El juez penal de Moreno y General Rodríguez, Gabriel Alberto Castro, le prohibió al intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, seguir distribuyendo todo tipo de productos junto con su boleta como candidato para renovar el mandato. PáginaI12 exhibió hace una semana las fotos de las bolsitas en las que Tagliaferro, de Juntos por el Cambio, y ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal, distribuía sus boletas junto con un piojicida. También este diario publicó fotos de bolsitas de la boleta, una foto de Tagliaferro, y delantales, lo que se repartió en jardines de infantes. El Frente de Todos se había presentado en la Justicia señalando que hubo otras jugarretas clientelares con chapas, alimentos, tirantes, colchones, electrodomésticos y vestimenta. Un dato asombroso es que la distribución se hace con boletas del Frente de Todos, pero cortadas en la categoría intendente. Es decir que Tagliaferro deja en la banquina, como candidato, a Mauricio Macri.

El juez Castro le ordenó al intendente que cese con la distribución de mercancías al menos hasta después del 27 de octubre, es decir después de la jornada electoral. En las PASO del 11 de agosto, en la categoría intendente, Tagliaferro perdió por 8 puntos frente al candidato del FdT, Lucas Ghi. El resultado fue 46 por ciento a 38 por ciento. No es una diferencia definitiva y se ve que Tagliaferro decidió poner en marcha toda la gama de jugarretas clientelísticas.

Durante la semana pasada, la jueza María Romilda Servini también le ordenó a la Secretaría de Trabajo que no pague un subsidio para desocupados que se cursaba a través de los punteros o locales partidarios de Juntos por el Cambio. Por esa vía se le daban 5 mil pesos a distintos ciudadanos, en otra maniobra sospechada de constituir una compra de votos. En la investigación realizada por el periodista Mariano Martín, de Ambito Financiero, se determinó que la mitad de los 114 mil subsidios se iban a entregar en la Provincia de Buenos Aires y uno de los distritos denunciados era el de Morón. En concreto se mencionó que la gente de Tagliaferro prometía 5 mil pesos a cambio del apoyo en las urnas.

Sin embargo, la jugada más grosera, ahora frenada por el juez Castro, fue el reparto de mercancías junto con la boleta del intendente. El Cactus, un medio autogestivo del Oeste, publicó varios videos en los que se ve cómo el equipo de Tagliaferro distribuye en el barrio Carlos Gardel boletas del intendente junto con comida. Lo asombroso es que las boletas eran del FdT, pero cortadas en la categoría intendente y concejales, lo que exhibe la forma en la que Tagliaferro se despega de Mauricio Macri. Según señalaron vecinos del barrio y se ve en las imágenes, en la mayoría de los casos, las boletas tampoco incluyen a Vidal, o sea que los colchones, chapas y comida fomentan el voto a Alberto Fernández, Axel Kicillof y Verónica Magario. En las imágenes se percibe que la entrega la realizan empleados municipales de la Unidad de Gestión Comunitaria número 3 y se usaron camiones del municipio.

No son pocos los que sostienen que la elección presidencial y de gobernador, por la amplia diferencia a favor de Fernández--Fernández y de Kicillof--Magario, ya se convirtió en una elección municipal. Es decir que todo se centra en las disputas en algunos municipios: Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, Lanús, Morón, Tres de Febrero, Pilar, Quilmes, Olavarría y otros. Son municipios por lo general gobernados por Cambiemos pero en los que el FdeT se impuso o estuvo cerca en las PASO.

Por lo que se ha visto hasta ahora en la campaña, las maniobras de clientelismo en Morón son de las más notorias del país. Desde el punto de vista electoral, el espíritu del Código Nacional Electoral es que no se pueden usar ni la estructura ni los bienes del Estado en la captación del voto y, además, con ese mismo objetivo, están vedadas las inauguraciones de obras públicas en los 25 días anteriores a la elección. Desde ya entonces que hay un delito electoral. Pero no es todo.

La cuestión que afronta Tagliaferro no es únicamente que el juez le prohíbe que siga distribuyendo mercancías junto con su nombre o boleta, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia, sino que el intendente debe enfrentar una denuncia penal por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario y malversación de fondos. La denuncia la presentó un concejal de Unidad Ciudadana y la causa está en manos de la fiscal María Silvana Borini, de la UFI 6 de Morón. La fiscal ordenó una serie de medidas de prueba, lo que en concreto significa una imputación de delito al intendente.