A cuarenta años de la intervención de la Vigil

El 25 de febrero de 1977, el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, a cargo de Leopoldo Fortunato Galtieri, dispuso la intervención de la Biblioteca Popular "Constancio C. Vigil" y sus escuelas. Una de las experiencias populares más extraordinarias en toda América del Sur era aplastada por aquella decisión. 80 mil libros desaparecieron, como también los bienes muebles e inmuebles, las tierras, playas y hasta un telescopio fueron apropiados por los delincuentes de guante blanco, los verdaderos titiriteros de la noche carnívora.

El interventor fue el comisario Ramón Telmo Alcides "Rommel" Ibarra, el jefe del servicio de informaciones de la policía rosarina donde, entre 1976 y 1979, mil ochocientas personas sufrieron torturas y humillaciones varias. La excusa fue la supuesta corrupción institucional. La realidad fue que debían extirpar del corazón del barrio Tablada, en el sur rosarino, aquella construcción colectiva de superación individual y comunitaria.

La investigadora Natalia García, en su notable estudio Archivos y memorias. El caso Vigil y el corpus (re)aparecido, señala que el expediente judicial Nº 436/77 caratulado "Biblioteca Vigil s/Operaciones de Liquidación", se abrió en 1977 con una veintena de querellantes, hecho que generó la llamada "Intervención normalizadora", dictado por el entonces gobernador de facto Jorge Desimoni.

La normalización se puso en marcha con la toma de posesión de sus instalaciones el 25 de febrero de 1977 efectivizada por personal de servicios de seguridad (policial y militar) y civiles profesionales (contadores, abogados y escribanos). Tras solo 49 días hipotéticamente destinados a regularizar los pasivos contables, investigar posibles ilícitos cometidos por la CD, y garantizar la continuidad de la gran obra popular, finalmente se declaró la liquidación de su patrimonio y el traspaso del control institucional desde la Marina al Ejército. La Resolución Nº 202 puesta en vigencia el 15 de abril de 1977 fue el marco legal que habilitó su destrucción material; sus valiosos bienes muebles e inmuebles fueron quemados, desmantelados, destruidos, abandonados y subastados en remates viciados y ventas fraudulentas.

Para García, "estas acciones habilitan denominar el proceso liquidatorio como un caso particular de genocidio cultural susceptible de penalidad en la figura de delitos económicos imprescriptibles. Asimismo, el pathos intervencionista se inscribe como delito de lesa humanidad en rigor de la detención ilegal y desaparición forzada de ocho miembros de la CD la madrugada del 10 de mayo de 1976. La articulación de ambos se significa gravemente al comprender que los dirigentes desaparecidos estaban en condiciones jurídicas de avalar los procesos contables y financieros, refutar una acusación de malversación de fondos y velar por el cumplimiento transparente del injustificado proceso de quiebra y extinción de los bienes tasados en cifras millonarias", sostiene la investigadora.

Agrega que el sistema escolar de Biblioteca Vigil resultó la única estructura institucional que la intervención liquidadora sostuvo hasta la transferencia de las escuelas al ámbito de la enseñanza pública provincial en 1980 y bajo la denominación "Complejo Pedro de Vega", intentando operar como último borramiento de su identidad y reconocimiento populares.

"En tal sentido, señalar la conservación edilicia y permanencia de la enseñanza formal, lejos de suponer una continuidad de la experiencia educativa vigente hasta la intervención. Empíricamente, las rupturas se inscriben en el cierre y desmantelamiento de las bibliotecas pedagógicas especializadas, laboratorios, gimnasios y comedor escolar; supresión del sistema de becas asistenciales; expulsión de los directores de curso 8 (para el nivel medio); clausura de los gabinetes psicopedagógicos y el servicio médico integral. Desde ya, la desaparición del conjunto de dispositivos materiales y simbólicos, inéditamente orientados a los sectores más vulnerables de la ciudad, reinstalaron un escenario escolar fuertemente segmentado y vaciado de contenidos socialmente significativos que ciertamente caracterizó al período en cuestión", agrega Natalia García en su valioso texto.

Señala que focalizando en el instituto secundario, "resulta prioritario connotar el desplazamiento y reemplazo de sus directivos obligados a presentar la renuncia indeclinable una vez dictada la liquidación patrimonial. Específicamente, Rubén Naranjo fue sustituido en su cargo de rector por Carlos Sfulcini, y la vice dirección a cargo de la profesora Elba Parolín quedó en manos del psicólogo Raúl Pangia. En lo que respecta a la coordinación de todos los niveles escolares, el reconocido pedagogo Mario López Dabat fue desplazado en su función de Director del Departamento de Educación. En rigor, el espacio en su conjunto dejó de existir como tal; en adelante, la gestión del complejo educativo quedó a cargo de Alcides Ibarra, especialmente enviado desde el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe como 'asesor pedagógico'".

* La nota completa se puede leer en Agencia de Noticias Pelota de Trapo.