El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentará la propuesta de reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera, por un monto total elegible de 7.148 millones de dólares. Los lineamientos principales estarán en línea con la oferta que presentó la Nación la semana pasada: propondrá un período de gracia de tres años y una quita de intereses, que será mayor que la quita de capital. También se planteará una extensión de los plazos de repago. Entre el miércoles y el jueves de esta semana se llevarán a cabo los procedimientos legales que implican la presentación de la oferta a las partes. Presentada la propuesta, habrá un plazo abierto para la negociación de 20 días.

A principios de abril, el gobernador, Axel Kicillof, junto al ministro de Hacienda, Pablo López, presentó ante los acreedores privados un “análisis de sostenibilidad”, y destacó la necesidad de “consensuar un alivio financiero temporal para poder retomar un sendero de crecimiento”. Las respuestas que tendrán de parte de los bonistas será heterogénea. “No son todos iguales ni tienen todos los mismos objetivos. Pero si hay un grupo importante que no termina de comprender las capacidades de pago que tiene la provincia y cómo se agravaron en el último mes. No tienen comprensión de la situación estructural y particular que existe”, aseguró a PáginaI12 una fuente oficial cercana a la negociación.

Intento fallido

A fines de enero, el gobierno provincial intentó posponer el vencimiento de pago de 250 millones de dólares del bono BP21. El comité del principal grupo de acreedores internacionales respaldó la propuesta, que superó el 50 por ciento de adhesiones, pero no alcanzó el 75 por ciento necesario para la postergación. El fondo Fidelity, con el 25 por ciento del bono, operó con una “posición bloqueadora”, según la Provincia. Si bien Fidelity tenía un peso relevante en ese bono particular, no lo tiene en el marco de la deuda completa. En general, la deuda provincial como la nacional está en manos de los mismos fondos, pero con diferente proporción en las tenencias. “Serán los mismos interlocutores”, adelantó la fuente oficial.

La presentación de la reestructuración de deuda provincial al mismo tiempo que la nacional no es casualidad, sino que fue previamente coordinada. “La Nación es la que da los primeros pasos y los subsoberanos tienen que ir detrás”, detallaron fuentes provinciales. Sin embargo, la estructura de la deuda provincial es diferente a la que negocia el ministro de Economía, Martín Guzmán. Primero por los montos, dado que en Nación asciende a los 66 mil millones de dólares y en provincia es de 7000 millones. Pero además por la estructura de cupones, dado que en las provincias siempre suelen ser más altas. El peso de los intereses como porcentaje de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios fue de 9 por ciento en 2019, lo que representa “máximos históricos”, según el gobierno provincial.

También hay diferencias en los plazos. “La deuda provincial está en su mayoría concentrada en el corto plazo, después de 2026 es poco lo que queda por pagar, por lo que el objetivo central será extender los plazos”, agregó una fuente oficial. El plazo promedio total de la deuda es de apenas 3,3 años y los vencimientos sólo con el sector privado en moneda extranjera totalizan los 5.500 millones de dólares hasta 2023. Sólo este año vencen 220 mil millones de pesos de deuda, que representan el 15 por ciento de los fondos de la Provincia.

Cohesión política

También desde la provincia buscaron cohesión política, así como hizo el presidente, Alberto Fernández, al presentar la propuesta de canje junto a todos los gobernadores. Kicillof adelantó los principales lineamientos en una reunión que mantuvo con intendentes, en la que se trató además la salida administrada de la cuarentena. Fue en dos partes: primero con los intendentes del Frente de Todos y luego otra con los de Juntos por el Cambio. La posición provincial es “sumamente frágil", explicó, debido a la recesión de los últimos años y a la profundización de la emergencia por el coronavirus. “Es necesario priorizar la asignación de nuestros recursos para atender las situaciones más críticas a nivel social”, dice un comunicado difundido por el gobierno provincial.

“Hay un entendimiento y razonabilidad de parte de los intendentes de que hace falta un proceso para establecer la sostenibilidad de la deuda”, aseguraron fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda provincial. También se espera que haya un acercamiento con diputados y senadores de los distintos partidos.