La Auditoría General de la Nación (AGN) anunció en un comunicado que comenzó a auditar al Ministerio de Comunicaciones, a la ex Secretaría de Comunicaciones y a la ex Comisión Nacional de Comunicaciones y precisó que elaborará "dos estudios especiales" sobre el concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S.A., propiedad de la familia Macri.

El organismo que preside el peronista Oscar Lamberto tomó la resolución en cumplimiento de lo resuelto por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso Nacional, que le solicitó estudios y una auditoría. Para realizar los estudios, la AGN conformó un equipo técnico ad hoc, que también requerirá la colaboración del Poder Judicial. El Colegio de Auditores Generales, conformado por siete miembros, actuará como Comisión de Supervisión y tendrá un plazo de hasta 120 días para presentar los informes correspondientes.

Además de auditar a todas las dependencias públicas que intervinieron en el concurso preventivo del Correo desde 2001, el Congreso le solicitó a la AGN “un relevamiento de los reclamos administrativos y judiciales" entre el Estado y la empresa, "así como de sus controlantes desde la presentación del concurso preventivo”. El trabajo del organismo de control incluirá también un estudio especial de los créditos otorgados a la compañía.

En tanto, este jueves se realizará una nueva audiencia del juicio concursal en la que se volverá a discutir el acuerdo para que el Correo Argentino salde su deuda con el Estado, luego de que el Gobierno se viera obligado a dar marcha atrás con lo firmado a mediados del año pasado. Ese acuerdo cayó luego de que la fiscal Gabriela Boquín emitiera un dictamen en el que desnudó que lo que se había aceptado era “abusivo”,  “ruinoso” e “inadmisible”, al implicar una quita del 98,87 por ciento de la deuda.

En la nueva audiencia, la empresa propiedad de los Macri debería hacer una nueva propuesta para pagar lo que le adeuda al Estado. Esa propuesta quedará entre las cuatro paredes de la sala y librado sólo a las interpretaciones de quienes estén presentes por la empresa, el gobierno, la fiscalía y el tribunal, debido a que la Cámara Comercial rechazó un pedido de la fiscal Boquín para que se haga un registro audiovisual de la cita.