“Lo primero es que el fiscal determine quién puso el cartel”, señaló Vadim Mischanchuk, abogado de la médica que recibió una carta firmada por el consorcio del edificio de Belgrano donde vivía , en la que se le pedía “evitar el tránsito y permanencia en zonas comunes” para no poner “en riesgo” a sus vecinos. 

Tras leer la carta, la médica decidió dejar su departamento y se contactó con Mischanchuk, quien radicó la denuncia penal “por delito de discriminación”, contra los miembros del consorcio. “Podría haber una sanción económica”, precisó el abogado a Página/12.

La carta, firmada como “Consorcio Propietarios” del edificio de la calle Amenábar, en el barrio de Belgrano, solicitaba a la médica que evite “tocar picaportes, barandas de escalera o acceder a la terraza”. En caso de no hacerlo, la nota le advertía que podría ser denunciada por violar el Código Penal. 

La mujer se había mudado al edificio -un departamento amueblado de alquiler temporario- hace dos semanas, para evitar el contacto con su familia y reducir el riesgo de contagio. “El fiscal está investigando si hay cámaras de seguridad y contactando al administrador para ponerlo al tanto”, relató Mischanchuk.

La denuncia, radicada en la Fiscalía penal N°8 de la Ciudad de Buenos Aires, fundamenta que en el texto que lleva la carta, colocada en el palier a la vista de todos los habitantes del edificio, “no solamente se trata de manera discriminatoria al personal de salud sino que además se lo amenaza con iniciar acciones legales en su contra de manera completamente arbitraria e intimidatoria”. 

Al encontrarse con el cartel dirigido hacia ella, la médica recurrió a la Asociación de Médicos Municipales. “La denuncia tiene como objeto que se investigue la posible comisión de otros delitos que pudieran surgir a partir de información falsa”, advirtió el abogado. "No es solamente para defender a un médico sino para demostrarle a la gente que esta no es la manera de manejarse ante una pandemia”, añadió.

Según el abogado Mischanchuk, en otro edificio de la Ciudad de Buenos Aires se registró una situación similar contra un enfermero. “Esta no es la mayoría de la gente pero con que haya una persona que genere este temor infundado, trae pánico a toda la sociedad”, señaló. 

Si bien la fiscalía aún está llevando a cabo la investigación, el abogado afirmó que “podría haber una sanción económica sobre el consorcio o sobre el propietario responsable de la acción”. Una vecina del edificio, que vive en el segundo piso, aseguró que ella no fue consultada por los demás propietarios y que “se enteró por televisión” de lo sucedido. Según Mischanchuk, otros habitantes del edificio tampoco tomaron parte en la decisión. “Lo último que necesitamos son actos discriminatorios contra el personal de salud”, afirmó el abogado a este diario. 

Informe: Lorena Bermejo.