupuesto. Por otro lado, si se tiene en cuenta que para 2020 se identificaron una mayor cantidad de organismos con actividades con etiqueta sobre igualdad de género –PPG- (17 frente a 13 de 2019) y de actividades/obras con la misma etiqueta (29 frente a 24), es posible inferir que algunas de las partidas contarán con menor cantidad de fondos que en el ejercicio anterior”, señala Gallo.

Ley Brisa para Brisa

La ausencia del Estado también se da cuando se sancionan normas pero… hecha la ley, hecha la trampa machista. Maira Benitez estaba desaparecida en Villa Ángela, Chaco, desde el 17 de diciembre del 2016. La justicia condenó a Rodrigo Silva a 21 años de prisión. Pero no por femicidio, sino por homicidio simple. La diferencia no es solo letra judicial. Y no es poco. Sino que la hija de Maira, Brisa, a quien cuida y cría su abuela Antonia, no puede acceder a la reparación económica –similar a una jubilación mínima- para hijos e hijas de víctimas de femicidios. El 21 de agosto encontraron restos óseos en un campo de la colonia Juan José Paso. El 6 de septiembre se reveló que pertenecían a Maira. El reclamo es claro: la sentencia se tiene que adecuar al femicidio y el Estado no puede dejar afuera, por culpa de la justicia machista, a quienes necesitan criarse a pesar de haber perdido a su mamá por el gatillo machista.

La periodista chaqueña Pamela Soto apunta: “Dos años y nueve meses tardaron en encontrarla, digo tardaron porque además de uno o seis culpables, hay un Estado y una Justicia responsables de su búsqueda, desaparición y muerte. En los primeros seis días de la desaparición hubo un fiscal que no la buscó como corresponde y un Estado que no contuvo a la familia ni brindó las herramientas necesarias para encontrar a Maira. Mientras que durante toda la investigación penal la justicia no tuvo perspectiva de género. La suma de lo que no hicieron es lo que derivó en que el crimen de Maira haya sido juzgado como “homicidio simple” y no como “femicidio”, dejando a Brisa, su hija, sin los derechos y la reparación que establece la ley que lleva su nombre”.

-¿Cómo yo le explico a mi nieta que eso que nos entregaron, esa bolsa de huesos es Maira, mientras los culpables están todos los días con sus hijos?- preguntó Antonia.

Y las preguntas retumban más allá de los huesos. 

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