Las viandas que entrega el Gobierno porteño vienen siendo cuestionadas desde el comienzo de la pandemia. La jueza Romina Tesone dictó una cautelar en la que le ordenó a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que entregen leche y yogur con las canastas, además de elementos de higiene. También advirtió sobre casos en barrios pobres donde las familias deben movilizarse a otra zona para conseguir los alimentos. Y ordenó que el Gobierno porteño de a conocer el menú, los lugares de entrega y los turnos.
Como informó este diario
, la entrega de viandas del Gobierno porteño viene generando reclamos por su baja calidad y cantidad y por las aglomeraciones que produce. Uno de los problemas fue que agruparon las entregas por las concesionarias privadas --que controlan la casi totalidad de comedores escolares-- y no por la cercanía. Las legisladoras del FIT Myriam Bregman y Alejandrina Barry hicieron una presentación judicial en la que reclamaron que el Gobierno porteño provea a las y los estudiantes de un almuerzo saludable. Lo hicieron en conjunto con madres, padres, cooperadoras y docentes. Las legisladoras advertían que la gestión PRO había reemplazado los almuerzos en las escuelas por dos sánguches.
Tanto el Gobierno porteño como la fiscal Laura Perugini intentaron frenar la demanda aduciendo que todo se estaba resolviendo en una mesa de trabajo que crearon en otro juzgado. Esta "mesa interseccional" fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura porteño por una serie de jueces y defensores públicos por intentar concentrar todas las causas sobre el Coronavirus en un único juzgado, al que sindican como cercano a Larreta. Desde el Gobierno porteño, también le informaron que habían pasado a implementar la entrega de alimentos cada 15 días y que contenía el equivalente a 10 raciones (como si los niños y niñas no comieran los fines de semana). Como indicó este diario , eso también produjo reclamos de las familias.
En la causa judicial, la asesora tutelar Norma Sas la baja calidad de
los alimentos entregados, a los que calificaron de “un dudoso valor
nutricional, por cuanto carece de proteínas y por otra parte escasa: 2
litros de leche para 15 días implica 130 centímetros cúbicos diarios, es
decir, menos de una taza. Obviamente, siempre y cuando no deba utilizarse
uno de esos litros de leche para la preparación del flan que integra la misma caja”. La jueza advirtió que la información entregada por el Gobierno porteño fue confusa y contradictoria sobre la entrega o no de leche, que es obligatoria por ley.
En la misma causa se fueron sumando otros casos y ejemplos de irregularidades en la entrega de viandas, como las largas colas que se arman en la villa 21-24. Entre otros, la defensoría pública indicó que las personas que viven en la Villa 31 no tienen una sede cercana para retirar los alimentos y tampoco pueden salir del barrio porque las fuerzas de seguridad no se lo permiten sin un salvoconducto.
La jueza centró su cautelar en el contenido de los alimentos e indicó: "La administración (aún en el contexto de emergencia) se encuentra compelida a proporcionar un menú saludable, no meramente una bolsa de alimentos". Advirtió, además, que no se entregan elementos de higiene mínimos para la preparación de los alimentos. También destacó que, más allá de una serie de recetas y recomendaciones, el Gobierno porteño no entregó al juzgado el menú que está utilizando.
Por eso, la magistrada le ordenó al Ministerio de Educación, que conduce Soledad Acuña, que entregue el menú para todas las modalidades y edades (dado que los niños y niñas de menos de un año no pueden recibir la misma dieta que el resto), que incluya leche o yogur en las canastas de desayuno y que adjunte a cada canasta un jabón u otro elemento de higiene "para la correcta desinfección y limpieza a fin de ser utilizado en el lavado de manos antes de la elaboración de las comidas".
Si bien la jueza no intervino en la forma de distribución de los alimentos ni en la periodicidad, sí les ordenó que den a conocer los lugares de distribucion, las pautas y los horarios "así como las medidas que tomará para minimizar la concentración de gente". Y también le planteó que deben dar solución a las familias del barrio Saldías, que no reciben las viandas en la zona. Y les ordenó que presenten "una propuesta de abastecimiento o modo de distribución de las Canastas (en cualquiera de sus modalidades) para los niños/as y adolescentes que las requieran y pertenezcan –estudiantes o responsables a su cargo- a los grupos de riesgo del Covid-19, de acuerdo con la clasificación contenida en la normativa vigente”.
Las legisladoras del FIT que presentaron el amparo salieron a destacar la medida cautelar. “Conseguimos este fallo judicial gracias a la pelea de las cooperadoras, familias y docentes. El gobierno de CABA debe garantizar una alimentación saludable a todos los niños, niñas y adolescentes que comen en las escuelas, diferenciando los nutrientes por franjas etarias”, destacó Bregman, quien remarcó: “Se hace eje en los nutrientes (6 grupos de alimentos) que debe recibir cada pibe tal como lo pedimos”.
No es la primera vez que el Poder Judicial le ordena al Gobierno porteño que disponga de las medidas básicas ante la pandemia. Hace algunos días, la jueza Rosalía Romero le ordenó proveer a las trabajadoras y trabajadores de la salud de los hospitales Tornú y Moyano los insumos básicos de seguridad.
