El Ministerio de Seguridad salió al cruce de la versión sobre la desaparición de libros de guardia de la cárcel de Coronda, necesarios como prueba en la investigación de una denuncia contra dos ex directores del penal por la violación de una suboficial del Servicio Penitenciario (SP).La cartera que conduce Maximiliano Pullaro calificó como "falsas" las afirmaciones del abogado Martín Mazzeo, que patrocina a la agente penitenciaria que denunció a sus superiores por abuso sexual. Mazzeo había asegurado a Rosariol12 que cuando Asuntos Internos del SP fue a secuestrar los libros a la Unidad Penal N°1 correspondientes a la fecha en la que habría ocurrido la violación (junio de 2017), estos no estaban y dijeron que se habían perdido.

Ayer desde el ministerio replicaron que los libros “fueron secuestrados en el marco del sumario administrativo por Asuntos Internos Penitenciarios y están a disposición de la autoridad que los requiera”. Desde la Secretaría de Asuntos Penitenciarios aclararon además que vienen cursando notas a la fiscalía de Santa Fe para pedir instrucciones por la situación suscitada. “Nos anoticiamos por los medios de la denuncia e inmediatamente abrimos un sumario y enviamos una comunicación a la Fiscalía para ponernos a disposición y solicitar instrucciones”, señalaron en el comunicado oficial. Al consultar a un vocero sobre porqué los oficiales denunciados continúan en ejercicio a pesar de la grave denuncia en su contra, se respondió que no tienen respuesta de la Justicia. “Se está aguardando definición sobre la situación procesal de los denunciados para adoptar medidas internamente. Independientemente de eso, el sumario administrativo para esclarecer la situación y establecer responsabilidades, sigue adelante. Estamos ante una situación delicada y de suma gravedad. Tenemos que ser cuidadosos, sobre todo por respeto a la mujer que está pasando por esta situación”, dijeron. La versión oficial completa con que "se recibió la exposición de familiares de la denunciante que trabajan dentro del Servicio (el esposo también es guardiacárcel), para que manifiesten si tienen algún inconveniente en su entorno laboral y se le ofreció la posibilidad de un traslado".El comunicado ministerial concluye con que "el hecho denunciado sucedió en julio de 2017 pero recién llegó a conocimiento del Ministerio en octubre de 2019 por una entrevista en medios del abogado de la denunciante. Hasta ese momento el caso de disponibilidad de la mujer (anterior a la denuncia), se trataba de una cesantía por abandono del servicio".Lo que la denunciante explicó es que calló por dos años porque sus agresores la amenazaron de muerte a ella y a su familia para que no denuncie, y que lo hizo recién cuando urdieron su cesantía. El despido, dijo, sobrevino al ignorar sus avisos de ausencia por enfermedad, como para fabricar un causal de cesantía.