El libro y la lectura como derechos

No hay una salida inmediata de la crisis del sector editorial. Y no la hay porque la variable decisiva en el corto plazo es el nivel de poder adquisitivo medio de nuestra sociedad. En cambio, sí creo que es posible avizorar una salida paulatina. Si en efecto logramos avanzar en la recuperación progresiva de la capacidad de consumo de los amplios sectores que se vieron obligados a recortar, entre muchas otras cosas, sus consumos culturales, entonces será posible empezar a recuperar parte del terreno perdido en los últimos cuatro años. Ahora bien, como esto no depende de las políticas del libro que se puedan implementar, más allá de alguna medida puntual para alentar el consumo, sino del rumbo general de la economía, es preciso pensar qué acciones sí se podrían llevar adelante para fortalecer al sector del libro en el mediano plazo, y para establecer nuevas condiciones estructurales en el largo. Condiciones que, además, deberían contribuir a limitar el impacto de futuras crisis. Pues de cada crisis siempre hemos salido más chicos, más concentrados y más precarizados. Pero antes de aventurarnos en posibles medidas, creo necesario considerar una serie de pasos que garanticen que esas acciones puedan tener efectos positivos y duraderos.

En primer lugar, frente al tránsito fugaz de funcionarios sin poder ni voluntad para llevar adelante políticas para el sector, que caracterizó a la gestión que termina, resulta crucial crear un área en el nuevo Ministerio de Cultura focalizada en el libro y la lectura que cuente con un equipo idóneo y con recursos propios para el diseño e implementación de políticas públicas de largo alcance. Esta instancia no debería ser concebida como reemplazo del Instituto Nacional del Libro. Por el contrario, debería funcionar como un momento de transición ya que su aprobación y puesta en funcionamiento demandará un tiempo. No es posible pensar, llevar adelante y sostener políticas si no se cuenta con la institucionalidad, los funcionarios y los recursos adecuados. Más aún cuando tenemos en cuenta la complejidad del sector, los desequilibrios comerciales y geográficos que lo atraviesan, y el calado de la crisis.

En segundo término, ante la tentación de lanzar medidas que parecieran resolverlo todo, pero que a poco de andar se muestran limitadas, necesitamos adoptar, primero, una perspectiva sistémica que contemple al conjunto de los actores que conforman la cadena de valor del libro y a sus interrelaciones, y que distinga los tres momentos que definen al sector editorial: la producción, la circulación y el acceso al libro. Lejos de ser un ejercicio abstracto, solo el conocimiento concreto de los actores y procesos involucrados permitirá delinear políticas que, aunque dirigidas a un eslabón en particular, tengan efectos positivos sobre el conjunto. Luego, es preciso definir objetivos y prioridades. Hay mucho por hacer, pero no todo tiene igual importancia ni es posible al mismo tiempo.

En tercer lugar, si algo definió a la gestión actual en materia de libros, y me animaría a decir en cultura en general, es la ausencia de diálogo con quienes son los socios e interlocutores naturales en este ámbito. Es impensable desplegar una acción política seria en materia de libros a nivel nacional sin coordinar con todos los ministerios que la tocan de manera directa, tales como Cultura, Educación, Ciencia, Cancillería y Producción, ni trabajar y comprometer a las provincias y municipios sin apelar de forma regular al Consejo Federal de Cultura. Lo mismo cabe para el sector editorial. Cualquier plan o medida no solo tiene más consenso, sino también eficacia, si es conversada y construida con los principales actores que componen el complejo y diverso mundo del libro.

Teniendo en cuenta esto, creo que deberíamos concebir objetivos y un plan de largo plazo que nos conduzcan de forma progresiva a una situación diferente, a un estado nuevo, de la producción, circulación y acceso al libro en Argentina. Luego de varios años de trabajo cercano con los distintos actores del libro, pienso que los objetivos deberían ser dos: ampliar el mercado nacional considerando el acceso al libro y la lectura como derechos, y recuperar nuestra presencia en los mercados de habla castellana. Lo primero supondría, entre otras cosas, desarrollar planes nacionales y locales de lectura, garantizar la provisión de libros de las bibliotecas populares, coordinar con los gobiernos provinciales y municipales estímulos tributarios, crediticios y económicos para la apertura, ampliación y mantenimiento de librerías y editoriales, y sancionar normas y proponer acuerdos con el correo para abaratar y facilitar el transporte, así como fortalecer las ferias provinciales que cumplen un papel clave en acercar al libro a lugares con pocas o ninguna librería. Con esto lograríamos, al mismo tiempo, un acceso más democrático y federal al libro, que sigue siendo uno de los principales déficits de nuestro país, y mejores condiciones de mercado para todos los trabajadores del libro. De manera paralela, es imprescindible trazar una estrategia de mediano y largo plazo para mejorar la presencia del libro argentino en otros mercados de habla castellana. Producto de un largo descuido, la edición argentina ocupa un lugar muy secundario en la región respecto a todo su potencial exportador. Para ello habría que discutir una combinación de acciones tales como estudios de mercado, misiones comerciales regulares, capacitaciones sostenidas, fortalecimiento de la presencia en ferias regionales, regulaciones administrativas, comerciales, impositivas y financieras acordes a las necesidades específicas de exportación de este rubro, etc.

En síntesis, precisamos tanto de una estrategia de mediano y largo plazo que acompañe la recuperación económica y amplíe y fortalezca al libro en todas sus etapas, como de las condiciones para que esas políticas puedan ser llevadas adelante, sean eficaces y se sostengan en el tiempo.

* Investigador del IDES-CONICET. Director de la Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, IDAES-UNSAM.

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