REPÚBLICA DOMINICANA
Agua: una cuestión de género
Las mujeres de República Dominicana no logran aún ser las responsables de abrir y cerrar la llave de paso que controla las horas y la cantidad de agua que llega a una localidad, porque esa acción es considerada oficio masculino. Un primer paso para que el acceso al agua cambie las referencias sociales y culturales sería la instalación reciente en el país de una planta de tratamiento de agua, en el marco de los proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en América Latina y el Caribe. Sin embargo garantizar el derecho al agua y al saneamiento como cuestión de género, es uno de los principales desafíos que las agendas de los Estados siguen invisibilizando.
ESPAÑA
Más mujeres en el cine
De las 91 nominaciones a los Premios Goya 2020, apenas 19,5 tienen representación femenina. Según las cuentas que sacó la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), sólo una de cada cuatro nominaciones ha sido para mujeres del sector, lo que evidencia la grosera discriminación que sufren en el cine español. “Los Goya son un reflejo de lo que ocurre con la presencia de las mujeres en el cine”, denuncia CIMA, que reclama la implementación de un plan presentado en el Ministerio de Cultura para revertir la situación de desigualdad, y para que las mujeres ocupen cargos de responsabilidad en el sector audiovisual.
CUBA
Contra la violencia de género
Unas 40 mujeres de diferentes ámbitos culturales pidieron la elaboración urgente de una ley integral contra la violencia de género, en un documento que presentaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el país, cuatro de cada diez mujeres sufrieron maltrato por parte de sus parejas. El documento firmado, por la actriz Laura de la Uz, la cantante Haydée Milanés y la periodista Mónica Baró, ganadora del premio Gabriel García Márquez, entre otras, denuncia que el Código Penal cubano “no reconoce la violencia de género como un crimen específico y tampoco a los femicidios”, y advierte sobre las “barreras en la gestión policial y judicial” frente a las denuncias y el “desamparo institucional, inexistencia de refugios y de espacios seguros para las mujeres denunciantes.”
