Apuro para nombrar jueces, fiscales y defensores en el Poder Judicial bonaerense
Vidal busca armar una red de protección judicial 
A pocos meses de dejar la gobernación, María Eugenia Vidal quiere que se aprueben 43 cargos clave del aparato judicial de la Provincia. La crítica situación de las cárceles con sobrepoblación de presos.

Además de planificar su futuro político bajo el ala de Horacio Rodríguez Larreta, abandonando a Macri, a quien le atribuye su desgracia electoral, Vidal pretende armar un dispositivo judicial que le sirva de protección. Por eso, a menos de tres meses de abandonar la gobernación, envió 43 pliegos con propuestas para nombramientos de 18 jueces de distintos fueros, 7 defensores oficiales, 17 fiscales y 1 asesor de incapaces. De ese total, 21 de esos pliegos fueron enviados al Senado el jueves 8 de agosto, unos días antes del duro revés electoral de las PASO.

Vidal se apura para ocupar las vacantes judiciales con magistrados y magistradas de su confianza. De esos 43 cargos, dos de ellos son especialmente sensibles: los del Tribunal de Casación Penal, la instancia máxima en asuntos penales. Para esas vacancias, Vidal propone a dos personas de confianza: Francisco Pont Vergés y Ana Julia Biasotti. El primero es secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público, y la segunda actualmente se desempeña, también dentro del Ministerio Público, como Defensora ante el Tribunal de Casación.

Cárceles

La gestión del Procurador Julio Conte Grand no solamente está marcada por aprietes a fiscales y defensores/as, sino que tiene una enorme responsabilidad en la muy delicada situación del servicio penitenciario bonaerense. Las cárceles en la provincia adolecen de problemas estructurales, pero se agravaron extraordinariamente durante el gobierno de Vidal.

El sistema penitenciario bonaerense tiene lugar para 28.102 personas, pero de acuerdo a la nómina informada por el Registro Único de Detenidos, al 31 de diciembre de 2018 la cantidad de detenidos y detenidas era de 52.944. Este número incluye el monitoreo electrónico, así que se estima que existen 44.000 presos y presas en cárceles y alcaldías, lo que representa una muy delicada sobrepoblación carcelaria, y un notable incremento en comparación con los y las 33.000 presos y presas que existían en 2015.

De la dramática situación del sistema penitenciario son responsables la gobernadora Vidal, porque no ha mejorado las condiciones edilicias de las unidades penitenciarias, y  Conte Grand, porque ha desarrollado una política de criminalización de delitos de muy menor cuantía.

Mientras un relevamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que el número máximo de presos y presas en comisarías deben ser de 1007, hacia fin de año pasado había 3191. Este drama se tradujo, por ejemplo, en los trágicos sucesos de las comisarías de Pergamino, donde el 2 de marzo de 2017 murieron 7 personas y de Esteban Echevarría, donde el 15 de noviembre de 2018 fallecieron otras 10. 

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ