Elevan a juicio una causa emblemática sobre represión en Santa Fe
El "enfrentamiento" no existió
Dos militares y siete policías serán juzgados por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, donde cayó la última cúpula de Montoneros en Santa Fe. El departamento donde estaban los militantes fue destruido por la metralla y las explosiones.
"Existe prueba suficiente", dijo el juez Rodríguez al atribuir a los imputados los homicidios."Existe prueba suficiente", dijo el juez Rodríguez al atribuir a los imputados los homicidios."Existe prueba suficiente", dijo el juez Rodríguez al atribuir a los imputados los homicidios."Existe prueba suficiente", dijo el juez Rodríguez al atribuir a los imputados los homicidios.
"Existe prueba suficiente", dijo el juez Rodríguez al atribuir a los imputados los homicidios. 

Desde Santa Fe.

El juez federal Reinaldo Rodríguez clausuró la investigación del bombardeo a un edificio de tres pisos en la esquina de Ituzaingó y Las Heras, en el corazón del barrio Candioti, donde cayó la última cúpula de Montoneros en Santa Fe en enero de 1977. Son nueve los imputados: dos suboficiales del Ejército (Jorge Alberto Balla y Luis Alfredo Gómez) y siete policías del Comando Radioeléctrico (Rodolfo Reible, Carlos Albornoz, José Martellini, Ricardo Brunel, Mario Aquino, Rolando Martínez y Abel Romero) que irán a juicio oral, posiblemente el año que viene. El décimo es el coronel Ramón Abel Recio, pero éste quedó al margen del grupo porque estuvo prófugo un año, hasta setiembre de 2016 y ahora apeló su procesamiento ante la Cámara Federal de Rosario, que aún no resolvió. Los únicos presos en la cárcel de Las Flores son Balla y Recio porque los demás ya accedieron al arresto domiciliario.

"Existe prueba suficiente", dijo el juez para atribuir a los imputados el homicidio de cuatro dirigentes montoneros: Osvaldo Pascual Ziccardi (que era el jefe de la columna), Carlos Mario Frigerio, Jorge Luis Piotti y la compañera de éste, Ileana Esther Gómez, quienes ocupaban un departamento en el primer piso que fue destruido por la metralla y las explosiones. Sí sobrevivieron los dos hijitos de Piotti y Gómez, el mayor de un año y el menor de un mes, porque sus padres los escondieron en el placar de la vecina de al lado, Elina Jagou de Carlen, la primera que murió en el operativo de las fuerzas conjuntas.

La resolución de Rodríguez considera a siete de los acusados (Balla y compañía) "presuntos coautores del delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y con el concurso premeditado de más de dos personas" y a los otros dos (Gómez y Romero) como "presuntos partícipes secundarios". Elevó a la causa ante el Tribunal Oral de Santa Fe y ordenó extraer copias para "continuar con la instrucción sobre los demás hechos investigados e imputados" a Recio y al abogado y ex oficial del Servicio de Inteligencia de la Policía de la provincia, Oscar Váldez, a quien el fiscal Martín Suárez Faisal le pidió la indagatoria en mayo del año pasado, pero aún no se concretó.

El juez rechazó el intento de la defensa de frenar la elevación a juicio. Y planteó que la "valoración" realizada por los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné y el fiscal Walter Rodríguez "coincide con los argumentos que sostuviera" el propio magistrado al ordenar el procesamiento de Balla y compañía, luego confirmado por la Cámara Federal de Rosario, el 27 de julio de 2016. Con lo cual, concluyó que "existe prueba suficiente para sostener la probable intervención" de los imputados "en el hecho que se les atribuye".

El juicio será emblemático porque la versión del "enfrentamiento" que planteó la dictadura se prolongó por casi 40 años. Hasta el 21 de junio del año pasado cuando una sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe ‑integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo‑ la desmintió. El fallo llegó a cinco conclusiones: "1) El estado de destrucción en que quedó el edificio donde se encontraban las víctimas; 2) Que no se hallaron armas en poder de las mismas; 3) Que no se observaron huellas de disparos en los edificios de en frente al departamento atacado; 4) Que no hubo efectivos policial ni militar herido; 5) Que el primer disparo de algún uniformado apostado fuera del edificio provocó la muerte de una vecina (la señora de Carlen) ajena a las personas buscadas".

"Todo ello lleva a concluir que el ataque provino exclusivamente de parte de las fuerzas de seguridad y del Ejercito que abrieron fuego por espacio de tres horas contra el departamento y el edificio en general, donde sabían que habitaban las víctimas de esta causa".

Las pruebas "echan por tierra la versión de que el hecho se habría tratado de un 'enfrentamiento' como pretendían hacer creer los comunicados militares reproducidos por los diarios de la época. Esta versión 'oficial' ha sido totalmente desvirtuada y desacreditada con la contundencia de las pruebas producidas durante el debate" y se puede "concluir, sin lugar a dudas, que el día 19 de enero de 1977, en horas de la tarde, como consecuencia de un operativo conjunto se provocó la muerte" de Ziccardi, Frigerio, Piotti y Gómez, "a quienes no les dio la oportunidad de rendirse y tampoco tuvieron la posibilidad de resistir debido a la desproporción absoluta de fuerzas", sentenció el Tribunal.