La reforma de la Ley 7722 elimina la prohibición expresa, en los proyectos de mineros, de la utilización de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico y otras similares, lo que significa la apertura de la provincia a la megaminería. La actividad se encontraba limitada desde 2007 como resultado de un extenso reclamo popular y bajo el principio de tutelar el agua, un bien preciado en todo el mundo, pero con más razón en una provincia donde el recurso es por demás escaso.
Las asambleas populares mendocinas confirmaron que si la ley es promulgada por el Ejecutivo provincial, presentarán “un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema” por “violación al principio de no regresión".
Entre los artículos modificados de la Ley 7722 —ratificada en 2015 por la Corte Suprema mendocina—, el central es el primero, que prohibía la utilización de sustancias tóxicas "a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico" en una provincia que se encuentra hace 11 años en emergencia hídrica. La megaminería utiliza cientos de litros de agua por segundo para limpiar el material extraído de la montaña. Y el cianuro, al igual que otras sustancias químicas, contaminan el suelo y el agua.
